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*La designación de Delfina Gómez en la SEP, no es casualidad

*Hacia un proyecto de reordenamiento y contra la especulación

*En el sureste los recursos más ambicionados: agua y petróleo

 

Víctor M. Sámano Labastida

 

EL PROYECTO de cambio de régimen encabezado por Andrés Manuel López Obrador desde la Presidencia de la República está en su segunda etapa, de acuerdo a lo que el propio mandatario afirmó al cumplirse los dos primeros años de su llegada al poder. Aunque aún no ha detallado, como acostumbra a hacerlo, cómo serán las siguientes etapas o de cuántas consta su plan, lo que afirmó en una reciente visita a Sinaloa fue que en la primera se establecieron las bases de la Cuarta Transformación, con la fórmula: “cero corrupción, cero desperdicio o gasto superfluo, (nada de) extravagancias”.

El objetivo presidencial es que en lo que resta del sexenio se asegure la continuidad de las premisas políticas iniciales. Habló ya del uso de los recursos y de la distribución hacia abajo. Me parece que también observaremos, en las siguientes semanas y meses, una definición más clara en el equipo de colaboradores identificados con la propuesta lopezobradorista. Lo más visible son las designaciones en su gabinete.

 

LOS ALIADOS HISTÓRICOS

 

ASÍ NO DEBE sorprender la llegada de la maestra Delfina Gómez a la titularidad de la Secretaría de Educación en relevo de Esteban Moctezuma; como tampoco el arribo de Galia Borja Gómez la Junta de Gobierno del Banco de México y María Elvira Concheiro a la Tesorería de la Federación.

Lo mismo puede afirmarse de la designación de Tatiana Clouhtier en Economía y del traslado de Graciela Márquez Colín, ex titular de esa área, a la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI); de Rosa Icela Rodríguez Velázquez, antigua conocida de AMLO desde la Jefatura de Gobierno del DF, para el cargo de secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

Un poco más distante en el tiempo, pero no tanto, fue el nombramiento de un colaborador de todas sus confianzas en la titularidad de la Secretaría de Bienestar, Javier May Rodríguez, en septiembre pasado. 

Algunos cambios han sido obligados por cuestiones coyunturales –la renuncia de los titulares por desacuerdos con el Ejecutivo o por aspiraciones electorales-, otros –los más importantes- como parte de la definición del perfil del régimen pasado el primer momento de la llegada a la administración federal. Lo que está ahora en perspectiva es cómo consolidar el régimen y cómo asegurar su continuidad. Podría decirse que es muy pronto para pensar en el 2024, pero ya han transcurrido dos años y en junio del 2021 hay una prueba fundamental para AMLO: la mayoría en el poder Legislativo, el otro remo de la barca de la 4T.

Habrá otros relevos. Ya ocurrieron los que estaban vinculados a la búsqueda de candidaturas –o a la conclusión de compromisos, como el caso del empresario Alfonso Romo-, ahora los tiene que haber relacionados con el Proyecto de Nación que defiende AMLO y que combaten sus adversarios.

 

¿COMBATE A LA CORRUPCIÓN?

 

UNA VISIÓN de ese proyecto está en el Plan Nacional de Desarrollo que muchos de sus críticos calificaron como un documento más político que técnico. Precisamente en ese documento está la referencia al programa de ordenamiento territorial, cuya aplicación regional firmó el presidente López Obrador con los gobernadores de Tabasco, Adán Augusto López (Morena); de Quintana Roo, Carlos Joaquín González (PAN-PRD); de Yucatán, Mauricio Vila Dosal (PAN); de Campeche, Carlos Miguel Aysa González (PRI) y de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas (Morena).

Aunque el Programa de Reordenamiento Territorial del Sureste fue referido sobre todo a las obras del Tren Maya, en el PND se establece que el objetivo es “construir territorios de paz y bienestar a partir de la reducción progresiva de las brechas de desigualdad socioespacial, pobreza y discriminación que han sido producidas y reproducidas por las políticas neoliberales”. 

En el citado PND se establecen como metas prioritarias: Ordenamiento territorial, para establecer un sistema territorial incluyente, sostenible y seguro centrado en los derechos humanos; el Desarrollo agrario, que reconoce “el papel de la población rural, pueblos indígenas y afromexicanos para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos”; el Desarrollo urbano para “impulsar un hábitat asequible, resiliente y sostenible” y la Vivienda, que busca “garantizar el derecho humano de todas las personas a una vivienda adecuada”.

Varios de estos temas, particularmente el de la vivienda y la seguridad en los asentamientos, son de especial importancia para Tabasco, como nos lo acaban de recordar las tres inundaciones catastróficas. Más de la mitad de los hogares están ubicados en zonas de alto riego.

El Programa de Ordenamiento Territorial firmado el fin de semana por López Obrador según se informó oficialmente “define las reglas del uso de suelo para evitar el desorden, la corrupción y que se respeten los planes de desarrollo urbano en los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán”.

Como le decía, el citado Programa tiene como marco, en el sureste, sobre todo las obras del Tren Maya y un ambicioso proyecto de aprovechamiento de las potencialidades del turismo –muy mermadas ahora por la pandemia-, pero también debe integrar el uso racional de los recursos naturales para el desarrollo. 

 

AL MARGEN

PARA Tabasco es fundamental porque cuenta con los dos elementos que actualmente y en el futuro serán motivo de disputa mundial: el petróleo y el agua. Este último recurso ya es claramente una mercancía y se cotiza en la Bolsa de Valores, como ya sucede con el llamado oro negro. ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )