Escala Crítica/Columna diaria
*Guanajuato, en septiembre; Jalisco, marzo; Tabasco, enero
*Necesario traspaso ordenado de la administración estatal
*Entre el pacto de civilidad y acuerdo de gobernabilidad
Víctor M. Sámano Labastida
EL TRASPASO del poder entre un gobierno de la República y otro en México es una de las más largas transiciones de América Latina, afirman quienes consideran que debe modificarse el tiempo de espera de cinco meses entre la jornada electoral y la toma de posesión del nuevo Presidente debe modificarse. En Tabasco, como resultado de las recientes reformas legales, se extendió a seis meses una etapa que primero duraba menos de dos meses y medio cuando las elecciones eran en noviembre, y posteriormente casi tres meses cuando las votaciones eran en octubre.
No existe una norma general entre los comicios, la declaratoria de una autoridad electa y el ejercicio formal de la administración.
NO HAY UNA REGLA
EN ESTADOS Unidos las elecciones son en noviembre; el Presidente electo asume funciones en enero. En Francia la primera vuelta de las elecciones son a finales de abril, la segunda vuelta el 6 de mayo; el relevo en la Presidencia ocurrió este año el 15 de mayo. En Brasil, la primera vuelta de las votaciones fue el 3 de octubre, la segunda el 31 del mismo mes y en enero siguiente -60 días después- asumió el nuevo gobierno.
En México, como resultado de las elecciones de julio, Graco Ramírez (PRD), tomará posesión como gobernador de Morelos el uno de octubre, tres meses después de la jornada electoral; Manuel Velasco (PRI-PVEM), recibirá formalmente el mando de Chiapas el 8 de diciembre, cinco meses después del uno de julio; Rolando Zapata Bello (PRI) tomará posesión en Yucatán 90 días después de las votaciones.
Manuel Mancera (PRD, PT-PMC) ocupará el cargo de Jefe de Gobierno a partir del 5 de diciembre. En Guanajuato, Miguel Márquez (PAN) asumirá la gubernatura el 25 de septiembre, menos de tres meses posterior a su triunfo. El caso extremo es el de Aristóteles Sandoval (PRI) en Jalisco, quien comenzará a despachar hasta el uno de marzo del año próximo. Pasados nueve meses.
En unos casos sigue un gobierno del mismo partido, en otros ocurrirá la denominada alternancia. Un cambio de color partidista.
¿Poco o mucho tiempo?, ¿un relevo terso o accidentado? Depende del uso de los días y de los acontecimientos.
PACTOS E INTENCIONES
POCO ANTES de las votaciones del uno de julio diversos sectores, especialmente los representados en las cámaras empresariales, insistieron en un “pacto de civilidad” que tenía como objetivo básicamente que los candidatos y los partidos respetaran los resultados de los comicios. Que no se manifestaran y hasta, en una interpretación errónea, que no impugnaran el dictamen oficial.
Hubo ajustes para garantizar el ejercicio de las herramientas legales. El Pacto firmado el 28 de junio por los candidatos a la Presidencia estableció, entre otras cosas, el rechazo a la violencia, impulsar la “sustitución pacífica” de los poderes Legislativo y Ejecutivo; también el compromiso de propiciar condiciones equitativas, transparentes y libres para los votantes.
En Tabasco sólo Jesús Alí (PRI), firmó un documento de cobertura estatal impulsado por Daniel Vázquez (Coparmex-Tabasco) y Omar Medina (Junta Coordinadora Empresarial).
¿Por qué recordar ahora el Pacto de Civilidad federal?
Las elecciones pasaron y aunque a nivel de Presidencia de la República sigue pendiente la resolución de los tribunales a la queja de Andrés Manuel López Obrador, en Tabasco, coexisten un gobernador electo y uno en funciones.
Esta convivencia entre dos mandatarios no debería ser motivo de confusiones. Pasarán 180 días desde la jornada electoral hasta la toma de posesión. Mientras tanto, el gobernador en funciones es el mandatario responsable de la administración del poder y los recursos públicos estatales. El encargo concluye el último día del año de acuerdo a lo establecido por la Constitución. También válido para los gobiernos municipales y para los diputados locales.
Podría parecer evidente, pero no lo es.
Se trata de un hecho inusual en Tabasco, porque sólo había ocurrido hasta antes de 1976, cuando gobernó la entidad Mario Trujillo quien impulsó las reformas para que entre las elecciones y la llegada del nuevo gobierno sólo transcurrieran dos meses y medio. Cambiaron las condiciones legales a partir del 2012. Y se modificaron las condiciones político-partidistas.
A la vista de una serie de acontecimientos que se registran en estos días –huelgas magisteriales, bloqueos de carreteras, reclamo de pagos-, bien valdría plantearse la necesidad de una especie de “pacto de gobernabilidad”, para que no se generen conflictos artificiales y para que se atiendan los problemas reales que tienen solución inmediata y a mediano plazo. Dejarle los conflictos “al que viene” pero aún no llega sería un mal cálculo. Tendría altos costos no para los futuros gobernantes sino para la sociedad.
Sabemos que un proceso de alternancia como el que vive Tabasco y que se concretará en enero próximo implica el traspaso formal de la administración y la estructuras de gobierno a otro partido o si se quiere a otro grupo dominante; las cuentas, los recursos, sobrantes y déficits. Pero también, como lo señaló el investigador Emilio Duhau (UAM Azcapotzalco) en un interesante estudio sobre los grupos corporativos y clientelares, deberá gobernarse con o frente a fuerzas políticas formales e informales. De los gobernantes saliente y entrante depende que el traspaso del poder ocurra en paz y de manera propositiva. ¿Un pacto de gobernabilidad? Puede ser, aunque no lo veamos por escrito.
AL MARGEN
ALGO SUCEDE con los servicios municipales en varias localidades tabasqueñas. Por lo menos durante una semana el camión recolector de basura dejó de pasar por comunidades como Las Gaviotas, La Manga y otras en Villahermosa. Los montones de basura son arrastrados por las corrientes de las lluvias recientes. Las autoridades sostienen que no hay problema de recursos.
EN LA COMUNIDAD de Nuevo Jerusalén, Michoacán, se puede observar un llamado de alerta frente a los fanatismos. Unos tres mil pobladores viven bajo un régimen anticonstitucional y de limitación ilegal de las libertades. Está prohibido jugar futbol, leer los periódicos, ver televisión y estudiar, ente otras cosas. Varios habitantes fueron heridos cuando quienes mandan en ese pueblo les impidieron llevar a sus hijos a la escuela primaria. En otras comunidades de Chiapas, Puebla, Edomex, quienes tienen un a religión contraria a la “dominante” son expulsados de sus hogares. (
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