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*Se pone a prueba la política migratoria del gobierno de AMLO

*Reciben a las primeras caravanas procedentes de Centroamérica

*Por primera vez tiene Tabasco una Subsecretaría de Asuntos Fronterizos

 

Víctor M. Sámano Labastida

 

EL GOBIERNO federal tiene que operar en varios frentes. No es sólo el robo de combustibles, los contratos cancelados en obras como el nuevo aeropuerto, las medidas de austeridad en la burocracia, el debate sobre la guardia nacional, y muchos otros asuntos internos; también lo tiene que hacer en cuestiones que vienen del exterior pero que impactan a la vida pública.  Tal es el caso de las crecientes olas migratorias, un proceso que viven varios países europeos desde hace por lo menos una década y que en nuestro país se agudizó entre octubre y noviembre del 2018.

Aunque las cifras no concuerdan, las imágenes de esta semana son totalmente diferentes a las del año pasado. Ya no vemos empujones y golpes entre policías mexicanos y migrantes, sino –hasta ayer- una ordenada operación de registro, fronteras abiertas e ingreso ordenado.

Es cierto que unos 2 mil integrantes de la caravana migrante procedente de Guatemala entraron a Chiapas sin cumplir los protocolos, según reportó la agencia EFE, pero hay otros grupos que en el cruce de Ciudad Hidalgo esperaron pacientemente que les fueran puestas pulseras de control y la promesa de una visa temporal por razones humanitarias.

 

 

CORTINAS DE DESARROLLO

 

LOS ESTADOS fronterizos del sur, sobre todo Chiapas y Tabasco, son paso obligado de los migrantes, muchos de ellos indocumentados. El gobierno de López Obrador ofreció un trato humanitario, al tiempo que promueve dos proyectos frente a este desafío: las llamadas “cortinas de desarrollo” en las regiones limítrofes norte y sur, como alternativa al muro de Donald Trump, y un fondo de inversión internacional con aportaciones de México, Estados Unidos y los países centroamericanos para evitar la expulsión de mano de obra. Por supuesto que es también un problema que debe resolverse también en nuestro propio país: desde el inicio de la aplicación del Tratado de Libre Comercio del Norte (TLCN) en 1994, se multiplicó el desplazamiento de mexicanos hacia Estados Unidos.

Entre 1990 y el año 2000, la población censada de mexicanos en Estados Unidos pasó de 4 millones 500 mil a 9 millones 444 mil (Pew Research Center); en tanto que los indocumentados mexicanos pasaron de 2  millones 900 mil en 1995 a 4 millones 450 mil en el 2000. Un factor reciente que impulsó el desplazamiento nacional fue la violencia criminal, junto al desempleo.

Es cierto que una situación más compleja la viven nuestros vecinos centroamericanos, salvo Costa Rica, Belice y Panamá. Los habitantes de Guatemala, Salvador, Honduras y Nicaragua, padecen no sólo el histórico empobrecimiento sino la permanente guerra interna de los gobiernos contra sus opositores, a lo que se añade la incorporación de las pandillas originarias de Estados Unidos.

Frente al reto que representa el éxodo de centroamericanos, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, sostuvo luego de su reunión con organizaciones civiles: “Dejaremos atrás la visión policial y militarista que prevaleció en la política migratoria del país para poner como unos de los ejes migratorio el respeto a la dignidad humana”. Obviamente que México, como lo hacen todos los países, debe tener controles de ingreso y salida de personas a su territorio; una movilidad ordenada, legal y segura.

Recordamos ya en este espacio cómo, en los años 80 y 90, unos 50 mil guatemaltecos se establecieron en campos de refugiados en Chiapas, Campeche y Quintana Roo; pasadas unas tres décadas y después de que en el país vecino se firmaron los acuerdos de paz, decenas de miles decidieron regresar a sus hogares; otros permanecen en México.

 

CHIAPAS Y TABASCO

 

LAS CIRCUNSTANCIAS actuales son relativamente distintas, pero no ha dejado de existir un flujo permanente de migrantes algunos regulares y otros sim documentos. Los diversos gobiernos mexicanos han actuado a veces de manera persecutoria otras de forma humanitaria; ha faltado una política integral que es lo que ahora ofrece la administración lopezobradorista. Su propuesta es una labor coordinada de los gobiernos federal, estatales y municipales en México, pero también con la colaboración de Estados Unidos y Centroamérica. Es posible que convoque el respaldo de Europa, donde varios países tienen ya experiencia en el trato con las oleadas migratorias.

Como sea, representa un enorme reto para las autoridades fronterizas. Sería el caso de Tabasco y Chiapas en el sur mexicano. 

En Tabasco, Adán Augusto López Hernández es el primer gobernador que establece en su estructura de gabinete una Subsecretaría de Asuntos Fronterizos, Migrantes y Derechos Humanos. Este cargo lo ocupa José Ramiro López Obrador, hermano del Presidente de la República.

El gobierno de Chiapas, encabezado por Rutilio Escandón (Morena), cuenta con una Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional, con una Subsecretaría de Enlace para la Cooperación Internacional, Migrantes y Desarrollo Mesoamericano.

Estamos ante la primera prueba para la política migratoria de López Obrador con el éxodo actual. Seguramente habrá también reacciones del gobierno de Donald Trump, reacio a cualquier trato justo con los desplazados.

 

AL MARGEN

 

EL DIRECTOR de la CFE Manuel Bartlett Díaz, sostuvo que la Reforma Energética colocó una “camisa de fuerza” al sector eléctrico, pero afirmó que aun así se rescatará esta industria. Del éxito de la gestión de Bartlett dependen las respuestas a temas como el “borrón y cuenta nueva” y “tarifa justa” para Tabasco. ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )