*Del programa de prevención de la Segob al Ciudadano Vigilante

*Más recursos no implican mayor eficacia; requiere corresponsabilidad

*Riesgo de expansión de los delitos comunes; impunidad y pobreza

 

Víctor M. Sámano Labastida

 

COMO hace tres, seis, nueve, doce años, la inseguridad y el desempleo son temas de campaña electoral. En el 2006 la preocupación por la delincuencia común escaló para poner en primer lugar el combate a la delincuencia organizada. Más aún, Felipe Calderón confundió la seguridad pública con la seguridad nacional. La “guerra” a los criminales salió a las calles. Reportes de la Auditoría Superior de la Fiscalización (ASF) indican que a mayor gasto en combate al delito mayor es la violencia contra la población. Algo, o mucho, se está haciendo mal.

El viernes pasado la administración tabasqueña anunció una etapa del proyecto “Ciudadano Vigilante”, con la próxima instalación de 600 videocámaras de Villahermosa. Habrá, dijo Raúl Ojeda, secretario de Gobierno, vigilancia a control remoto en las 16 entradas y salidas de la capital y 40 cruceros identificados como zonas de riesgo por la acción delictiva. El objetivo es –se dijo- cubrir los 17 municipios a más tardar cuando concluya el año.

El PRI arrancó este año su campaña electoral poniendo énfasis en la inseguridad…en Tabasco. Los otros partidos (PRD, Morena, PAN) han pedido contextualizar el combate al crimen y a la delincuencia común. El procurador Murillo Karam había advertido que el desmantelamiento de las bandas del narcotráfico traería consigo el incremento de otros delitos.

 

LAS BANDAS NO SON UNA ISLA

PREVIAMENTE al anuncio de “Ciudadano vigilante”, en la capital tabasqueña se habían identificado varias colonias y asentamientos con mayor incidencia delictiva. En marzo de 2013, el alcalde de Centro, Humberto de los Santos, afirmó que las áreas incluidas en los polígonos de seguridad por el gobierno federal (Segob) se ubicaban en las colonias Gaviotas, Tamulté de las Barrancas, Atasta de Serra, Primero de Mayo, Miguel Hidalgo, Ciudad Industrial y Tierra Colorada.

Apenas un mes antes, en febrero de 2013, el subsecretario de Segob, Roberto Campa Cifrián, anunció su Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Entre las 57 zonas prioritarias en todo el país –donde se registraba el 40 por ciento de los delitos- se contaba ya Centro, Tabasco. El estudio de Segob refería datos de la incidencia delictiva hasta el 2012.

El plan del gobierno federal consistía –o consiste- en focalizar los recursos para la prevención del delito primero en las 57 demarcaciones, para luego en una segunda etapa abarcar 100 zonas y una tercera fase tendría que cubrir 251 municipios y delegaciones para un programa de subsidios.

Habrá que recordar la explicación que Campa Cifrián dio a los senadores cuando expuso los lineamientos para la prevención de la violencia y la delincuencia: prevención de la violencia en el entorno familiar (de género, salud reproductiva, seguridad infantil) y en el entorno escolar (adicciones, problemas de aprendizaje, deserción). 

Porque no se debe empezar de cero, es importante subrayar lo anunciado en marzo del 2013 y que debe complementarse con los programas estatales. Como parte de aquel plan se adelantaron intervenciones sociourbanas “que permitan los equilibrios de desarrollo urbano, humano y social en cada comunidad donde se aplique el programa y mejorar la percepción de la seguridad en la ciudadanía”. 

MÁS DINERO, MÁS DELITOS

EN VILLAHERMOSA comenzó la remodelación de algunos parques y plazas, la recuperación de espacios para la convivencia. ¿Se ha trabajo conforme a lo proyectado?, ¿son acciones de fondo o sólo cosméticas?, ¿esto ha tenido algún impacto positivo? Son preguntas que deben responder las autoridades.

Aunque nuevamente los problemas de inseguridad vuelven a ocupar los discursos y la agenda de los candidatos, esta cuestión no es nueva. Lo importante es que se emprendan acciones coordinadas y complementarias, no aisladas.

Existe la necesidad de una colaboración entre los grupos organizados de la sociedad –como los empresarios, sindicatos, universidades- para hacer efectivas las acciones contra la inseguridad. 

Como le decía líneas arriba ni los recursos financieras ni las ambiciosas ofertas electorales son suficientes. El reporte de la ASF que le mencioné indica que entre el 2006 y el 2012 los recursos para la seguridad pública en los estados pasaron de 6 mil 686 millones a 14 mil 509 millones de pesos, pero…los delitos aumentaron: de 10 mil 735 delitos por cada cien mil habitantes se pasó a 19 mil 830.

Sobra señalar que los delitos fueron también cada vez más violentos.

Al cierre del gobierno de Felipe Calderón, las entidades con mayor número de denuncias por delitos fueron el Estado de México (269,000), el Distrito Federal (179,000), Baja California (108,000), Puebla (91,000) y Jalisco (89,000), según el SNSP. 

En Julio de 2014 los estados más inseguros, de acuerdo a reportes federales, eran Estado de México, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Sinaloa.

En homicidios dolosos lideraba Edomex y en secuestros Tamaulipas, a la lista se agregaba Veracruz y  Morelos (68).

Robo de vehículo con violencia entraban al registro de Edomex, Distrito Federal, Sinaloa, Tamaulipas y Guerrero. Mientras que la extorsión sumaba a esa entidades Jalisco, ubicándose en segundo sitio nacional. De esta última entidad, fue digamos como un aviso de lo que ocurriría hace unos días.

En marzo pasado, el Sistema Nacional de Seguridad reporto que en los primeros dos meses del 2015, seis estados concentraban el mayor número de víctimas de asesinato, secuestro y extorsión: Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Jalisco y Tamaulipas (el 42.99 por ciento del total a nivel nacional).

Seguían en el listado Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal y Sinaloa.

Otro reportes han colocado a Tabasco en el sexto sitio nacional de incidencia delictiva, pero también un estudio del Instituto para la Economía y la Paz (2015) reproducido por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), coloca como entidades más violentas a Guerrero, Morelos, Sinaloa y Michoacán, quedando Tabasco a media tabla como una entidad con violencia baja aunque no en el rango de pacífica.

Hay, por supuesto, discrepancias en la apreciación. Una coincidencia destaca en casi todos los registros: Yucatán es uno de los estados más seguros, donde hasta ahora no se han registrado casos extremos de violencia y delitos. Siempre hay que remarcar el “hasta ahora”, porque puede haber una hibernación de las bandas. ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )