Escala Crítica/Columna diaria
*El robo de combustible, una expresión de la cultura de la rapiña
*Hay comunidades marginadas que sobreviven con sus valores
*Un problema de seguridad nacional, las ordeñas de combustible
Víctor M. Sámano Labastida
EN LOS NUEVE estados donde se creció el robo de combustibles es donde se concentra el 50 por ciento de la pobreza nacional, refiere un reporte de Daniela Barragán para el portal sin embargo (16/01/19). De acuerdo con los datos más recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), esas nueve entidades tienen 26 millones 851 mil personas en condiciones de pobreza, lo que representa el 50.2 por ciento del nivel nacional.
¿Existe una relación directa entre el aumento de la delincuencia y la criminalidad con la pobreza? Este es un debate que ha ocupado, y seguirá ocupando, a filósofos, sociólogos, antropólogos y a los más diversos especialistas. Como también el hecho de que el empobrecimiento y la pobreza es un acto de violencia social y económica. Pero…
A LA SOMBRA DE LAS MAFIAS
LOS ESTADOS con mayor porcentaje de pobres en el país son Chiapas (76.2), Oaxaca (66.8), Guerrero (65.2) y Puebla (64.5), de acuerdo a cifras del Coneval; en cambio, los estados con mayor criminalidad son Baja California Sur, Zacatecas, Veracruz y Tabasco.
La tragedia en Tlahuelilpan, Hidalgo, vuelve a replantear la discusión sobre pobreza y delito. Un debate que no debe hacernos ignorar lo que Jorge Zepeda Paterson denomina “la cultura de la rapiña” con sistema nacional, así como la fría y calculada operación de las mafias criminales.
Señala un reporte del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Seguridad y Violencia (CELIV, octubre 2013): “A menudo y desde el sentido común suele asociarse la delincuencia a la pobreza, especialmente cuando se aborda el delito de robo en sus diferentes modalidades. De esta forma se tiende a creer que la pobreza determina e incide en mayores niveles de robos registrados en las ciudades”.
“Sin embargo –advierte-, es necesario interrogarnos acerca de esta asociación. ¿Existe verdaderamente una relación entre las condiciones de pobreza y la evolución del delito? ¿Las sociedades que tienen proporcionalmente más pobres también tienen tasas de robos más altas? Afortunadamente en la actualidad existen algunos datos que permiten revisar esta relación con la finalidad de enriquecer el debate en este campo”.
El CELIV ofrece un comparativo entre tasas de pobreza de 18 países latinoamericano y la incidencia de los delitos (victimización como indicador del delito “especialmente patrimonial”). De la revisión de las cifras que ofrece observamos que es en países con menores niveles de pobreza (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y México), donde existe una mayor frecuencia de robos.
Esta lectura, señala, “y su relación con décadas de investigaciones en criminología aportan evidencia adicional que demuestra que la pobreza como tal no es un factor decisivo para explicar el delito de robo. Aunque la pobreza puede, en ciertas ocasiones, incidir en el delito, existen otros factores que activan la predisposición individual a delinquir. La pobreza, en el mejor de los casos, podría ser uno de ellos”. No es, pues, un factor determinante.
Hay evidencia empírica –y el lector seguramente lo ha corroborado en su visita a las comunidades-, de pueblos que desde una interpretación occidental capitalista son “pobres”, pero resulta que ahí los delitos son menores por su impacto social. Comunidades en las existe una especie de sanción social, lo que de manera general denominamos “valores”. Pero que es algo que tiene que ver con la conducta del individuo y la autoridad.
SUMA DE PELIGROS
LA POBREZA es resultado de un sistema que violenta los derechos, pero los pobres no pueden ser por definición propensos al delito. En las comunidades “huachicoleras” hay otros factores, en donde es determinante la falta de autoridad y la acción de los grupos delictivos.
No es ningún secreto que la industria petrolera está asociada al riesgo. Daños al ambiente, deterioro de instalaciones, y hasta vulnerabilidad en los mercados. Es un sector de alta volatilidad. Eso obliga a que un porcentaje importante de sus recursos deben ser destinados a la seguridad de todo tipo.
Un elemento externo incrementó los riesgos en las últimas décadas: el robo del combustible. Al saqueo institucionalizado siguió, por lógica, el robo organizado desde afuera.
Un reporte de la agencia EFE firmado por Luis Alonso Pérez señala que en los recientes diez años varias explosiones asociadas la “ordeña” de ductos debieron tomarse como advertencias claras sobre la peligrosidad de las tomas clandestinas.
Cita un estudio de la empresa consultor ERN (octubre de 2018) donde se recopilan 10 de los accidentes más importantes en el país relacionados con el saqueo a la infraestructura de Pemex: San Martín Texmelucan, Puebla (diciembre 19 del 2010). Un total de 27 muertos, 12 de los cuales menores de edad, 83 casas con daños parciales, 32 con pérdida total, 20 autos calcinados en un radio de 3 km.
Cadereyta, Nuevo León (julio 17 del 2014); Acatzingo, Puebla (marzo 8 y 21 del 2017; Tlajomulco, Guadalajara (abril 11 de 2017); Cuernavaca, Morelos (abril 26 de 2017); Acajete, Puebla (mayo 7 y julio 18 de 2017); San Francisco Tláloc, Puebla (mayo 22 de 2017); Villagrán, Guanajuato (agosto 16 de 2018); Zona Norte de la Ciudad de Puebla (septiembre 12 de 2018).
No incluye el reporte el accidente ocurrido en noviembre del año pasado en Cárdenas, Tabasco.
La consultora ERN destacaba que las tomas clandestinas a los gasoductos de Pemex eran ya “un problema de seguridad nacional”. Ahora podemos corroborar el alcance de este riesgo para el país por todo el entramado delictivo. (
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