Escala Crítica/Columna diaria
*Ante senadores, diez rectores plantean urgencia de 19 mil millones
*Serna, de la U Michoacana: sólo tenemos para la segunda quincena
*AMLO ha ofrecido un plan integral; demanda transparencia y austeridad
Víctor M. Sámano Labastida
DESDE hace por lo menos dos años se advirtió: 18 de las 34 universidades públicas estaban en una situación financiera crítica. Cada año, con la nueva matrícula de jóvenes, crecen las presiones al presupuesto. De acuerdo a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, (ANUIES) el sistema de pensiones también colapsa. En ese tiempo, contaban con un mil 200 millones de pesos para cubrir esos pagos, pero necesitaban por los menos dos mil 400 millones.
El fin de semana se informó que rectores de nueve universidades requerían algo así como 19 mil millones de pesos para atender su déficit. El listado incluye a las casas de estudio de Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Michoacán, Zacatecas, Veracruz, Nayarit, Chiapas y Tabasco.
De acuerdo a un reporte de El Universal (07/09/2018), el rector de la UJAT, José Manuel Piña, sostuvo que hasta el momento su institución no tenía ningún pago pendiente en salarios y prestaciones. La universidad “está trabajando normalmente”, sostuvo.
Hay casos verdaderamente graves, como el de la Universidad de Zacatecas, donde ante un presupuesto de un mil 600 millones para este año, debe atender una deuda de poco más de 2 mil millones.
AMENAZA DE CIERRE
EL AÑO PASADO, los rectores de las universidades de Michoacán, Oaxaca, Morelos, Nayarit y Zacatecas, enviaron un documento al presidente Enrique Peña Nieto donde advirtieron que podrían verse “obligadas a declararse en insolvencia económica de manera inmediata”. Cerrarían sus puertas.
Argumentaban: “En diversos momentos de su historia (las instituciones) asumieron la obligación de jubilar a sus trabajadores y durante décadas otorgaron una serie de prestaciones no reconocidas por la Federación ni respaldadas actualmente por gobiernos de los estados, quienes en el pasado las promovieron y avalaron, las cuales se han constituido en derechos que debemos respetar”.
Ayer, rectores de 10 universidades se reunieron con los senadores para tratar los “problemas financieros”, de las casas de estudios superiores. En el encuentro participaron por Tabasco el senador Javier May Rodríguez y el rector Piña Gutiérrez. Entre otros asuntos que los recursos extraordinarios que había ofrecido la Federación fueron destinados al fondo de emergencia por los sismos de 2017. El dramatismo llegó a la advertencia: sin recursos, algunas quedarían paralizadas antes de fin de año y el riesgo es la inestabilidad.
El 15 de agosto, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, conversó con los rectores agrupados en la ANUIES. Se comprometió a firmar un acuerdo con las universidades para mejorar la educación superior, al tiempo que ofreció recursos para garantizar su operación. Está fuera de duda que tiene especial interés en fortalecer a las universidades públicas, porque así lo ha expresado en diversas ocasiones; el objetivo de AMLO es que las casas de estudio incrementen su cobertura;
Se calcula que en nuestro país hay unos 11 millones de jóvenes que buscan estudiar una carrera; sólo 3.7 millones tienen acceso a las universidades públicas. La mayor cobertura ocurre en la Ciudad de México; el mayor rezago es en el sureste.
Ya en 2015, durante el foro “Desafíos y tendencias de la educación superior en México”, diversos especialistas y autoridades expresaron que era necesario ampliar la cobertura de las universidades, evitar la deserción y mejorar el desempeño así como los incentivos del personal docente con un criterio de justicia y no arbitrario; pero sobre todo, fortalecer el control y aprovechamiento del recurso público, rendición de cuentas, transparencia y frenar el derroche.
Ahora que la violencia en la UNAM, y la inseguridad en la mayoría de los centros de estudio, es motivo de preocupación y debate, es oportuno revisar a fondo la debilidad estructural de las instituciones de educación superior.
LOS LEGISLADORES A DIETA
POLÉMICO fue el anuncio del presidente de la Junta de Coordinación de la Cámara de Diputados federal, Mario Delgado (Morena) en el sentido de que por el momento no se tocarán las remuneraciones de los legisladores –donde se había prometido un drástico recorte-, pero que habrá un ahorro de poco más de 400 millones de pesos en otros ajustes en ese poder. La también morenista Tatiana Clouthier aseguró que con las medidas de austeridad los diputados dejarán de recibir 128 mil 230 pesos mensuales y cobrarán 91 mil 507 pesos. Esta aclaración no ha dejado satisfechos a quienes esperaban una sorpresa.
Mientras tanto, a nombre de la bancada de Morena el diputado federal por Tabasco, Manuel Rodríguez González, presentó una iniciativa para expedir la Ley de Austeridad Republicana, mediante la que se propone prohibir las pensiones de retiro de los ex Presidentes, eliminar privilegios en la administración y hacer más eficiente el gasto público. Esto incluye la reducción de altos salarios en los tres Poderes de la Unión, órganos autónomos y sus entes públicos. Se trata, indicó, de dar prioridad al bienestar colectivo.
Aquí en Tabasco, la coordinadora de los diputados estatales de Morena y presidente de la Junta de Coordinación local, Beatriz Milland, reveló que los legisladores entrantes acordaron una dieta (ingreso) de 50 mil pesos mensuales más 20 mil pesos para apoyo parlamentario (a comprobar). Los diputados salientes, indicó, tenían un ingreso de más de 212 mil pesos “y no comprobaban gastos”.
AL MARGEN
La crítica a los salarios excesivos lo colocó AMLO en el centro de su campaña por la austeridad y la legitimidad. (
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