www.ventanasur.com

*Se aplaude la eliminación de privilegios a ex presidentes

*Medida necesaria en un país con graves desigualdades

*En análisis la gestión de endeudamiento para Tabasco

 

Víctor M. Sámano Labastida

 

CINCO ex presidentes de la República se quedan sin pensión vitalicia, aunque dos de ellos habían renunciado ya a ese privilegio. Se cumple así un compromiso de campaña de López Obrador. Habrá otro compromiso mayor que ya está en la mesa de los pendientes de las futuras autoridades: qué hacer con las pensiones de la gente común. El pago de esas retribuciones para los trabajadores se ha convertido en una bomba de tiempo, según lo reconocen los directivos del IMSS, ISSSTE y demás organismos.

Es posible que aún ahora muchos jóvenes ignoren inclusive el significado del derecho a estar pensionado. 

Escribió Janette Leyva en El Financiero (29/VI/2017): “Los elevados niveles de informalidad en el país, el outsourcing, el aumento de trabajos freelance y la baja cultura sobre el retiro, harán que en el futuro los millones de jóvenes millennials que apenas tienen unos años trabajando, o que están por incorporarse a la actividad productiva, no cuenten con una pensión para su vejez”.

Pero no sólo a los jóvenes que se acaban de incorporar al mercado del trabajo o están por hacerlo, también es una señal de alerta el hecho de que en la actualidad 57 de cada cien personas que laboran por un salario se ubiquen en la llamada informalidad, sin prestaciones.

Aún más, debido a la reforma en el sistema de pensiones vigente desde 1997, por el que se aplica un esquema de cuentas individuales, los primeros retiros que se pagarán de esta manera ocurrirán en dos o tres años. La pensión que recibirán será la cuarta parte del salario promedio de los últimos cinco años de labor. En la mayoría de los casos será una miseria. Otros cálculos indican que debido a que la mayoría de los asalariados están apenas con el ingreso mínimo, no reunirán lo suficiente para pago alguno.

Hay razones para que la medida ofrecida por López Obrador y ya formalizada cauce un explicable regocijo. La desigualdad referida es el contexto en el que ocurre la eliminación de las pensiones millonarias a los ex Presidentes y el freno a los salarios arbitrarios de la alta burocracia. 

Ahora lo que sigue es la revisión de otro hoyo negro: las pensiones de una “clase dorada” pagada con recursos públicos, en la que se incluyen sindicatos oficiales, instituciones financieras, ministros de justicia, entre otros. 

Un tema que también ya está en la mesa de decisiones del futuro gobierno es la reforma al sistema de pensiones. Actualmente el pago de pensiones que los especialistas definen como “no contributivas” –las que otorgan los gobiernos-, en el caso federal se ubican en el tercer escalón del consumo del presupuesto, apenas superadas por los costos de la educación pública y el pago de la deuda. 

Para 2018 el gobierno federal presupuestó 793 mil 734 millones de pesos para el pago de pensiones y jubilaciones del sector público. Demasiado dinero, pero es una responsabilidad que debe cumplirse. Sin embargo, como le decía, no debemos dejar de mirar solidariamente a un amplio sector desprotegido.

 

RELEVOS Y RETOS

 

COMO parte de la transición paulatina en ese largo periodo que va de las elecciones a la toma de posesión, seis meses, el gobernador electo Adán Augusto López Hernández realiza actualmente recorridos a los municipios donde acompaña a las nuevas autoridades –estas en el poder desde principios de octubre como resultado de una reforma constitucional- en la puesta en marcha de servicios y obras. 

Mientras, se prepara el acto anual en el que el gobernador en funciones, en este caso Arturo Núñez Jiménez, entregará su informe de labores sexto y dirigirá un mensaje final el domingo 11 de noviembre. Estamos en vísperas ante el sexto y último informe de una administración que inauguró la alternancia partidista. Es un cierre difícil, según se había anticipado.

Como parte precisamente de estas complicaciones se habla de la necesidad de adelantar la solicitud de autorización de un crédito por 6 mil 800 millones de pesos ya sea que lo plantee al Congreso el gobierno de Núñez o lo haga López Hernández apenas tome posesión. La decisión legislativa correspondería, de todas formas, a una bancada con mayoría de Morena. Como era de esperarse, la posibilidad de un mayor endeudamiento provocó polémica. El senador del PRD, Juan Manuel Fócil propuso que esa medida sea sometida a consulta popular, en tanto que legisladores morenistas como Beatriz Milland, Rafael Elías Sánchez y Tomás Brito han defendido la necesidad de considerar recursos adicionales.

Un solicitud de crédito tendría que pasar la aduana de una serie de normas entre ellas la Ley de Disciplina Financiera (LDF), publicada el 27 de abril del 2016. Su objetivo: promover finanzas sostenibles, uso responsable de la deuda pública y transparentar cuentas. Esto como una reacción a la excesiva contratación de recursos que llevaron a una grave hipoteca de las entidades estatales, aunque no es el caso de Tabasco que se ubica en una aceptable calificación crediticia.

En sus más recientes visitas a los municipios, López Hernández ha reiterado como asuntos prioritarios a atender la seguridad, el empleo y la obra pública. Hay también, como en otros estados de la República, un déficit en la cobertura de salarios y gasto corriente, sólo que estos rubros no se pueden atender mediante préstamos bancarios, que sólo aplican a la inversión. ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )