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Home Escala Crítica EL DERECHO A LA VIVIENDA, PRIVILEGIO Y ESPECULACIÓN

EL DERECHO A LA VIVIENDA, PRIVILEGIO Y ESPECULACIÓN

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Escala Crítica/Columna diaria
*Un hogar, condición básica para una vida digna
*Establecer este derecho en la constitución local
*Frustrado intento para blindar de crítica a políticos

Víctor M. Sámano Labastida

LA VIVIENDA o el derecho al cobijo de un hogar “es una condición esencial para que puedan realizarse otros derechos”, sostiene el constitucionalista Miguel Carbonell. A principios de año, la Cámara Nacional de la Vivienda (Canadevi) reportaba un déficit de ocho millones de casas en el país. Hay construcciones disponibles y capacidad para edificar otras más, pero no existe la solvencia económica para adquirir una vivienda. La contradicción entre un derecho y su aplicación no es nueva en México.

Según el Consejo Nacional de Población, en la República hay unas 28 millones de familias; esto quiere decir que por lo menos una de cada cuatro familias carece de morada. Si abundamos en el derecho a contar con una “vivienda adecuada”, la carencia es mucho mayor. Aún más, como lo hemos visto en los recientes reportes de Presente, construcciones recientemente entregadas no cumplen los requisitos de habitabilidad, calidad y apego a las normas legales, exigencias de drenaje y planeación urbana.
Un problema entre particulares –el de la compra venta de una vivienda- se puede convertir en una seria dificultad para la administración pública, porque la solución de estas fallas termina endosándose a los gobiernos federal, estatal y municipal. Los negocios privados tienen costos públicos.

SIN OPCIÓN DE DEFENSA

LA VIVIENDA es un derecho constitucional a nivel federal (Artículo 4º).
Recientemente se aprobó una nueva Ley de Vivienda en Tabasco. Una buena parte de la iniciativa votada por los diputados proviene de un documentado estudio realizado por José Alberto del Rivero y Miguel Romero Pérez. Sin embargo queda pendiente –como ya lo habían hecho notar los autores citados- solventar la falta de una mención específica en la Constitución local del derecho a la vivienda.
Tabasco se encuentra entre las entidades que omiten esa referencia en su Carta Magna, lo mismo que Baja California, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas y Tlaxcala.
¿Qué se consigue con la inclusión de ese derecho en la Constitución local? Expresó Del Rivero que esto daría certeza jurídica y patrimonial a las políticas públicas de vivienda, legitimaría el derecho a la igualdad y a la justicia en la adquisición de una vivienda adecuada, al tiempo que abriría la posibilidad de acceder con mayor facilidad a la propiedad de una vivienda así como el patrimonio de la familia.
Recuerda Del Rivero que “el interés por el derecho a la vivienda se presenta a raíz de los graves problemas que enfrentan y siguen enfrentando los mexicanos para adquirir una casa, así como de los embargos hipotecarios agudizados a partir de 1995 que dejaron y siguen dejando a millones de mexicanos sin hogar debido a los créditos usureros”, quedando sin opción de defensa a las familias. (La vivienda como derecho constitucional, UJAT 2010)
En el 2009 se reportó que Tabasco se encontraba entre las nueve entidades con un déficit de 30 por ciento en la construcción de casas-habitación. No se edificaban las que requería la demanda. Los otros estados con baja oferta eran Baja California Sur, Guerrero, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Yucatán. A esto añadimos que las inundaciones consecutivas del 2007, 2008, 2009 y 2010 obligaron a revisar la ubicación de por lo menos unas 20 mil casas habitación.
Pero como bien señala Del Rivero, a los desastres derivados de las inundaciones se añade una falta de protección legal a los propietarios y adquirientes de viviendas.
 
DIVINA TENTACIÓN

EL DIPUTADO por Jalisco, Arturo Zamora Jiménez no resistió la tentación de aportar sus esfuerzos contra la libertad de expresión. Propuso una reforma penal para castigar con cárcel hasta por nueve años a quienes ofendan a candidatos, partidos, coaliciones y funcionarios.
La propuesta de Zamora decía: “Artículo 412 Bis. Se impondrán de cien a doscientos días de multa y prisión de uno a seis años a quien injurie o difame a las instituciones, autoridades electorales, partidos políticos, precandidatos, candidatos o coaliciones; si el responsable fuese funcionario electoral, funcionario partidista, precandidato, candidato o servidor público, la pena será de 200 a 300 días de multa y prisión de dos a nueve años”.
Publicó el diario El Universal que Zamora fue vinculado al crimen organizado por la DEA (policía antinarcóticos) en un reporte del 2006. Ante las críticas el diputado jalisciense retiró su iniciativa que iba a ser presentada al pleno de la Cámara.
En 2007, una reforma a las leyes electorales estableció una especie de mordaza a los candidatos prohibiéndoles criticar a sus oponentes. Inclusive esa censura previa hace que varios aspirantes a cargos de elección popular eviten hablar de sus proyectos, mientras que otras han encontrado la manera de eludir la ley.
Se entiende que la guerra sucia, la propaganda negativa de la que se abusó en el 2006 hizo reaccionar a políticos y autoridades. Pero se fue al otro extremo, al pretender prohibir toda crítica o dejarlo a interpretación de los jueces.
Por fortuna no pasó la nueva mordaza federal. Pero siempre existe la tentación de prohibir la crítica, aunque como siempre la libertad termina por abrirse paso.

AL MARGEN

EN EL PRI dos aspirantes a la gubernatura se sumaron a quienes dicen “estaré en las boletas”. Luis Felipe Graham, secretario de Salud, y Candita Gil Jiménez, rectora de la UJAT hicieron explícito lo implícito; en el PRD, el diputado Adán Augusto López anunció que este mismo mes formalizará su licencia para buscar la postulación de su partido. El senador Arturo Núñez esperará a que termine el actual periodo de sesiones; quizá haga lo mismo Rosalinda López.  El PAN espera primero elegir dirigente. ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )
 

 

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