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* Combate a la corrupción, prioridad; Gertz, llave de credibilidad.

* Dilema: ¿Película ya vista, o trama inédita con reparto estelar?   

* Pruebas y legalidad, narrativa anticorrupción y cambio de régimen 

 

Víctor M. Sámano Labastida

 

COMBATIR la corrupción fue la clave del giro del discurso que López Obrador dio a su campaña en 2018. Se convirtió así en herramienta estratégica para su gobierno: permitiría ahorrar recursos y recuperar otros, pondría a raya a sus antecesores, justificaría sus políticas de austeridad; además, hacer justicia…y política. Como presidente lo deja claro cuando le piden que defina en pocas palabras su prioridad: “acabar con la corrupción”. 

Esta ruptura con mañas del pasado se cocinó a fuego lento. Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República (con autonomía legal), tiene en sus manos la llave maestra de credibilidad. “Hay que tener cuidado con el método y el procedimiento”, son las únicas palabras que la prensa le arrancó. No quiere usar llave de cristal.          

La prudencia de Gertz contrasta con el arrojo del investigador financiero Santiago Nieto, auxiliar clave (desde Hacienda) en la integración de expedientes/lavado de dinero. Han tenido diferencias públicas. AMLO medió. Nada puede beneficiar o lastimar más al gobierno de López Obrador que la dirección que tome el caso jurídico de Emilio Lozoya Austin, cachorro del neoliberalismo. Con dos visitas virtuales al juez, el caso Lozoya subió la temperatura política. Las audiencias tuvieron esta secuencia: 1) presentación de cargos y pruebas por la FGR; 2) solicitud de FGR al juez para vincular al acusado al proceso; 3) desistimiento del acusado para impugnar pruebas; 4) solicitud del acusado para colaborar con la FGR vía “criterio de oportunidad”; 5) declaración de vinculación y prisión domiciliaria para Lozoya, con brazalete electrónico.  

La narrativa anticorrupción en el caso Lozoya corre por rieles bien aceitados. Esperemos que las trampas que surjan estén previstas y anuladas.

 

EL RÍO POLÍTICO

 

MIENTRAS en México se sitúa al caso Lozoya como “el juicio del siglo” (Ricardo Monreal) y “parteaguas del combate a la corrupción” (AMLO), desde el Instituto Tecnológico de Massachusets (EEUU) llegó una instantánea significativa, por la periodista Dolia Estévez y un estudiante que abordó en clase al inabordable Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores con Peña Nieto, equilibrista del silencio desde diciembre de 2018. Hay dos puntos importantes en las pocas palabras que soltó Videgaray: “Defiendo mi trayectoria” y “he cometido errores”. Las dos ideas no cuadran. 

En la trayectoria de Videgaray se cruzan varias maniobras palaciegas, a dilucidar en sus aspectos legales. Por otro lado, Videgaray elude la magnitud de sus errores. En la cima del poder político –eminencia gris de Peña- no hay errores pequeños. ¿Romperá el silencio en otra ocasión? Dependerá del derrotero que tome el juicio a Lozoya, que habló ante el juez de un “aparato organizado de poder” que se alejó del Derecho. La red de complicidades no tiene nombres todavía. Hay estira y afloja de Lozoya, para amarrar el arreglo de colaboración con la FGR. Veremos que la lista es distinguida y larga.                 

 

BARBAS DEL VECINO

 

EL CASO Lozoya apunta a chuza jurídico/política, pues hay varios ángulos de ataque: sobornos para campañas, aprobación de leyes y negocios fast track. Un elenco estelar debe ser llamado a cuentas, mandarines del poder menguante. Los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa, los exsecretarios Luis Videgaray y Ernesto Cordero, los excandidatos presidenciales Ricardo Anaya y José Antonio Meade. Además, como parte secundaria del elenco aparecen 5 gobernadores panistas, legisladores PRI-PAN que aprobaron sin chistar las llamadas reformas estructurales del peñismo 2012. En medio de la chuza Lozoya se encuentra un quebranto a las finanzas de Pemex, no sólo en los números sino en el carácter estratégico de la paraestatal. El neoliberalismo visualizó el desmantelamiento de Pemex. En contraste, la 4T retorna al cardenismo con la autonomía energética en mira y la ubicación de Pemex como palanca de desarrollo. El guión cambió y el caso Lozoya es vital para comparar políticas.             

 

INTERPRETACIONES EN TIEMPO REAL

 

LAS INFORMACIONES que circularon sobre la primera audiencia ante el juez de Emilio Lozoya Austin (julio 29), provocaron interpretaciones contradictorias. Ejemplo de lo anterior fue que Lozoya declaró haber sido “intimidado y presionado”. La pregunta es: ¿por quién?, y la respuesta contiene sesgos interpretativos que se aclaran por el contexto, aunque algunos periodistas no miran el bosque. Para Raymundo Rivapalacio (El Financiero, julio 30), es el gobierno actual quien ha intimidado y presionado a Lozoya mediante amagos a sus familiares: madre y esposa, que aparecen como prestanombres en triangulaciones financieras. Esta interpretación carece de fundamento contextual. Es decir: no se sostiene, a la luz de la solicitud del abogado defensor de Lozoya para acogerse al “criterio de oportunidad y ayudar al Estado Mexicano a encontrar la verdad”. Por ello, la interpretación que se sostiene es que Lozoya fue “intimidado y presionado” por el gobierno de Peña Nieto, cuando fue director de Pemex y parte integrante de “un aparato organizado de poder”. De otra manera, no tendría sentido que Lozoya expresara ante el juez que en su momento dará nombres. Se ha guardado esa información, mientras la FGR valida su colaboración. Se avecina tormenta para la clase política que gusta de la vieja (a)normalidad. ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )