www.ventanasur.com

*Intereses creados y preocupaciones legítimas, caras de la moneda

*Con 24 votos a favor, se elevan las penas “contra el chantaje”

*Se acabaron “los moches”, basta de sobornos, dijo el Presidente

 

Víctor M. Sámano Labastida

 

COMO ha sucedido históricamente no resulta fácil desde la izquierda o desde las fuerzas identificadas con las corrientes progresistas legislar en cualquier materia. La filosofía que ha acompañado a estas corrientes es una posición libertaria; para bien o para mal, las regulaciones y normas fueron identificadas con el conservadurismo. Cuando estas corrientes –las de izquierda- asumen el poder se enfrentan a la necesidad del orden, la institucionalidad, las necesarias limitaciones. 

En este contexto suelen suceder dos cosas: los grupos desplazados del poder organizan campañas contra cualquier intento de legislar por parte de los nuevos gobernantes, en tanto que éstos se enfrentan a la diversidad de posiciones en su bloque. Ya sabemos que en estos frentes progresistas participan desde la izquierda radical a la izquierda reformista.

Existen, entonces, posiciones interesadas –aquellos que buscan mantener sus privilegios o poner obstáculos a la gobernabilidad-; pero también preocupaciones legítimas de quienes como le decía derivan de una ideología libertaria.

 

GARANTIZAR LAS LIBERTADES

ESTE es un tema que ha cobrado actualidad en Tabasco, a propósito de una serie de reformas al Código Penal cuyo objetivo –según explicó ayer el propio gobernador Adán Augusto López- es combatir el chantaje y la extorsión, así como para garantizar la libertad de tránsito y la realización de obras de beneficio público; para los opositores se trataba de un paquete que en realidad afectaría las libertades de manifestación y expresión.

La pasión de la política, los intereses en juego, y muchos factores más impiden lamentablemente una discusión racional, sin descalificaciones. También resulta complicado distinguir matices. Por supuesto que el compromiso de las izquierdas será siempre evitar que un instrumento del Estado sea utilizado con fines contrarios a la democracia; de ahí la importancia de una actitud mesurada, sin dejar de ser firme. También, no hay duda, se tiene que entender la circunstancia que rodea una decisión.

Escribieron los constitucionalistas españoles Jaume Asens y Gerardo Pisarello, en 2009 a propósito de lo sucedido en Barcelona cuando la policía reprimió –o sometió  a control, según se quiera ver- una protesta callejera: 

“El uso institucional de la fuerza, en un Estado de Derecho, se presenta como la última opción una vez agotadas las vías de solución pacífica de los conflictos. Con ese fin, precisamente, numerosas normas internacionales y estatales lo supeditan a la observancia de estrictos criterios de congruencia, oportunidad o proporcionalidad. La lógica de estos principios es simple: los poderes públicos sólo pueden disponer del aparato coactivo si es absolutamente imprescindible y deben asegurarse, en todo caso, de que no se provoque un mal mayor”. 

 

INTERÉS PÚBLICO, NO ABUSOS

 

NO HAY DUDA que un gobierno está obligado a hacer prevalecer el interés público legal y necesariamente legítimo, por sobre los intereses particulares. Más todavía si lo que se busca combatir no sólo son abusos de particulares sino hechos abiertamente delictivos. En este sentido, por fortuna se ha ido extendiendo en el mundo una cultura de la legalidad que se refleja en los tratados internacionales y, llegado el caso, en tribunales extra nacionales. Otro objetivo es –desde las posiciones progresistas- impedir el abuso desde el poder, sea fáctico (criminal) sea formal.

Le comenté en mi colaboración anterior que seguramente en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador lo interrogarían sobre la iniciativa de reformas al Código Penal tabasqueño.

La interrogante, como fue formulada, llevaba en sí misma un juicio, pues  se preguntó en relación a una iniciativa “bautizada en redes sociales como ‘ley garrote’. Es una reforma al Código Penal –dijo el interlocutor-, que plantea sancionar con bastantes años de cárcel a quienes bloqueos y manifestaciones. Si usted estaría de acuerdo con una medida de este tipo que ha causado bastante polémica”.

RESPUESTA de López Obrador: “En el caso de la legislación de Tabasco. Tengo información, (que) no es así; se está buscando corregir un vicio, que se sobornaba a autoridades y en particular a Pemex. Para poder llevar a cabo un trabajo de Pemex o una compañía que trabajaba para Pemex, se les extorsionaba, se les cobraba para poder pasar 500 mil pesos a la semana. Eso no, así no es la cosa. Ojalá y el gobernador de Tabasco lo aclare.

Concluyó: “No es para reprimir libertades, es para que no haya sobornos, que no se instaure el moche como forma de gobierno. Se acaba el moche, se acaba el huachicoleo”.

Ayer por la tarde, una vez que 24 de los 35 diputados votaron a favor de las reformas al Código Penal, el gobernador Adán Augusto señaló que se hicieron las adecuaciones necesarias al articulado para evitar malas interpretaciones o argumentos mal intencionados: de lo que se trata –puntualizó- es acabar con el chantaje y la extorsión de grupo o pseudo líderes que impiden el libre tránsito de personas, así como la realización de labores públicas y privadas. Grupos que operan como si fueran delincuencia organizada y aplican el cobro ilegal de “derecho de paso”, como una variante del “derecho de piso”.

AL MARGEN

SOBRE los hombros de por lo menos tres tabasqueños descansarán directamente las acciones y decisiones del estratégico sector de la salud pública: Víctor Lamoyi Bocanegra, como responsable del programa de basificación y regularización de los trabajadores de la Secretaría de Salud federal; Juan Ferrer, a cargo del Instituto de la Salud para el Bienestar y Alejandro Calderón Alipi, al frente del abastecimiento y distribución de medicamentos e insumos médicos. ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )