Escala Crítica/Columna diaria
* “No me den, pónganme donde hay”, pedían los compadres
* Las realidades nacionales y la normatividad internacional
* Burocratismo, procedimientos numerosos, igual a opacidad
Por Víctor M. Sámano Labastida
LAS NUEVAS sociedades descansan en la confianza, en la credibilidad. Son estables en la medida en que este ingrediente exista. Tanto en lo económico como en lo político. En materia de seguridad pública ni se diga: desconfianza es igual que inseguridad. En los relevos necesarios para el gobierno federal recuperar la confianza es determinante. O por lo menos frenar su deterioro.
En México, al final del 2014, la desconfianza ciudadana recibió otro motivo para perseverar a partir de la obra pública: informaciones periodísticas sobre costosas propiedades inmobiliarias que vinculan a funcionarios gubernamentales con empresarios que han sido beneficiados a través de obra pública, asignada por concurso o directamente.
Se trata de un asunto nacional que tiene a su vez una normativa internacional a tomar en cuenta. La globalización también es responsabilidad; millones de ojos nos vigilan desde el exterior.
En los días que corren, México no puede eludir la urgencia de transparentar sus procedimientos para asignar obra pública. La desconfianza ciudadana no es gratuita y veremos por qué. En Tabasco tenemos historias recientes.
LAS RAÍCES PROFUNDAS
DE LA DISCRECIONALIDAD
POR UNA TRADICIÓN de cuño inmemorial, la obra pública en México ha sido terreno de oscuridades y complicidades. Las raíces son profundas. Podría hablarse de la rapacidad del imperio Azteca para con los pueblos indígenas sometidos. Pero desde luego un imperio no es una democracia. El gran Tlatoani siempre tuvo licencia para matar. En un sentido patrimonialista de gestión gubernamental, la corona española multiplicó las obras (en minería y agricultura) que representaron el enriquecimiento de pocos frente a la inquietud y desconfianza de muchos. Ya con México funcionando (en el papel) como República, Antonio López de Santa Anna hizo de los bienes públicos un patrimonio personal.
La etapa de Reforma mostró un rostro ético de rendición de cuentas, pero desembocó en el Porfiriato y el país de un solo hombre repartió obras importantes en ferrocarriles, carreteras, correos y la extracción de hidrocarburos, además de ser entrada para empresas departamentales y de servicios que fueron modelo de la transnacionalización.
Luego de la Revolución, los gobiernos mexicanos hicieron de la opacidad, del ocultamiento del dinero y los recursos una ruta permanente: sin opinión pública resonante, sin instrumentos democráticos formales, sin medios de comunicación independientes salvo muy contadas excepciones, sin oposición política significativa en el terreno formal, el régimen posrevolucionario se convirtió en la “dictadura perfecta o la dictablanda”, en palabras de Mario Vargas Llosa. Cada sexenio, la obra pública acumuló procedimientos y oficinas para teóricamente regular y transparentar la asignación de obra pública, pero en la práctica la discrecionalidad y la opacidad se impusieron. De ahí que la corrupción sea, desgraciadamente, un rasgo cultural de México. Las denuncias en Tabasco a principios del 2013 son una muestra.
LA MIRADA INTERNACIONAL :
EL INTERMEDIARISMO ETERNO
UN INFORME de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2013) sobre México y obra pública, cuenta esta curiosa historia: “En 2009 y 2010, la Secretaría de la Función Pública (SFP) realizó un ejercicio para revisar el acervo de regulaciones internas que, para principios de 2011, resultó en la eliminación de 67 por ciento de los instrumentos regulatorios internos —pasando de 14 mil 374 a 4 mil 774—, así como en la elaboración y publicación de nueve manuales administrativos de aplicación general en las actividades internas del gobierno en áreas como Adquisiciones, Obras Públicas, Recursos Humanos, Recursos Financieros y Recursos Materiales, Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Transparencia, Auditoría y Control. El objetivo de los nueve manuales consiste en ofrecer un marco único y estandarizado para orientar las medidas que tomen los funcionarios públicos en las materias que abarca cada manual”. ¿Por qué esta historia es curiosa? Primero, porque debe determinarse qué tipo de gestión gubernamental previa permitió que se llegara a la cifra de 14 mil 374 instrumentos regulatorios internos, cuando a nivel internacional el promedio no llega a mil. La intervención de la SFP en el sexenio de Calderón recortó los procedimientos para otorgar obra pública, pero de todas maneras quedamos muy atrás de los promedios internacionales: 300% más de trámites que fomentan el intermediarismo y la discrecionalidad. Segundo, porque este esfuerzo federal no llegó a los estados y entonces los parámetros estatales esperan una depuración similar. Es pan de todos los días el exceso de burocratismo y de trámites.
PARÁMETROS MUNDIALES
PARA LA OBRA PÚBLICA
EN EL INFORME OCDE 2013, aparecen parámetros de medición de obra pública que vale la pena mencionar. No es necesario comentarlos: reflexione el lector qué tan cerca está México de dichos parámetros.
* Rendición de cuentas: el gobierno es capaz y tiene la intención de mostrar hasta qué punto las medidas que aplica y las decisiones que toma son congruentes con objetivos claramente definidos y acordados.
• Transparencia: las medidas que toma el gobierno, así como sus decisiones y los procesos que llevan a las mismas, están abiertos en un nivel de escrutinio adecuado para ser objeto de revisión por otros sectores del gobierno o por la sociedad civil y, en algunos casos, instituciones externas.
• Eficiencia y eficacia: el gobierno se esfuerza por generar productos públicos de calidad, incluyendo los servicios que presta a los ciudadanos, al mejor costo, y garantiza que lo ofrecido cumpla con las intenciones originales de los formuladores de políticas públicas.
• Capacidad de respuesta: el gobierno tiene la capacidad y la flexibilidad para responder con rapidez a los cambios en la sociedad, toma en cuenta las expectativas de la sociedad civil en la identificación del interés público general y tiene la voluntad de analizar su papel desde una perspectiva crítica.
• Visión prospectiva: el gobierno es capaz de prever problemas y temas a futuro, con base en los datos y las tendencias actuales; asimismo, diseña políticas públicas que toman en cuenta los costos futuros y los cambios previstos.
• Estado de derecho: el gobierno ejecuta las leyes, las regulaciones y los códigos de manera equitativa y transparente.
Usted puede comparar estas exigencias internacionales con lo que sucede en la realidad mexicana. (
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