Escala Crítica/Columna diaria
*Roberto Sandoval, un gobernador que cabalga en silla de oro
*La alternancia obliga a no dejar expedientes de riesgo
*Caso Duarte y PGR: expediente cuidadosamente desbalanceado.
Víctor M. Sámano Labastida
SEGURAMENTE usted observó que inmediatamente después de las elecciones del 2016, cuando el PRI perdió siete gubernaturas de las 12 en disputa, los asuntos de la corrupción en las administraciones locales pasaron a ser prioridad del partido en el gobierno. Por lo menos se le vio apresurarse para evitar que la oposición ganadora tomara la iniciativa en la investigación y elaboración de expedientes de los gobernadores salientes, como sucedió en Tabasco en 2013.
Perdidas las plazas de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, entre otras, de inmediato se reabrieron los expedientes de Javier Duarte, Roberto Borge y César Duarte. Ahora los reflectores apuntan a otro recientemente derrotado en elecciones, el priista Roberto Sandoval Castañeda, en Nayarit. La alternancia se convierte en motor contra la impunidad.
POLÍTICA Y DERECHO
EN EFECTO Sandoval Castañeda es un personaje que parece no inmutarse ante lo que le sucede a Javier Duarte, y lo que necesariamente ocurrirá con Borge y el otro Duarte. El nayarita aparece ahora como otro de los candidatos a la prisión, luego de haber sido una de las jóvenes promesas del nuevo PRI. Hay razón entre quienes desde el interior de ese partido exigen una revisión a fondo de las conductas y mecanismos partidistas. La corrupción y los presuntos vínculos con el crimen organizado son blancos sobre los que se disparará en las campañas que ya inician. Política mata derecho, se decía en los viejos tiempos.
La PGR investiga al nayarita Sandoval Castañeda por presunto enriquecimiento ilícito. Acostumbrado al derroche, el mandatario saliente –debe entregar el poder en menos de dos meses al opositor Antonio Echevarría García del PAN/PRD-, no se inmuta y presume públicamente la adquisición de una silla de montar con ornamento de oro de 24 kilates y con incrustaciones de diamantes. Es lo más visible y escandaloso, pero este personaje posee ranchos, caballos (por los que recientemente pagó más de un millón de pesos en transporte desde España a México).
Desde abril pasado, varios actores políticos reclamaron la separación del cargo de Sandoval Castañeda por la captura de su procurador Edgar Veytia, procesado en Estados Unidos por tres cargos: presunta conspiración para importar y distribuir heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana en Estados Unidos, entre 2013 y 2017.
La relación de Sandoval con Veitya data de hace varios años, ya que primero lo hizo secretario de seguridad, luego sub procurador y finalmente procurador.
¿Qué es lo que le da seguridad al gobernador nayarita sobre una posible impunidad? ¿Serán acaso los indicios que ven algunos en relación al caso de Javier Duarte como un asunto que se resolverá en la negociación política? Puede equivocarse.
COMEDIA Y TRAGEDIA
DUARTE, desde su detención en Guatemala, parecía haber negociado la libertad de su esposa Karime Macías. Desde luego, la señora no aparece en los documentos del gobierno veracruzano, pero sí se le menciona como “parte de la red de delincuencia organizada” que presuntamente armó Duarte. Es un hilo delicado de la madeja. Hay testimonios periodísticos que muestran la importancia de Karime Macías en esta historia de sangría profunda para Veracruz. Hay otros enredos como el caso de Xóchitl Tress, la llamada “Viuda Negra” vinculada al veracruzano.
En el estira y afloja de la PGR contra Duarte, existe una línea de negociación que colinda con la administración política del caso. Nada nuevo bajo el sol mexicano.
La defensa de Duarte, primero combativa, ahora guarda silencio. Se entiende que tratan de digerir las 82 pruebas que en una segunda etapa presentó la PGR y destejer ese rompecabezas. Quizás no las esperaban, después de apenas ver 7 en la primera audiencia. Han pedido discreción, pero no es seguro que la obtengan. El caso Duarte, desde cualquier punto de vista, será parte de un verano caliente en política, antes de las definiciones de los candidatos presidenciales. Ese verano caliente poco ayudará a la rectitud del caso. La justicia de resonancia mediática es el clavo ardiendo de credibilidad al que quiere aferrarse el presidente Peña Nieto y sus tres cartas marcadas: Miguel Ángel Osorio Chong (que mueve fichas en el caso Duarte, quizás en los dos lados del tablero), Luis Videgaray (que desde Hacienda conoció los vericuetos presupuestales de Veracruz) y José Antonio Meade (que ahora, vía Hacienda, aporta datos fiscales al caso).
Además, al caso Duarte se suma –como siempre que hay tajada política en juego- un protagónico Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador veracruzano en funciones, se apresta a declarar contra Duarte y espera la llamada de la PGR. Afirma que tiene “conversaciones interesantes con los cómplices de Duarte”.
Yunes tiene el mérito de no soltar el Caso Duarte desde 2015, pero no tiene el mérito de la congruencia. Mucho menos, el mérito de la moderación por cuanto a propiedades se refiere. Hay una investigación sobre el monto de su riqueza, que la PGR guarda en sus archivos. Con casaca moldeable en política, pues ha pasado por el PRI, el PAN y el PRD (en alianzas), Yunes tiene el poder estatal y busca figurar en el 2018 con alguna alianza presidenciable.
El confuso panorama de las próximas campañas permite a la llamada “clase política” pensar en ir de las concertacesiones, a la negociación o a las absoluciones. Medrar para permanecer. (
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