Escala Crítica/Columna diaria
*El auge petrolero de los setenta-ochenta engrosó la nómina
*Entre 2009 y 2010 un despido masivo que resultó ineficiente
*Ahora, eliminar aviadurías, duplicidades, gastos superfluos
Víctor M. Sámano Labastida
LA ECONOMÍA petrolizada cambió totalmente la fisonomía de la administración pública en Tabasco, como transformó la cultura productiva de la población en general. En el caso de los gobiernos, de una estructura oficial más o menos reducida, pasó a una afectada por la obesidad. Particularmente en los gobiernos de Leandro Rovirosa y Enrique González Pedrero, fue notorio el incremento de plazas para la burocracia; aunque esta inercia continuó en los años y sexenios siguientes.
Cierto que en algunas etapas se tuvo cuidado de incorporar a gente más o menos capacitada y con espíritu de servicio, pero por lo general se privilegió el criterio político, como ocurrió a nivel nacional: el gobierno se convirtió en una agencia de colocaciones con fines de control electoral.
Todavía en la administración de Manuel Andrade, el aparato gubernamental se benefició del auge de los precios del petróleo. Fue con Andrés Granier cuando ocurrió el más reciente despido masivo.
BUEN DIAGNÓSTICO, MALA CURA
EN EFECTO, una crisis reciente en materia de empleos públicos fue con Granier Melo, en el 2010 cuando por recomendación del ex secretario de Carlos Salinas, Pedro Aspe Armella, se aplicó una “purga de caballo” a la administración y fueron despedidos más de tres mil burócratas. Aunque el imperativo era prescindir de unos siete mil trabajadores a partir de una evaluación del desempeño, el recorte se hizo bajo consideraciones políticas. Mucha experiencia acumulada se fue a la calle. Una receta aplicada erróneamente.
Oficialmente se argumentó que con la fusión de secretarías y la compactación de puestos quedarían canceladas mil 185 plazas de confianza y mil 199 de lista de raya. El ahorro previsto fue de 378 millones pesos. El objetivo de contar con recursos para aumentar la inversión no se cumplió. Eso no fue todo, después de esos despidos masivos se volvieron a contratar más trabajadores. Faltó, asimismo, un plan de empleo para los que quedaron fuera de la nómina.
En el gobierno de Arturo Núñez, reiteradamente se dijo que aun cuando era necesario adelgazar la nómina esto no se haría para evitar el creciente desempleo. Ya se sabe que el mayor impacto en materia de cancelación de plazas de trabajo por la crisis y la reforma petrolera lo tuvieron Tabasco y Campeche. Se anunciaron varios programas de austeridad cuya valoración independiente apenas está en curso. Pero el hecho concreto es que la erogación por salarios y prestaciones mantuvo su incremento.
LA EMPLEOMANÍA Y EL CONTROL
AHORA que el gobierno de Adán Augusto López Hernández se enfrenta a la necesidad de ajustar la estructura de la planta laboral del sector público -lo mismo que los municipios-, vale recordar que Tabasco está considerado como uno de los estados con mayor porcentaje de empleados públicos en comparación con su población.
Un análisis comparativo realizado por el Semáforo Estatal en materia de Ocupación del Gobierno, de la asociación México ¿Cómo Vamos?, refiere que en los tres primeros meses de 2017 las entidades con mayor número de burócratas por habitante fueron Tabasco con 8.4 por ciento; Campeche con 7.7, y Baja California Sur con 6 por ciento.
Puede observarse que hubo una relativa disminución entre 2011 y 2017, ya que en aquel año el registro del Semáforo Estatal reportó para Tabasco una relación de 9.3 por ciento de empleados públicos respecto a su población total. Esta entidad del sureste cubicada en primer lugar nacional de contratación de burócratas.
En 2012, Baja California Sur estuvo primera en la lista; en 2013 Tabasco volvió a encabezar la nómina; en 2014 Campeche peleó este dudoso honor y en 2015 otra vez regresó Tabasco al principio de la tabla, lugar que conservó en 2017.
La media nacional es de 4 por ciento de burócratas por habitante. El registro estatal es el doble, como le decía en buena parte explicado por la dinámica de una economía petrolizada. Aun con el anuncio de un nuevo auge en la explotación de los hidrocarburos, está claro que Tabasco debe entrar en un proceso de despetrolización y, por lo tanto, de desburocratización.
Este reajuste, sin embargo, tendrá que considerar varios factores y deberá aplicarse de manera sostenida pero también planeada.
En algunas entidades el mecanismo inmediato ha sido recortar en automático la nómina de “aviadores”, comisionados, dobles y triples cobros, etcétera. Otro paso fue eliminar duplicidades, revisar salarios contra desempeño, y compactar dependencias. De acuerdo a la experiencia debe evitarse que el recorte justificado por la ilegalidad de quienes cobran sin trabajar se mezcle con otros reajustes que pudieran llegar a los tribunales y a las protestas callejeras. Lo ocurrido recientemente debe servir de lección: terminó por ser difícil distinguir entre los reclamos justos y las motivaciones políticas.
Un tema adicional, sin duda, será el de la aplicación de las nuevas normas salariales para servidores públicos. Estamos, como se dice, ante un asunto de cirugía en el sector público en donde debe prevalecer la ley y la justicia, como lo reconocen públicamente las nuevas autoridades.
AL MARGEN
EN EFECTO, la revisión de las cuentas públicas ha sido una especie de espectáculo mediático. Desde hace años se planteó la necesidad de cambiar las reglas de ese juego perverso que ahora tiene un alto costo político para Morena. (
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
)
