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* Un sistema tramposo: fronteras abiertas a la delincuencia

* Sistemas jurídicos: lenta colaboración y excepciones mediáticas

* México, la injusticia comienza con la pobreza; cuando dinero es ley

 

Víctor Manuel Sámano Labastida

 

LA GLOBALIOZACIÓN del crimen organizado le lleva varios cuerpos de ventaja a la globalización de la justicia. Es, si se valora en sus consecuencias, la tragedia gubernamental de mayor peso en el siglo XXI. Advertencias hubo. Bertrand Bertossa, procurador europeo, dijo en los años 90s: “es hora de crear una justicia en la que no sólo exista la libre circulación de los delincuentes sino, también, la libre circulación de las pruebas”.  

Con mayor énfasis, el juez español Baltazar Garzón denunció la actitud esquizofrénica de los gobiernos europeos (1998): “¡Hay que acabar con los paraísos fiscales, detergentes de dinero sucio! ¡No se pueden dictar normas y, al mismo tiempo, ofrecer los medios para saltárselas!”, pero fue desechada su propuesta de sancionar “la triangulación bancaria de dinero a través de varios países”. Un dato de la UNESCO (2018) muestra la dimensión del problema: “a trasmano, una organización criminal no tiene más que pagar una comisión de 200 mil dólares para blanquear 20 millones. Hoy día, basta con interponer empresas fantasma y multiplicar los filtros (triangulación del capital) para que no haya nada que hacer, aunque se sepa positivamente que se trata de dinero de la droga”. Esto no sucedería sin infiltrados del llamado crimen organizado (especialmente del narco) en el sistema político y financiero. 

La complicidad entre políticos, financieros y crimen organizado, debe combatirse con pruebas puntuales. La ética y el futuro de la vida pública están en juego. En México, la Fiscalía General de la República aborda en tribunales casos jurídicos relevantes: Emilio Lozoya (Pemex), Juan Collado (abogado de políticos), Rosario Robles (ex secretaria de estado), Carlos Romero Deschamps (sindicato petrolero). Otros litigan en medios.       

GLOBALIZADOS Y DESCOORDINADOS 

 

EL PISO de civilidad y confianza en la justicia se agrieta en cada país, mientras el crimen organizado sonríe al final del expediente. La excepción a la regla, por ejemplo el juicio a Joaquín el Chapo Guzmán en Nueva York, no perfila una transformación del sistema legal imperante, sino simulacros de justicia para consumo de masas. El gobierno mexicano no quiso enjuiciar a Guzmán en el sexenio anterior: lo cedió a suelo estadounidense, para beneplácito de Donald Trump, siempre en campaña y con urgencia de ruido mediático.    

La espectacularidad de algunas acciones no disminuye el ritmo de las ganancias anuales del crimen organizado: 7.5 billones de dólares en América Latina; 33.9 billones en el mundo (reporte UNESCO 2018). Las cifras podrían ser mayores: el crimen organizado no gusta del papeleo.     

La crítica del modelo neoliberal en economía, conlleva la revisión del modelo de justicia a nivel nacional e internacional. Se requiere un esfuerzo estructural  que depende de la coordinación entre países. Ahí estamos en pañales. 

Ejemplo de actualidad: marines de la patrulla fronteriza estadounidense reportaron disparos contra ellos desde el lado mexicano. Con el factor migratorio en juego, la comunicación se antoja estratégica. El canciller Marcelo Ebrard lamentó la situación. Nada se dijo -ni aquí ni allá- sobre mejorar la coordinación entre cuerpos policiales.

Otro ejemplo: declaraciones ‘espejo’ de Donald Trump y AMLO. Trump pidió a México “un mayor esfuerzo para frenar el tráfico de drogas”, mientras que AMLO pidió a EEUU “frenar la venta de armas que luego se introducen a México”. Mensajes en el desierto.

    

MÉXICO LINDO Y QUÉ HERIDO 

 

AL PLANTEAR la función de los jueces en un sistema democrático, los expertos advierten factores en cadena. “Los jueces no actúan aislados y son el último eslabón en la cadena de justicia”. Se comienza con la denuncia ciudadana o la flagrancia del hecho, para dar paso a investigaciones y litigios con presentación de pruebas. Esto requiere tiempo y dinero. Ambos factores son dificultades añadidas a la impartición de justicia. En nuestro país, 52.4 millones de pobres  (CONEVAL 2019) no acceden al primer escalón del sistema de justicia. Ni siquiera presentan la denuncia, porque “los ciudadanos de clase media y baja creen que a los pobres no se les hace justicia”, o “no tienen los recursos para sufragar una defensa jurídica adecuada” (UNAM 2018: “La procuración de justicia en México”). De ahí que, en estadísticas oficiales, “sólo 3 de cada 100 delitos llegan a denunciarse, por falta de recursos o por la sensación del ciudadano de que el tiempo y el dinero invertido no valen la pena”. Los procesos son largos y muchas veces simulados. Ahí se rompe la civilidad.  

En México ya rige el sistema con juicio oral, que demanda habilidades retóricas además de habilidades de investigación. Los jueces no participan en la reconstrucción de hechos: les toca impartir justicia con sentencias apegadas a derecho y coherencia constitucional, que no vulneren garantías individuales o  derechos humanos. Para la impartición de justicia, esto de poco sirve si es deficiente la integración de expedientes por el ministerio público y las fiscalías. Por otra parte, el trabajo de los abogados defensores -generosamente remunerado por dinero de dudosa procedencia- es meticuloso. La democracia moderna tiene esta peculiaridad: los acusados con dinero son muy bien defendidos; las víctimas pueden seguir esperando. 

 

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