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*A siete meses de la toma de posesión y un año de la victoria

*Migrantes, refugiados; una crisis de pobreza y violencia

*Las “cortinas” internas de desarrollo; los pactos regionales  

 

Víctor M. Sámano Labastida

 

 

HOY ANDRÉS Manuel López Obrador encabezará un festejo, al tiempo que dará un informe, transcurrido un año del triunfo electoral del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) hecho partido, y siete meses de que tomó posesión como Presidente de la República. Un movimiento hecho gobierno. Seguramente insistirá en su convicción de que “la mejor política exterior es la política interior”, pero al mismo tiempo habrá de reconocer que lo que ocurre fronteras afuera influye en lo que se logra fronteras adentro.

De la misma forma que lo que se logre en las comunidades –como se constató el fin de semana en Oaxaca-, influirá positivamente en el país. Un tema central serán los amagos de Donald Trump quien obligó a cambiar el ritmo, la orientación  y los recursos, a diversos programas; así como en los matices de nuestro trato a los migrantes, que además impacta la vida de los mexicanos.

En el balance positivo, podemos adelantar el hecho de que los 19 mandatarios reunidos en la cumbre del G20 en Japón –faltó México-, hayan apoyado el plan de López Obrador para la cooperación y el desarrollo de Centroamérica como medida para atenuar el fenómeno migratorio. Según lo destacó el canciller mexicano Marcelo Ebrard.

En el punto 42 del comunicado de “Los 19” en Osaka, Japón, se puntualiza: “Los grandes movimientos de refugiados son una preocupación mundial con consecuencias humanitarias, políticas, sociales y económicas. Enfatizamos la importancia de las acciones compartidas para abordar las causas raíz del desplazamiento y para responder a las crecientes necesidades humanitarias”. Ebrard, que acudió al encuentro con el secretario de Hacienda Carlos Urzúa en representación de AMLO, la resolución fue un apoyo a la posición mexicana.

 

MIGRANTES Y REFUGIADOS

 

HABRÁ que distinguir entre migrantes y refugiados, como establece la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Confundir los términos tiene graves consecuencias para ambas poblaciones, advierte. En efecto, el caso de la frontera México-Centroamérica confirma la necesidad de separar los dos fenómenos. 

Es necesario distinguir una crisis por los refugiados –aquellos cientos o miles de personas expulsadas por situación dramáticas como las guerras y hambrunas-, de aquella migración (excepcionalmente masiva) de personas o familias que salen de sus países por voluntad propia en busca de mejores niveles de vida. De alguna manera, todos somos emigrantes o tenemos en la familia algún integrante que se ha desplazado obligada o voluntariamente. 

Los países del llamado G20, y en especial los de la Comunidad Europea, vivieron ya una crisis migratoria explosiva en el 2015 cuando se vieron en la necesidad de controlar sus fronteras y poner freno a la internación masiva de migrantes. De acuerdo a la propia Unión Europea las medidas aplicadas a partir del 2015 limitaron hasta en un 90% la inmigración irregular o indocumentada.

Se trató, explican los gobiernos de la UE, de “establecer una política europea de migración eficaz, humanitaria y segura”. Todavía recordamos las escenas de llanto y dolor, lamentablemente también de violencia brutal, cuando en diciembre de 2015 se reportó que casi un millón de inmigrantes (890 mil) solicitaban asilo en Alemania. Ese país, que mantenía una política abierta a la migración por experiencias propias –el Holocausto y las guerras mundiales-, tuvo que modificar su política.

Ocurrió primero por las guerras regionales y la intervención extranjera en países como Siria, pero también se manifestó en la denominada “ruta del Mediterráneo”, de los expulsados por los choques tribales, la pobreza y la explotación de familias procedentes del África subsahariana y de África del Norte. La masiva migración desde Centroamérica hacia Estados Unidos, pasando por México, era sólo cuestión de tiempo: una bomba alimentada por la explotación de los recursos en países ya de por sí empobrecidos. Junto a este fenómeno aparecen las redes de tráfico y trata de personas; un espacio para el incremento de la corrupción de las autoridades

Al inicio de su gobierno, López Obrador reconoció como dos asuntos prioritarios la inseguridad y el desempleo, vinculados a la pobreza y la emigración.  Propuso una serie de “cortinas” y programas de desarrollo para arraigar a la población. Hoy escucharemos una autoevaluación que seguramente llevará a algunos ajustes en su gabinete, como los hubo en sus planes.   

AL MARGEN

TANTO el gobernador Adán Augusto López como el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Enrique Priego, reiteraron que el despliegue de la Guardia Nacional en Tabasco será determinante para los buenos resultados en materia de seguridad pública. Para los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial existe ya una coordinación entre la Federación, el Estado y los municipios, junto a las corporaciones del Ejército y la Marina. Se han asestado golpes importantes a la delincuencia organizada, sostienen.

Priego Oropeza advirtió que la acción eficaz de las autoridades ha provocado que los delincuentes “estén migrando a otras actividades ilícitas, las cuales también están combatiendo de manera eficiente los gobiernos estatal y federal”. Por experiencias comentadas a este columnista se puede sostener que una clave contra la impunidad será la revisión del Nuevo Sistema de Justicia Penal que resulta más favorable a los delincuentes que a las víctimas. Una revisión que no tiene por qué contraponerse con los derechos humanos, pero que garantice el combate al delito.

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