Escala Crítica/Columna diaria
*En diez años se ha duplicado en el país el gasto en seguridad
*Cambiar el “combate frontal” por tareas de inteligencia: Senado
*Tabasco, contra la delincuencia créditos por un mil 150 millones
Víctor M. Sámano Labastida
PARA combatir la inseguridad y prevenir los delitos hacen falta recursos, dinero y personal, pero no sólo eso. Lo sucedido en los últimos diez años a nivel nacional parece indicarnos que en cuestión de presupuestos estamos en una carrera sin final: a más gasto público en cárceles, policía y ejército, más violencia.
Por lo menos así lo indica un reporte elaborado por el Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, y difundido recientemente por el diario Reforma. De acuerdo al análisis, en la década reciente el gasto público en seguridad se duplicó: de 130 mil millones de pesos en 2006 llegó a 264 mil millones en 2016.
Le comento esto también porque recientemente se aprobó y comenzó a aplicarse un crédito en Tabasco por 700 millones de pesos para el programa integral de seguridad pública. Otros 300 millones de pesos que se aplican a este rubro provienen de los recursos ya programados en el presupuesto del 2017. En total un mil millones de pesos. Sin embargo, insistimos: se necesita dinero para equipamiento, infraestructura y pago de prestaciones, pero no sólo eso.
DINERO Y ALGO MÁS
COMO le decía líneas arriba, hay un informe elaborado para los senadores en donde se lee: “El incremento (del dinero) nos indica que las administraciones federales sí han contado con recursos durante los últimos 10 años para impulsar mejoras en la seguridad y la justicia en México”, sin embargo tales incrementos contrastan “con la situación de inseguridad que se ha vivido en México durante estos mismos años”.
Elaborado por Carlos Galindo, Alejandra Huerta y Susana Ramírez, el estudio indica que las áreas que más recursos recibieron en estos diez años son dos: “El gasto ejercido por la Policía Federal se cuadruplicó en términos reales y el gasto de la unidad de Prevención y Readaptación Social se multiplicó 8.8 veces entre 2006 y 2016”.
Así, por ejemplo, los operativos de la Policía Federal tuvieron un costo de 242 mil millones de pesos. Por lo que hace a las Fuerzas Armadas los gatos en términos reales se duplicaron.
Los analistas del Senado concluyen que el gobierno federal ha concentrado sus esfuerzos en una estrategia de “combate frontal” a la delincuencia en lugar que dar prioridad al mejoramiento de las capacidades de investigación y recopilación de evidencia.
FUERZA Y ESFUERZO
SE CALCULA que en México hay más de 260 mil personas encarceladas, cifra que ha crecido exponencialmente en los años recientes. Más de la mitad de los prisioneros estaría en espera de sentencia.
Tanto desde el PRI, como del PAN, PRD y Morena, así como desde instituciones académicas y grupos privados, han propuesto revisar a fondo la estrategia de seguridad pública.
El rector de la UNAM, Enrique Graue, planteó en noviembre del 2016 “hacer un balance y cambiar la estrategia”. Refrescó datos de la tragedia mexicana: en diez años 150 mil muertos, 28 mil desaparecidos, miles de familias desintegradas. En especial se refirió a que México se convirtió territorio de una guerra contra el narcotráfico cuyas consecuencias son la inseguridad y la exhibición de la corrupción.
En mayo de este año, el Observatorio Nacional Ciudadano catalogó a 13 entidades del país en crisis de inseguridad, por el nivel de incidencia delictiva correspondiente a marzo. Una situación que no ha cambiado notoriamente. Francisco Rivas, director del ONC, enlistó las entidades: Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Colima y Estado de México; también Guerrero, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas.
Coincidió Rivas con otros especialistas: “Evidentemente necesitamos una estrategia de seguridad que debe ser revisada no sólo en el ámbito nacional, sino en el ámbito local”, porque además hay entidades que históricamente habían sido consideradas islas de paz y hoy registran alta incidencia delictiva.
En este contexto un desafío más es la aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, un esquema para el que los gobernadores y procuradurías de todo el país han pedido adecuaciones. El año pasado, el gobierno de Tabasco requirió un crédito de 450 millones para obras y aplicación del NSJP. De esta forma, tanto para el Programa Integral como para el Nuevo Sistema se han requerido en la entidad un total de un mil 150 millones de pesos en préstamos bancarios.
UN RED CON AGUJEROS
EL CASO de la red político-policiaca de protección al presunto narcotraficante Felipe de Jesús Pérez en la delegación Tláhuac, de la Ciudad de México, puso al descubierto las debilidades de seguridad en una de las urbes más pobladas del mundo. Así como el Jefe de Gobierno, Miguel Mancera, había logrado difundir una imagen de control en la capital, ahora en vísperas del inicio del proceso electoral la operación coordinada por la Secretaría de Marina se convierte también en un golpe mediático.
El 20 de julio elementos de la Marina abatieron a Pérez Luna y a otros siete presuntos integrantes de su grupo delictivo. Las investigaciones involucran al delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado y a su hermano Ricardo, líder de la unión de mototaxis. Otro hermano, Rosendo fue recientemente destituido de la dirigencia de Morena en Durango, acusado de abusos contra militantes.
La llamada “Red Tláhuac” golpea por partida doble a Mancera y a Morena. Deberían ser los primeros en exigir investigaciones a fondo. (
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