Escala Crítica/Columna diaria
* Batalla de credibilidad: poderes fácticos y democracia.
* Las élites del poder: la pugna, grieta que se ensancha
* La vieja costumbre, dejar una espacio para “el arreglo”
Víctor M. Sámano Labastida
EL “CASO ANAYA” es ya una batalla por la credibilidad, en medio de una acción estratégica de alto riesgo institucional para la Procuraduría General de la República (PGR). Expliquemos este punto, aunque advertimos al paciente lector que la maraña política del caso Anaya contiene una explosividad insospechada. No puede pronosticarse algo claro en este choque de poderes fácticos. Las élites del modelo político mexicano van de la coalición a la colisión (PAN y PRI; PRIAN, diría los críticos), con una parte de la izquierda en el paquete (PRD y MC). Esto no debe tener contentos a los grandes empresarios, potentados y financieros del país: el modelo mexicano muestra una grieta que puede agrandarse.
EROSIÓN DE LA CREDIBILIDAD
LA BATALLA por la credibilidad ha sido la apuesta arriesgada del PRI para que su candidato, José Antonio Meade Kuribeña, remonte en las preferencias electorales. Y está en segundo sitio, aseguran. “Anaya mintió en su declaración 3 de 3”, dice Enrique Ochoa y remata Meade: “Yo me siento tranquilo en ese aspecto, no tengo riquezas mal habidas”.
Anaya reportó ingresos mensuales por 100 mil pesos en su 3 de 3 (50 él y 50 su esposa), lo que vuelve extraña su ‘nave industrial’ en Querétaro que vendió por 54 millones de pesos. Es un brete para Anaya, pero no al grado de llevarlo a un proceso legal y perder el registro.
Más allá de beneficiados y damnificados, este caso implica un desgaste de la clase política en su conjunto. Los ciudadanos, hartos, observan los argumentos en juego y la documentación que se difunde, pero no necesariamente realizan una distinción ética entre cada actor que se asume honesto y coherente. He ahí el riesgo; los ciudadanos, ante tamaño conflicto, meten a todos en la misma canasta. Ellos, los políticos en su mayoría, así lo provocan.
PISO QUE NO PUEDE SERRUCHARSE
EN POLÍTICA pueden analizarse los objetivos estratégicos de una acción a la luz de la realidad institucional de un país. Un marco regulatorio básico que no puede suprimirse, so pena de “serruchar el piso en que están parados todos los actores políticos” (Héctor Aguilar Camín). En la etapa contemporánea de México, el único candidato presidencial eliminado (trágicamente) de la contienda fue Luis Donaldo Colosio. No se conoce un caso de cancelación de registro a ese nivel; los hay menores, nada más. Desde luego, en 2005 hubo el amago de desafuero a López Obrador para descarrilar su eventual candidatura en 2006. Fue contraproducente: el litigio le estalló en las manos a Vicente Fox y salpicó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). De la SCJN surgió la orden que supuestamente no acató AMLO como jefe de gobierno del DF, por construir la vía de entrada a un hospital (lo que algunos particulares no querían, al verse afectados por terrenos expropiados para la obra gubernamental).
Se dio así un juego político desgastante en sentido institucional y social, que terminó con un Fox arrinconado por la opinión pública, hasta que tomó la decisión de archivar el litigio y dejar pasar a AMLO como candidato. De cualquier modo, México se polarizó y –visto ya con sentido histórico- en ese litigio del desafuero se cocinó un 2006 electoral de alto voltaje, sin legitimidad constitucional para el ganador.
LOS CRISTALES DIFERENTES
UNA MUESTRA de esa batalla por la credibilidad. Miguel Mancera, desde Por México al Frente, dijo: “que se aclare cuál es el papel de Anaya. ¿Está imputado, indiciado o mencionado en las investigaciones de la PGR?”; el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, afirmó: “Anaya es un mentiroso y un corrupto. Y la PGR tiene que llevar hasta las últimas consecuencias sus investigaciones”; Diego Fernández de Cevallos, abogado de Anaya; “Hay violaciones de procedimiento por parte de la PGR. Por eso, el cambio de Anaya es inminente: de candidato a Presidente”.
Las interpretaciones del caso Anaya son diferentes, pero de manera inquietante un punto es común: el desgaste institucional de la PGR.
¿Realmente se quiere llevar a Ricardo Anaya a un proceso jurídico para sacarlo de la contienda presidencial? La finta es mostrar los dientes, sin morder. En el contexto se encuentran las pesquisas del caso Chihuahua, donde ya chocaron el PAN de Javier Corral con el PRI y el gobierno federal. Quizás desde ahí viene la tormenta. Por otra parte, Anaya había sido investigado por su fortuna familiar.
No es probable una acción legal contra Anaya. Imposible no es, con Los Pinos en juego. Pero eso sí: la PGR quedará mal parada, sin pizca de credibilidad. Aquí está el caballo de Troya oficialista, pues la credibilidad sí le importa a Meade: golpear la línea de flotación de Anaya, quien subió la apuesta de su discurso contra la impunidad: “Metería a la cárcel a Peña Nieto si se comprueba corrupción grave”. No habrá intocables, dice. Pero él aparece dentro del modelo. Estos extremos, quién lo diría, manda a López Obrador al centro político.
La perdedora de todas, todas, es la PGR. Quizás la consideran prescindible; será sustituida por la Fiscalía. Pero el futuro requiere confianza en las instituciones. Es el error estratégico de Meade y acaso Peña, cuando dice “esto es normal”. Falso: desde el poder, es otra forma de mandar al diablo a las instituciones.
AL MARGEN
EL CASO ANAYA puso en grave predicamento a los integrantes del Frente PAN-PRD-MC: ¿confrontarse con Peña Nieto y con Meade? No hay consenso interno. (
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