Escala Crítica/Columna diaria
*Necesario tipificar el feminicidio en todo el país
*Cambio cultural para disminuir conductas agresivas
*Asegura PRI que cumplirá orden del Trife; Alí sigue
Víctor M. Sámano Labastida
UNO DE LOS aspectos urgentes en la sociedad mexicana –ya tabasqueña, por supuesto- es legislar y tomar acciones más eficaces para combatir la violencia contra las mujeres. Ayer que se conmemoró el Día Internacional de la Mujer se recordaron gastadas promesas, pero sigue pendiente la lucha contra la llamada violencia de género. Según datos de la Secretaría de Salud federal y del INEGI, más de 34 mil mujeres han sido víctimas de homicidios en los últimos 25 años. Organizaciones independientes colocan a Tabasco en el séptimo sitio nacional de agresiones sexuales.
El miércoles estuvo en Tabasco la relatora de Naciones Unidas en materia jurídica, Carina Knaul, quien refirió que si bien se ha avanzado en el país hace falta mucho por hacer en materia legal y en acciones de la sociedad para combatir la discriminación y la violencia de género. Pero –dijo- sobre todo tenemos que enfocarnos en un cambio cultural.
Precisamente una de las agrupaciones independientes que en la entidad mantienen una observación permanente sobre temas de género, la Red Municipalista de Tabasco, recordó que la tipificación del feminicidio ha sido frenada en el Congreso local. Los datos se difundieron esta semana: más de 150 mujeres asesinadas en Tabasco en el periodo de 2005 a 2011, la mitad entraría en la categoría de feminicidios pero no hay penalización específica. Por lo menos no lo había hasta ayer, cuando los diputados y diputadas se comprometieron a que “ahora sí” legislarían sobre el tema.
En el Congreso local, integrantes de la Red Municipalista, Santo Tomás y Codehutab, encabezados por Ángela Mendoza, entregaron una propuesta para tipificar el feminicidio", además que exigieron una adecuada investigación y sanción del nuevo tipo penal y castigo al responsable directo y funcionarios públicos que actúen con negligencia ante estos casos.
Agrupaciones independientes apuntan que el combate al feminicidio y la violencia contra las mujeres avanzan lentamente –sólo 10 entidades tienen leyes al respecto-, en cambio las reformas constitucionales para castigar a las mujeres que abortan fueron confeccionadas y aprobadas en más de 17 congresos estatales con una rapidez poco común entre las legisladoras y legisladores.
Recordemos que los Ayuntamientos tabasqueños fueron obligados legalmente a instalar direcciones de atención a la mujer, pero durante los recortes presupuestales estos organismos quedaron reducidos a una instancia simbólica.
TRIFE AL ACECHO
DESDE LA BARRERA los toros se ven distintos, suele decirse. Pero no deja de llamar la atención que en el PRI se hayan descuidado una serie de formalidades legales que primero obligaron a reponer el procedimiento de designación e instalación de la dirigencia estatal, y que ahora –con una nueva decisión del Trife- ponga en entredicho la nominación del candidato de ese partido al gobierno estatal.
Los pacientes lectores posiblemente recuerden que en esta y otras columnas se advirtió sobre lo obvio, un partido debe cubrir por lo menos dos frentes en este complicado proceso rumbo a las elecciones del 2012: la negociación política ante la superación por la realidad de los viejos mecanismos de control y conducción, y el cuidado a las formalidades legales y estatutarias.
Le pasó al PRD en el 2008 cuando correspondió al Trife decidir quién sería el dirigente nacional de ese partido, luego de que fueron rebasadas las instancias internas; le ocurrió a ese mismo partido en el 2009, cuando un militante (Raúl Ojeda) obligó a rectificar la asignación que se había hecho a un externo entonces (Oscar Cantón) un lugar en las diputaciones plurinominales.
Colocar las decisiones partidistas en instancias externas es un volado: las leyes no se aplican necesariamente al pie de la letra sino que están sujetas a interpretaciones. Un riesgo que no es necesario correr.
El responsable de procesos internos del PRI, conocido abogado y diputado local Humberto Villegas aclaró ayer que con la reciente sentencia del Trife a favor de Jaime Mier de ninguna manera implica todavía que se tenga que reponer en proceso de elección y nominación de candidato. Dijo Villegas que su partido cumplirá estrictamente con lo mandatado por los magistrados federales y que –lo apuntó el dirigente estatal Miguel Romero-Jesús Alí es ya el abanderado del tricolor para competir frente a Arturo Núñez del PRD y Gerardo Priego del PAN.
Pero, ¿había necesidad de mantener abierta la incertidumbre?
Ahora que está en curso el proceso de selección de candidatos a alcaldes y diputados locales en los tres partidos, es posible que la lección sea aprendida: si existen inconformidades incontroladas (de aquellos que quedan fuera pero que no son atendidos adecuadamente), cualquier resquicio en las formalidades servirá para complicar la vida a los dirigentes. Eso estuvo a punto ocurrir en el PRD en la selección de sus candidatos al Senado en Tabasco; esto sucede al PAN en el norte del país.
Se dijo desde que se conocieron las reformas a temas electorales en la Constitución y en la ley reglamentaria, y las que luego se realizaron en Tabasco: las elecciones del 2012 transcurrirán (y se resolverán) en los tribunales.
Ahí tenemos, por ejemplo, a la coalición Movimiento Progresista (PRD, PT y MC) batallando contra el intento de dejarlo fuera del registro para las elecciones.
LA OTRA CARA
EL ABOGADO Manuel Argáez de los Santos recibió el respaldo para continuar otros cuatro años más al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En Tabasco existen dos importantes organismos de defensa de los derechos humanos: la citada Comisión Estatal de carácter oficial y el Comité Estatal de Derechos Humanos, el Codehutab, organismo independiente y no gubernamental.
De hecho, el Codehutab, independiente, fue la primera organización de defensa de los derechos humanos constituida en Tabasco en 1990. Posteriormente, en 1993, por decreto estatal fue creada la Comisión Estatal oficial.
En el cargo de responsable de la defensa de los derechos humanos en Tabasco han estado Jorge Abdó, ex rector, y Francisco Peralta, ex diputado. El balance ha sido dispar, aunque se requiere una mayor difusión de qué son los derechos humanos. (
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