Escala Crítica/Columna diaria
*En industria petrolera, garantizar derechos sociales
*Nuevo sistema para digitalizar expedientes médicos
*Pre-precampañas electorales, una liebre para el IFE
Víctor M. Sámano Labastida
AHORA QUE se anunció oficialmente la adjudicación de tres contratos para que empresas privadas extraigan petróleo en territorio nacional, se revive el debate sobre la propiedad de los recursos del subsuelo. Hay dos posiciones opuestas en los extremos: la de quienes creen que sólo en manos privadas la industria puede ser eficiente y la de quienes sostienen que basta con que el petróleo esté manos de una burocracia pública para que sea de los mexicanos.
Los “contratos incentivados” entregados a una empresa extranjera y una mexicana, precisamente en yacimientos tabasqueños –más los que ya se anuncian para Chicontepec-, pondrán a prueba la capacidad del Estado mexicano para cumplir y hacer cumplir las leyes. Aunque ya especialistas como Javier Jiménez Espriú –ex funcionario de Pemex-, reiteraron ayer su postura de la inconstitucionalidad de los nuevos contratos.
Retomo algunas conclusiones de la doctora Miriam Grunstein, a quien me refería ayer por su documentada obra “De la caverna al mercado. Una vuelta al mundo de las negociaciones petroleras”, en torno a aspectos que deben ser resueltos y que son también cruciales para Tabasco, estado petrolero.
Advertía Grunstein que no hay negocio en un ambiente institucionalmente endeble: “Los bandazos entre sistema contractuales, las expropiaciones y los estallidos sociales ya tendrían que haberles enseñado (a empresas y gobierno) que la discordia social es, a la media o a la larga, mala para el negocio”.
“No hay cláusula en un contrato –indica la investigadora- que proteja a las empresas de los efectos de la falta de transparencia, la debilidad institucional, la inestabilidad jurídica y las condiciones que afectan directamente a la población como las condiciones fácticas y regulativas de seguridad, salud y medio ambiente”.
Recuerda que “aunque los contratos sean celebrados entre órganos de gobiernos –o empresas estatales- y las empresas “invitadas”, es cierto que los contratos petroleros no son actos socialmente inter alia, es decir, que afecten únicamente a las partes firmantes. Por la magnitud de los intereses en ellos, las negociaciones petroleras son decisiones de Estado (no de gobierno) de largo plazo que, si no se basan en un acuerdo social, pueden ser dolorosamente efímeras. El costo de los acuerdos rotos lo pagan todos: las empresas, los gobiernos y la población, aunque no lo sepa ni sienta de forma inmediata.
Sostiene –y me parece que por la experiencia en Tabasco se suscribiría tal juicio- como “mala señal” que los temas de seguridad, salud y medio ambiente prácticamente estén ausentes de las discusiones oficiales sobre la industria petrolera. Después de lo ocurrido en el Golfo de México, con la plataforma siniestrada (abril de 2010), es necesario revisar las responsabilidades de las empresas. En fin, que el tema estará en los diarios por estos días.
DE SALUD Y PRIVACIDAD
EN TODO el país se viene aplicando un programa para digitalizar los expedientes clínicos y el registro de asistencia médica con huellas dactilares. Según informó el secretario de Salud estatal, Luis Felipe Graham, será en septiembre cuando en Tabasco se establezca este sistema para los derechohabientes del seguro popular, clínicas y centros de salud. Teóricamente, con este programa, los usuarios de los servicios médicos tendrán mayor certidumbre y habrá un mayor control en sus diagnósticos.
De acuerdo a lo explicado oficialmente, mediante los expedientes clínicos digitalizados, la historia médica de las personas comenzará con los registros de su huella digital, los niveles de glucosa y la presión arterial.
Es sin duda fundamental que exista un registro más seguro de la historia médica de quienes acuden a consultorios públicos. Porque además deberá permitir un registro de los diagnósticos.
Quizá lo que podría despertar cierta preocupación es que el mismo sistema de registro será utilizado para quienes reciben el Programa Oportunidades del gobierno federal, un mecanismo de subsidios para marginados. Sobre todo porque nuestro país tiene una larga historia de uso indebido de los datos personales para objetivos políticos.
Existe ya una ley que regula el uso de los datos personales por parte de las dependencias públicas. A partir de enero próximo también las empresas privadas estarán obligadas a resguardar los datos personales de sus clientes.
GRACIAS A LOS AMIGOS
¿CÓMO ESTÁ eso de las precampañas? No parece haber duda que la ley electoral sólo contempla las precampañas y campañas a partir de iniciado el “proceso electoral”, esto es cuando se instala oficialmente el consejo respectivo y da la voz de arranque. Aunque sigue la confusión entre lo que es la actividad política permanente y la actividad de promoción de candidaturas.
Sin embargo, ayer la diputada Josefina Vázquez Mota (PAN) afirmó que en sus aspiraciones presidenciales no está usando recursos públicos, sino “aportaciones de amigos y recursos míos”. ¿Está en campaña? Y no es el único caso, aunque quizá la que habló con más franqueza…o ingenuidad.
Vázquez Mota es, actualmente, una de las punteras en las preferencias panistas junto a Santiago Creel, que ya pidió licencia al Senado. Aunque Ernesto Cordero y Alonso Lujambio aseguran que remontarán la diferencia.
AL MARGEN
“ME VERÁN en las boletas electorales”, es un dicho que se escucha de voz de casi todos los aspirantes a cargos de elección para el 2012. A este paso le tendrán que poner un segundo piso a las boletas…y a las urnas.
MENCIONÉ líneas arriba al ingeniero Jiménez Espriú. Conocido también por su actividad política y académica, escribió hace poco una frase lapidaria: “¿Un Pemex como Petrobras?, ¡mejor un presidente como Lula!”
COMENTABA un ciudadano de a pie, leyendo las noticias sobre la Bolsa de Valores: “No se que significan los índices tal o cual, lo que si entiendo es que son muy malas noticias para los que vivimos de nuestro salario, aunque no coticemos para obtener ganancias”. (
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