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* “Autonomía, como nunca”, dice Arturo Zaldívar, de SCJN

* El complicado lenguaje de los jueces; la realidad apura

* Caso Robles, sin palomas mensajeras: no a la impunidad.         

Víctor Manuel Sámano Labastida

 

EL PRESIDENTE de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, fue elegido el 2 de enero de 2019. Ha sido vigilante jurídico del nuevo sexenio y se le ubica en las cercanías de López Obrador. Una “sana distancia”, aseguran. Ministro en otros sexenios, conocedor de las relaciones entre poderes, este año ha concedido tres entrevistas de largo aliento: Proceso (enero) Milenio (marzo) y Televisa (junio) que permiten visualizar los pendientes del Poder Judicial.

Una postura de Zaldívar sorprendió a los entrevistadores, cuando indagaron sobre la influencia de López Obrador en la Corte, por legitimidad representativa, popularidad y comunicación mediática eficaz: “Puedo decir, con conocimiento de causa, que la autonomía ejercida hoy por el Poder Judicial no tiene comparación en la historia contemporánea de México. Existe respeto irrestricto hacia nuestro trabajo”. La sorpresa (y duda) de los periodistas Álvaro Delgado, Carlos Puig y Joaquín López Dóriga, fue en el sentido de que otros mandatarios “con menos credenciales democráticas” han teledirigido trabajos del Poder Judicial. Saldívar fue enfático: “El Presidente López Obrador cumple su dicho. No tiene palomas mensajeras”. 

Los críticos, es obvio, dudan. Hay hechos que avalan un viraje de relaciones entre poderes. Por ejemplo, la Corte aceptó amparos que detuvieron obras estratégicas del gobierno federal. Esto era impensable en otros tiempos. AMLO se quejó en las mañaneras, pero no cabildeó para “dar línea”. Se necesita la división de poderes para atender los casos jurídicos que sacuden a la República. 

                  

INFORMAR A OSCURAS

 

EL INFORME de labores 2018 del Poder Judicial de la Federación consta de mil 17 páginas. Resulta exhaustivo y lo que le sigue, aunque se pierde en generalidades que eluden la sustancia del trabajo de jueces y magistrados. Quizás resulta previsible, dada la cantidad de información a registrar. De cualquier modo, hay datos indispensables que no aparecen en gráficas legibles y que se arrinconan en anexos laberínticos que fatigan. La letra chiquita gana, como en contratos leoninos. Burocracia opaca, ¿para que no se comprendan labores judiciales? Recordemos: 2018 pertenece al sexenio que se fue. Se espera otro informe para 2019.     

Luego de una revisión del documento en formato electrónico, quedan a oscuras las siguientes cuestiones: 

a) cuántas sentencias se redactan por año, parciales y definitivas, y cuántos jueces hay, lo que incluye de circuito, distrito, de sala y ministros (que son 11). El número de jueces frente al número de sentencias redactadas, daría una idea del tamaño de su trabajo. En la comparación internacional “Índice de Impunidad 2017”, aparece el siguiente dato: México tiene 4.2 jueces por cada 100 mil habitantes, cifra muy por debajo del promedio global que es de 16.23 juzgadores. Por cierto, las cifras mexicanas arrojan que hay 4 mil 800 jueces en México. 

b) cuántos juicios de amparo de atienden por año, y cuántas apelaciones o recursos de revisión. Hay cálculos extraoficiales, que plantean que un juez atiende 500 casos al año, sin importar su complejidad. Es demasiado, pues supone redactar dos sentencias diarias (sin laborar fines de semana).

c) cuántos trabajadores hay en el Poder Judicial, de fijo y eventuales. Una aritmética simple arroja la cifra de 46 mil 869 trabajadores del Poder Judicial inscritos al ISSTE, pero eso deja fuera a otros auxiliares y trabajadores eventuales.

Quedan para tarea periodística aspectos que la naturaleza del trabajo judicial no permite conocer. Quizás después de atendidos los casos, la información pueda fluir. Mientras tanto es un misterio lo siguiente, pues nadie se pronuncia al respecto: ¿por qué o por quién se puede sentir presionado un juez?, ¿hasta qué punto el juez depende de la integración del expediente para redactar su sentencia?, ¿influye su formación política o ideológica, la presión de otras autoridades, los intereses económicos y políticos que entran en juego, o la propia sobrevivencia social del juez? Por lo pronto es misterio en toda regla, lo que genera especulaciones incómodas para el Poder Judicial.

       

TRAZO JURÍDICO Y VERTIENTE POLÍTICA 

 

Mientras tanto, el caso Robles se mira con lupa y las aguas se agitan. Para AMLO, “es positivo el fin de la impunidad”. Los incrédulos escarban en los nexos familiares del juez Felipe Delgadillo, quien dictó prisión preventiva a la ex funcionaria, con Dolores Padierna (diputada de Morena).  Todo se anota, como la reunión del secretario de Hacienda, Arturo Herrera con José Antonio Meade y José Antonio González, ex titulares de Hacienda, la mañana del martes 13 en Palacio Nacional, justo después de fincarse prisión preventiva a Rosario Robles. El Presidente argumentó que “son reuniones usuales del gremio” y “mi gobierno no vigila a nadie”. Robles debe presentar a la autoridad documentos que llegaron a Meade. No es ociosa la petición del Juez para indagar qué sabían Peña y Meade sobre las andanzas de Robles. Hay una larga madeja por desenredar.

 

AL MARGEN

 

SE REPITE la historia del 2002: el PRI no soportó una competencia interna; como tampoco la logró superar en el 2000 para la selección de su candidato presidencial y en el 2006. La salida de Ivonne Ortega adelanta la casi obligada renuncia de Ulises Ruiz y otros inconformes. 

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