Escala Crítica/Columna diaria
*Ratificación o invalidación, un largo camino legal
*De los casos de Tabasco y Colima, a las presidenciales
*Núñez: voto auténtico, voto comprado y el proceso
Víctor M. Sámano Labastida
EN LA ÉPOCA del llamado sistema de partido casi único bastaba la decisión del Presidente en turno para que un gobernador o un alcalde fueran depuestos o unas elecciones se declararan válidas. El cargo del Jefe del Ejecutivo era decidido por una cúpula alejada de toda intromisión del ciudadano común. En la etapa contemporánea, por lo menos dos elecciones a gobernador fueron anuladas, una de Tabasco y otra de Colima, y varios comicios municipales han seguido la misma ruta.
En las elecciones del 2006, cuando la contienda entre Felipe Calderón del PAN y Andrés Manuel López Obrador del PRD fue sumamente cerrada y no exenta de irregularidades –el propio Vicente Fox, presidente, fue amonestado por un tribunal-, los cuestionamientos legales llegaron hasta el Tribunal Federal Electoral (Trife). Tuvieron que pasar varias semanas después de las votaciones para que, hasta el 5 de septiembre de ese año, los magistrados resolvieran declarar válidas las elecciones y el triunfo de Calderón.
ELUDIR LOS CANDADOS
HUBO inconformidad. Siguió una intensa, larga y polémica movilización opositora.
Vino una reforma electoral que buscó cerrar las puertas a las irregularidades; pero esa modificación en las leyes, con toda la experiencia del 2006, quedó trunca. No es una opinión de este columnista; es la constatación de un hecho que sin duda llevará a otra reforma electoral. Lo mismo sucederá en Tabasco.
En el año 2000, los magistrados federales resolvieron anular las elecciones de Tabasco, en las que compitieron Manuel Andrade Díaz (PRI), Raúl Ojeda (PRD) y José Antonio de la Vega (PAN). Entonces no se habló de compra de votos, coacción, sino de una suma de factores que llevaran a la novedosa y debatida causal de nulidad abstracta. Una calificación cualitativa más que cuantitativa, en torno a la legalidad y legitimidad del proceso electoral.
Este mismo criterio sirvió para que en el 2003 se anularan también las elecciones para gobernador en Colima. En el 2006, López Obrador buscó la anulación de las elecciones presidencial reclamando que el Trife aplicara el criterio asumido en Tabasco y Colima; los magistrados desecharon los argumentos, sostuvieron que la nulidad abstracta no era aplicable y sólo procedieron en términos administrativos.
Pero en el 2011 el criterio de “nulidad abstracta” –que califica todo el proceso electoral y no sólo las presuntas irregularidades el día de la jornada, o un número limitado de elementos- fue retomado para obligar a repetir las elecciones municipales en Morelia, Michoacán.
Ayer López Obrador anunció que para impugnar con el reciente proceso electoral para la Presidencia seguirá dos vías: un juicio de inconformidad para invalidar las elecciones y un Plan Nacional para la Defensa de la Democracia y la Dignidad.
MUCHA MESURA
EN EL JUICIO legal que comenzó con la entrega de evidencias y alegatos del equipo del candidato izquierdista un personaje del Trife tendrá los reflectores, aunque no está entre los tres encargados del dictamen. Se trata del magistrado Manuel González Oropeza, autor de una tesis que de alguna forma sustituye a la llamada “nulidad abstracta”; para este integrante del Trife un proceso electoral debe revisarse a la luz de lo establecido en la Constitución y no sólo en las leyes de la materia.
Si bien es cierto que González Oropeza plantea que las leyes electorales mexicanas son tan complejas que “prácticamente no dejan márgenes” para un fraude, también sostiene la calificación de los comicios tiene que hacerse sin filias ni fobias.
Hemos tenido anulación o invalidación de elecciones para gobernador, para diputados, o para presidentes municipales. Pero no anulación o invalidación de elecciones para presidente de la República. Es un tema muy delicado, pero es saludable que se discuta de manera responsable y con apego a las leyes
El doctor Lácides García, rector de la Universidad Olmeca (Villahermosa, Tabasco), sostuvo en un reciente programa de radio y televisión del Grupo Presente Multimedios que lo saludable de este proceso de calificación electoral es que si Enrique Peña Nieto es ratificado por el Trife llegará al gobierno con el respaldo institucional de haberse agotado todos los mecanismos legales. Lo mismo sería en el eventual caso contrario, difícil pero no imposible, el de la invalidación de las elecciones. A quienes buscan descalificar de antemano el reclamo opositor habrá que señalar que existen caminos protegidos por la propia Constitución y las leyes: el derecho a la manifestación y el recurso de los tribunales.
Lo importante, señaló el doctor García Detjen, es que no se abandone el cauce de la Constitución.
Vienen días en los que se pondrán a prueba la tolerancia, la mesura, la reflexión y el máximo cuidado para mantener los reclamos dentro de los términos de la civilidad y el pacifismo. El trife tiene hasta el 6 de septiembre para emitir su fallo.
LO QUE DIJO Y NO DIJO
ES “IMPOSIBLE, probar compra de votos”, sostiene Arturo Núñez, reportó El Universal (11/VII/2012). Ese mismo día, la edición nacional del diario Milenio llevó como nota principal: “Ebrard (Marcelo) y Núñez (Arturo) desinflan el caso compra de votos”. Le comento a Julio Pretelín, periodista que ha acompañado al ahora gobernador electo desde finales del año pasado cuando el político tabasqueño todavía era senador en funciones, que algunas personas me han preguntado si “Arturo le volteó la espalda a López Obrador”.
“De ninguna manera, es una interpretación sesgada, interesada, fuera de contexto, de lo que dijo el licenciado Núñez”, responde.
En efecto, me remite a lo expresado por el senador con licencia el 10 de julio. Habló de la necesidad de una nueva reforma penal que incluya especificaciones en materia de delitos vinculados a las elecciones. También se refirió a un tema que hemos mencionado en estas columnas: cómo los actores políticos y las mismas autoridades, en lugar de actuar conforme a la ética de la competencia democrática y al espíritu de la ley buscan las ranuras o lagunas para evadir las normas.
Con respecto a la eventual compra del voto Núñez dijo algo muy lógico: “Los votos que están en las urnas ahí están. Si fue voto comprado o fue voto libre, eso usted no lo puede decidir en la urna, tiene que ser lo que pasa en la casilla, donde le quitan la credencial, se la condicionan, si retratan la boleta, si tuvieron que entregar en la operación carrusel, es decir, la probanza está fuera de la casilla, dentro de la urna no se puede afirmar”.
No es, como se difundió, que sea imposible probar la compra de votos. Lo que resulta imposible es partir del voto que está en la urna para calificar si hubo compra o no. Resulta obvio, porque además la compra o condicionamiento tiene muchas modalidades. (
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