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Home Escala Crítica AMLO, consenso, poder y gobierno: pacificación y sistema de justicia

AMLO, consenso, poder y gobierno: pacificación y sistema de justicia

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 Escala Crítica/Columna diaria

* Paz y justicia: ¿carriles separados o rutas complementarias? 
* Retos de Morena: gobierno sin autoritarismo, poder sin excesos  
* Sombras de justicia: policía fantasma en un mil 500 municipios
 
Víctor M. Sámano Labastida
 
UN DELICADO dilema del gobierno federal electo será unir la discusión sobre paz y justicia, o enfocar ambas cuestiones sin relación estratégica. A primera vista, la decisión de López Obrador y su equipo es colocar la pacificación como punto clave de la agenda nacional, para situar en segundo plano la transformación del sistema de justicia. Se comprende que puedan discutirse los temas por separado, para mayor precisión en las políticas a implementar. Segmentar para visualizar. Pero… 
Tendrá que definirse tarde o temprano, como ejercicio de gobierno, sí los dos problemas pueden mantenerse separados. No parece viable que la eficacia gubernamental se encuentre en la desvinculación: paz y justicia deberían darse la mano en valores, estrategias y procedimientos. ¿Objetivo? ofrecer mejores resultados en ambos frentes. 
 
PODER Y GOBIERNO
UNA VISIÓN democrática de la jornada electoral que encumbró a Morena la ofreció Paco Ignacio Taibo II: “Somos dueños del gobierno, no dueños del poder”. En otras fuerzas políticas, poder y gobierno son sinónimos. También, desde las élites económicas se maniobra para ejercer el poder sin necesidad de ser gobierno. Esto genera abusos políticos sin contrapesos sociales y tiene que erradicarse. La izquierda mexicana con Morena en el gobierno tiene un doble reto: 1) mostrar que el autoritarismo es nocivo socialmente, por ausencia de consensos y 2) no forzar, con poder excesivo, sus acciones de gobierno. AMLO habló de “no mayoritear, sino argumentar y convencer en el Congreso”. Un propósito que choca con la ‘tradición’ de abusos de poder e impunidad política desde el gobierno.
Por otra parte, clásicos de la política (Aristóteles, Hegel, Bobbio, Gramsci) plantean que una cosa es el mando social (para ejecutar una acción: gobierno) y otra cosa es la influencia social (lograr que las cosas se muevan en cierta dirección: poder). Morena y AMLO tienen que aprovechar el entorno social favorable para argumentar, influir en la opinión pública y ejecutar su programa de gobierno desde consensos sólidos. Razonar el gobierno, racionalizar el poder.    
PERDÓN Y VERDAD
MIENTRAS llega el tiempo de gobernar, la estrategia de AMLO y su equipo es acercarse y escuchar a los actores sociales en los foros de pacificación, sobre todo familiares de víctimas por desapariciones, secuestros y muertes. Se busca primero el consenso. Lo siguiente será, a partir de diciembre, instrumentar acciones políticas y legales de reconciliación. Hay un debate abierto, en la opinión pública, sobre dilemas del futuro inmediato: entre perdón o verdad, entre olvido y justicia. En la discusión pública, pareciera que el perdón atropella la verdad o el olvido mancha la justicia. Hay una imprecisión grave en este tipo de dilemas, porque López Obrador planteó “perdón, pero no olvido”, y ha dicho “no pasaré por encima de la verdad, ni el perdón consiste en perpetuar injusticias”. Otra vez se hila fino: el énfasis del presidente electo anticipa críticas sesgadas de una oposición todavía sin forma. 
En los primeros foros de pacificación familiares de víctimas se pronunciaron por un perdón limitado a casos de injusticia social (jóvenes que son carne de cañón del narcotráfico), no para secuestradores y homicidas en primer grado (alevosía y ventaja). AMLO, justo es decir, no ha planteado el perdón generalizado, sino amnistía con ruta selectiva de “rescate a quienes por hambre, desesperación y falta de oportunidades, llegan a delinquir”. Una reconciliación deseada en medio de un precario sistema de justicia.  
POLICÍA SIEMPRE EN VIGILIA  
LOS DATOS son demoledores: México se divide en dos mil 464 municipios y 16 delegaciones de la capital del país (INEGI 2017). De este universo, 600 alcaldías no tienen policías y 900 municipios más apenas cuentan con 20 policías en nómina cada uno.  No hablamos ahora del tamaño de municipio según su población, sino de un punto clave que arroja el nuevo sistema de justicia penal (2015): los policías realizan funciones de Ministerio Público. La ordenanza oficial, amable lector, es que los policías investiguen delitos, recaben pruebas y procesen a presuntos delincuentes. Tenemos mil 500 municipios donde el nuevo sistema de justicia es una ironía. En números redondos, podría decirse -por estadística pura- que 60% del país carece de aparato de justicia, porque el primer eslabón de la cadena son los policías. Y ni siquiera rozamos el tema de la capacitación. Ésa sí es una rifa del tigre.   
Recientemente, uno de los abogados defensores más cotizados del país, Juan Velázquez, comentó: “el nuevo sistema de justicia es una maravilla porque no he perdido ni perderé ningún caso”. Dichoso él, con sus defendidos, mientras el 90% de los presos llena las cárceles simplemente porque no puede pagar un abogado. 
Son escalofriantes las asimetrías: los ministros y jueces tienen salarios que jamás soñará un policía. La transformación estructural de la justicia espera turno.
AL MARGEN
TERMINADO el jaloneo jurídico de las impugnaciones, ayer inició el proceso de transición en la alcaldía de Centro con una reunión entre Evaristo Hernández, electo, y Casilda Ruiz, en funciones. El futuro edil anunció algunas designaciones y acciones futuras. La capital merece planeación; dejar atrás el tiempo de las ocurrencias.
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