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*Sólo la cuarta parte de la población califica de efectivas las alcaldías 

*Frenar el deterior de los servicios es mejorar la convivencia

*A la reparación de calles y eliminación de baches, recursos controlados

 

Víctor M. Sámano Labastida

 

CON FRECUENCIA asociamos la inseguridad sólo al delito, ya sea calificado como delito común o del fuero federal, doloso o culposo. Sin embargo en la prevención de la violencia, como lo explicaba alguna vez Vittorio Corasaniti, especialista en derechos humanos, la paz pública y vecinal está relacionada estrechamente con la presencia de la autoridad, del gobierno y de la forma de convivencia.

Cuando en junio reciente el INEGI dio a conocer su Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), el énfasis de los medios se puso en la mayor o menor percepción de inseguridad. Sin embargo se dejó de lado el detalle, como por ejemplo la referencia a la percepción del desempeño gubernamental, así como a los conflictos más frecuentes entre los vecinos. Estos últimos estrechamente relacionados con el quehacer municipal y con la aplicación de normas básicas como los bandos de policía y buen gobierno.

 

COMO TE VEN TE TRATAN

 

EN EL COMUNICADO del INEGI se leía respecto al desempeño gubernamental que “en junio de 2021, 75.9% de la población de 18 años y más manifestó como uno de los problemas más importantes en su ciudad la existencia de “baches en calles y avenidas”, 58.5% el “alumbrado público insuficiente” y 58.2% consideró a las “fallas y fugas en el suministro de agua potable”. Por segunda vez se indaga sobre los “hospitales saturados o con servicio deficiente”, donde se estima que 40.6% de la población de 18 años y más identifica a estos como uno de los problemas más importantes en las ciudades”. A esto se ha referido el presidente López Obrador en fechas recientes; una preocupación por cómo la respuesta a los más complejo comienza por lo básico.

El documento del INEGI nos informó que el porcentaje de la población que consideró al gobierno de su ciudad como “muy o algo efectivo” para resolver los problemas más importantes sólo fue del 26.3% a nivel nacional. Una diferencia la marcaron Piedras Negras (54.5%), San Pedro Garza García (50.5) e Ixtapa – Zihuatanejo (49.7%). Los gobiernos peor calificados fueron los de Tonalá (11.6%), Naucalpan de Juárez (11.9%) y Heroica Puebla de Zaragoza (12.4 por ciento).

Un tema del que poco se habla, pero mucho influye no sólo en la percepción de seguridad y de la eficacia de las autoridades son los  conflictos o enfrentamientos que los vecinos tienen “de manera directa por causa de incivilidades en su entorno: Para las mujeres, “los principales conflictos declarados fueron ruido con un 15.6% y basura tirada o quemada por vecinos con 12.9%, mientras que en hombres fue de 15 y 13%, respectivamente”.

Tenemos entendido, y aquí me referí a este esfuerzo todavía en ciernes,  que los gobiernos buscan consolidar sus llamados mecanismos de mediación y solución de conflictos. Esta labor podría abonar no sólo a la disminución de enfrentamientos y mejorar la convivencia, sino también a la percepción de seguridad y a la prevención de la violencia y delitos mayores. La presencia de la autoridad –no como cargo sino como actitud-, sería un cambio fundamental en nuestra sociedad. La autoridad presente, no ausente; la verdadera ocupación del espacio público. 

 

NO SE UN NEGOCIO, ES UN SERVICIO

 

UN BACHE no es un simple agujero en las calles. Como le decía en mi anterior colaboración, es mucho más que eso: es la expresión del abandono en muchos sentidos. El de la autoridad y el de la población. Pero un asunto aparentemente menor tiene que ver no sólo con la cohesión social, también con el manejo del presupuesto, el material de las obras y el uso de los servicios.

¿Cuánto costará reparar las calles y eliminar los baches en las cien ciudades identificadas por el INEGI y en las que iniciará el plan emergente de AMLO? Si algunos alcaldes ya se frotaban las manos por los recursos que para tapar los baches les asignaría el gobierno federal, más vale que atiendan lo expresado por el Presidente: “lo ideal sería que se crearan comités ciudadanos en las ciudades para estar vigilando que los recursos se apliquen”, y no sean desviados.

De acuerdo a una estimación realizada en 2015, en la capital del país (hoy Ciudad de México), reparar la carpeta donde había un bache costaba 350 pesos por metro cuadrado, erogación que podría elevarse hasta 500 pesos si la mezcla asfáltica corría por cuenta del contratista. De acuerdo a un reporte del diario El Financiero en enero de aquel año, la Secretaría de Obras y Servicios del gobierno capitalino contaba con un presupuesto de 700 millones de pesos anuales para el programa de bacheo. 

Nada más para que se tenga una idea, siguiendo con lo publicado por el matutino citado, si la reparación de calles se hacía “por administración” (esto es con personal de gobierno y maquinaria propia) el costo era mucho menor que si se hacía “por contrato”.

Seguramente AMLO decidirá que se haga por el mecanismo de mayor costo y mejor control. Además, como señaló, “el problema de los baches no se resuelve con gasto en mantenimiento y luego vienen las lluvias y ahí está el bache, sino de poner hasta calles de concreto, siempre y cuando se tenga agua, drenaje y si los vecinos quieren gas”. Porque otro de las recurrentes cuestiones es que se pavimenta una calle y luego se horada para introducir los servicios. ¿Cuál es la respuesta? Planificación.

ALO MARGEN

HAY QUIEN ha sugerido, y este columnista comparte la idea, que en algunas localidades se utilice un antiguo sistema todavía vigente: el de las juntas de mejoras materiales o el trabajo en tequio (comunitario). Sobre las juntas habrá que escribir algo más porque ahí estaría parte del “alma” de una verdadera transformación. ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )