Escala Crítica/Columna diaria
*Autos robados y 150 mil placas; dinero lavado, malos controles
*En Nuevo León un mercado de metales para autos robados
*México, en los últimos sitios de fortaleza institucional
*Desigual desempeño de gobiernos en la República Mexicana
Víctor M. Sámano Labastida
EN MÉXICO se “lavan” anualmente unos 26 mil millones de dólares; recientemente en Nuevo León fue denunciada la desaparición de 175 mil juegos de placas; el servicio de aduanas en nuestro país ocupa el primer lugar entre 10 instituciones con mayor riesgo de corrupción. Todos los días las noticias nos remiten a algún acto delictivo de alto impacto desde las instituciones. Hace un año se publicó en Washington el “Índice del Estado de Derecho” en el mundo; nuestro país se ubicaba en el lugar 63 de 66 países en “fragilidad institucional”.
Actualmente estamos viviendo un debate en torno a denuncias sobre presuntos delitos cometidos durante el proceso electoral. Preocupa que existe la convicción en un amplio segmento de la sociedad de que sea cual sea la decisión de los tribunales “no se aplicará la ley”.
Esta percepción no es sólo un capricho de la llamada “opinión pública” –movida por sus expectativas, intereses y el tipo de información a la que tienen acceso-, o la “opinión publicada”; responde también a evaluaciones más elaboradas, como el citado Índice elaborado por el World Justice Project. Esperemos conocer el reporte de este año, pero me temo que no cambiarán para bien las calificaciones.
NUESTRAS DEBILIDADES
LAS NOTICIAS que conocemos diariamente indican que más que las famosas “reformas estructurales”, que en realidad son adecuaciones al esquema neoliberal y globalizador del capital, lo que México requiere es una respuesta a la “fragilidad institucional” que para el pueblo de a pie se expresa en la inseguridad.
Veamos el ejemplo de los 175 mil pares de placas para automóviles extraviados, sustraídos o robados en Nuevo León:
Un funcionario del Instituto de Control Vehicular de aquel estado –algo así como un Renave local-, detectó el faltante de más de 150 mil paquetes de placas. Este personaje acudió a un alto mando del gobierno estatal, le comentó lo descubierto y éste le recomendó hacer la denuncia de manera formal.
Según reportes del diario Reforma (19/VII/2012), el funcionario (ahora ex) decidió informar por correo electrónico a la Contraloría de aquel estado y huir de Nuevo León, esconderse. Hasta aquí podríamos plantear que el denunciante estaba involucrado –como seguramente es la primera hipótesis de la policía- o sabía el grave riesgo que corría, como sucede en este país con todo aquel que delata algún delito, más si es referido al crimen organizado.
Los reportes periodísticos indican que las placas robadas podrían estar siendo usadas para regularizar ilegalmente vehículos, encubrir autos robados o, como refiere El Universal: “Antes del hurto masivo, este instituto (IV) habría reemplacado autos con reporte de robo que después fueron llevados a Veracruz para realizar otros trámites y quedar en regla”, vinculándose a otras actividades criminales en Coahuila, Tamaulipas y otos estados.
Por cierto, durante el año pasado en todo el país fue reportado el robo de unos 82 mil 500 vehículos asegurados. La cifra total es superior y aumenta anualmente.
Retomo el tema de la “fragilidad institucional” puesta en evidencia también por la denuncia en Estados Unidos del involucramiento de sucursales bancarias que operan en México en un complejo sistema de lavado de dinero.
El “Índice del Estado de Derecho” califica factores como poderes gubernamentales, corrupción, derechos fundamentales, acceso a la justicia civil o el estado del orden y la seguridad.
Mientras que Chile se ubica como el mejor calificado en América Latina, seguido de Brasil (aunque con malas notas en “orden y seguridad”), México aparecía con avances en materia de libertades democráticas pero un deficiente sistema judicial. Se lee en el estudio que en México hay “debilidades de la investigación criminal y los sistemas de adjudicación, una discriminación prevalente contra grupos vulnerables, corrupción entre los jueces y los agentes de la ley y graves violaciones del debido proceso y derechos de los acusados”.
También reporta “fracaso a la hora de procesar a agentes del gobierno que cometen violaciones (de la ley) y actos de corrupción”.
En el debate actual, como resultado de las inconformidades por el proceso electoral, se pone a prueba otro aspecto de la institucionalidad en México.
MÁS QUE CAMBIAR COLOR
NO SOLO EL PRÓXIMO gobierno estatal encabezado por Arturo Núñez, también los presidentes municipales surgidos del Movimiento Progresista, los diputados locales, los senadores y diputados federales, tendrán que trabajar a fondo para demostrar que la alternancia va más allá de un cambio de partido por otro, es una forma distinta y mejor de atender las demandas sociales, aseguraron por separado la senadora con licencia Rosalinda López, futura diputada plurinominal, y el diputado federal electo Gerardo Gaudiano. En lo mismo coincidieron los senadores electos Adán Augusto López, Fernando Mayans y el diputado electo Marco Rosendo Medina. La atención de los ciudadanos estará en el quehacer público del bloque progresista.
AL MARGEN
DESDE 2006 EXISTE EN México un Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (MAES), lo que indica la gravedad de la marginación de los jóvenes en el sistema escolarizado. Hay un proceso que se inició, o por lo menos se agudizó hace unos 20 años, al contraerse la oferta de espacios educativos en el sector público. En los dos procesos de selección de aspirantes a ingresar a la UNAM realizados este año –febrero y junio-, en total fueron rechazados 173 mil 500 jóvenes.
LA LETRA con trampa entra, podríamos concluir ante la noticia de que la SEP admitió que una copia del examen de evaluación universal para los profesores fue sustraída y vendida a algunos sustentantes de la prueba. Según La Jornada, ese documento podía ser adquirido en un mil 500 pesos. Aunque las autoridades electorales descartan que se haya afectado la validez de la prueba, presentaron una denuncia ante la PGR. Pudo no ser determinante, como acostumbran a decir los jueces electorales, pero hubo profesores que compraron el cuadernillo.
PENDIENTES del anuncio de Andrés Manuel López Obrador sobre su Plan de apoyo a las impugnaciones. ¿En puerta la resistencia civil?
(
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
)
