Escala Crítica/Columna diaria
*Fonden: deuda a 20 años de Tabasco, por “paripasos”
*En la catástrofe, todos perdemos; más de 8 Fonden
*Wirikuta, pueblo huichol, defensa de la supervivencia
Víctor M. Sámano Labastida
CUANDO se anunciaron las nuevas reglas del Fondo Nacional para Desastres Naturales y el fondo especial para la reconstrucción, muchas voces festejaron la supuesta desaparición de los “paripasos” –ese porcentaje que deben aportar los gobiernos estatales para tener acceso a los recursos. No hubo tal, los “paripasos” se mantienen y la nueva fórmula ante el creciente costo de las catástrofes fue el endeudamiento de los afectados. El argumento del gobierno federal es que se debe actuar más en la prevención que en la respuesta a los desastres. “Hay quienes prefieren recibir y repartir, que prevenir”, se dice en el círculo cercano a la Presidencia.
Cuando el secretario Francisco Blake anunció el nuevo Fondo para Reconstrucción explicó que en ese caso los estados afectados tendrían acceso a créditos y sólo pagarían los intereses. El capital sería absorbido por el propio fondo. Antes de las inundaciones del 2012, Tabasco había recurrido en ocho ocasiones a los recursos del Fonden, que es otro mecanismo en el que se pagan los “paripasos”.
El miércoles reciente, el gobernador Andrés Granier reveló que tan sólo para tener acceso a los recursos del Fonden por los desastres del 2010, la administración estatal tuvo que solicitar un crédito de un mil 400 millones de pesos. Esos recursos de los “paripasos” significaron un adeudo –de acuerdo a la explicación oficial- por 20 años.
Las expectativas actuales no invitan al optimismo. No hay dinero para los “paripasos”, esa especie de “enganche”. Es lo que dijo Granier Melo.
Más allá del debate sobre el uso correcto o no de los recursos, es una realidad que ante cada inundación todos perdemos (salvo, claro, aquellos instalados en la “economía del desastre” como ya referimos la teoría de la canadiense Naomi Klein). Pierde la Federación, porque debe destinar enormes recursos a la atención y reconstrucción; pierden los estados y con ello la comunidad, porque se transfieren recursos destinados a obras y servicios; pierden los inversionistas y empresarios, porque baja la producción, se afecta la distribución y se desploma la capacidad de compra. Se pierde, por supuesto, el patrimonio de las familias.
Por si fuera poco, en estos días sigue el debate sobre el número de damnificados. Mientras las estimaciones oficiales elevaron a más de 328 mil los afectados, el gobierno federal sólo acepta 170 mil.
Como siempre, en la atención de las emergencias no pueden estar ausentes los cálculos político-electorales.
ETNOCIDIO
INTEGRANTES del pueblo huichol y grupos solidarios se manifestaron ayer en la Ciudad de México en defensa de la zona sagrada de Wirikuta, donde el gobierno federal entregó más concesiones para la explotación minera a la compañía canadiense First Majestic. La transnacional pretende ampliar sus operaciones en Real del Catorce, San Luis Potosí. Los representantes de las comunidades de Jalisco y Nayarit se sumaron a la protesta. Recuerdan que la extracción minera está prohibida en la zona desde el 2001 por ser considerada área protegida.
Según Carlos Chávez, vocero de la Asociación Jalisciense de Apoyo a los Pueblos Indígenas, unos 30 proyectos mineros fueron autorizados en la “zona sagrada” huichol. Otra compañía que explota la zona es la también canadiense West Timmings Minning.
Santos de la Cruz, representante del pueblo wixarika, afirmó: “El Estado Mexicano está asesinando y secuestrando nuestros territorio sagrado. Quieren acabarnos, asesinar a nuestra madre tierra”. Pero no es sólo el argumento comunitario y cultural, también es la exigencia que se cumpla la ley. Se trata de un área natural protegida, incorporada desde 1988 en la red mundial de sitios sagrados naturales por la Unesco. En abril de 2008, el presidente Felipe Calderón atestiguó el pacto Huauxa Manaka, firmado por los gobernadores de San Luis Potosí, Durango, Jalisco, Nayarit y Zacatecas.
Además, México es signatario del Convenio 169 de la OIT para la preservación de los pueblos y culturas indígenas. Alguna vez referimos aquí las condiciones de etnocidio que padecen los pueblos originarios, en referencia a la zona chontal de Tabasco. Se insiste en ignorar tanto los derechos humanos de las etnias como -para hablar en términos pragmáticos que entiendan los apóstoles del mercado-, el potencial económico de la diversidad cultural.
AL MARGEN
PREMIOS. La rectora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Candita Gil, anunció los premios “Malinalli” 2011 a entregarse a principios de noviembre. Entre los galardonados están la artista tabasqueña Dora María, la escritora Mónica Lavín y el constitucionalista y magistrado José Ramón Cossío. Se tiene programado un concierto de la oaxaqueña Susana Harp.
Otros reconocimientos anunciados son los Juchimanes de Plata, en su entrega 34, el 11 de noviembre. Entre quienes lo recibirán este año citemos al investigador José Luis Lezama, Marinela Servitje (filantropía); Linda Rosa Manzanilla (ciencia); Jorge Carpizo Mac Gregor (derechos humanos); Ana Maria Cetto Kramis (divulgación científica); Guy Paic (ciencia y tecnología) y Samuel Gordon (alternativo).
CONFIRMÓ la diputada Georgina Trujillo que su informe legislativo será el lunes próximo, a las 19:45 horas, sólo en transmisión por radio y televisión locales (XEVT, Acir, canales 7 y 9). No habrá ningún evento en vivo.
LO INVITO para que me acompañe en los tres breves cortes de opinión a las 8:00, 13:45 y 20:00 horas, de lunes a viernes por Radio Fórmula Tabasco (94.1 FM y 620 AM). En PRESENTE, Diario del Sureste, de lunes a sábado. Esta columna también se difunde en diariopresente.com.mx y ventanasur.com (
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