Los desaparecidos, tragedia humanitaria en el país; más de 30 mil “no localizados”

Miércoles, 18 de Octubre de 2017 00:19 Editor
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 Escala Crítica/Columna diaria

*Necesario reforzar la capacidad del Estado para proteger la vida
*Explota su vehículo y muere Daphne Caruana, de Panama Papers
*Órgano perredista emplaza relevo inmediato de Pérez Alvarado
 
Víctor M. Sámano Labastida
 
LA MAYOR conspiración contra la libertad y la democracia es la incapacidad de un Estado para garantizar la seguridad de su población. Entendido el Estado como la organización política, dotada de poder soberano e independiente, que integra una nación. Es el conjunto de instituciones que regulan la vida en sociedad. Una seguridad que abarca el territorio, el patrimonio y la vida. Su expresión más evidente es la que concierne a la seguridad en la aplicación de la ley.
La expresión más brutal de la ineficacia de las instituciones ocurre cuando en un territorio se reportan “desapariciones”, sobre todo de índole política, pero no solo eso. El Estado –las instituciones- deben tener capacidad para localizar y proteger a las personas; sólo es permitido que alguien sea privado de su libertad mediante procedimientos establecidos y controlados. En México la Constitución prohíbe la pena de muerte.
 
LOS QUE NO ESTÁN
 
EN NUESTO país, según cifras oficiales, las “desapariciones” contabilizan a 30 mil 499 víctimas hasta diciembre de 2016. En este concepto de “desaparecidos” entra de todo. Desde aquellos que voluntariamente decidieron estar como “no localizables”, hasta quienes podrían ser víctimas de una detención arbitraria, un secuestro, un crimen clandestino.
Ninguna libertad se puede construir o debatir si no existe la seguridad más elemental: la de la vida, el respeto a la integridad de las personas.
Recientemente, los diputados federales aprobaron por fin La Ley General de Desaparición Forzada, para dar certeza a las familias en la investigación, persecución y sanción de un delito que en términos estricto es un secuestro –sea la detención ilegal realizada por una autoridad, o una acción criminal particular.
Dos años tardaron los diputados. La “desaparición” de personas en México tuvo su página negra en los años 60 y 70 del siglo pasado, con el combate a la guerrilla y a la oposición de izquierdas; este delito se incrementó a partir de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, a finales del 2006. El entorno de violencia es aprovechado por diversos intereses, de manera que la diputada Ernestina Godoy lamentó que México sea el único país donde “la desaparición forzada es una rutina”. La diputada Cristina Gaytán, apuntó que junto con la General contra la Tortura, la de los desaparecidos refleja la crisis humanitaria que sufre el país.
 
LARGO BRAZO DEL CRIMEN
 
LA MIRADA indiscreta del periodismo suele ser peligrosa para quien la ejerce y molesta para quien queda bajo los reflectores por sus malos manejos. En abril del 2016 se publicó en un centenar de medios los primeros resultados de un investigación periodística conocida como “Panama Papers” (Los papeles de Panamá). Una de las mayores filtraciones de documentos confidenciales del despacho Mossack Fonseca. 
Se revelaron mecanismos y nombres de quienes usaron a la firma de abogados para ocultar propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria. Un “lavado” de recursos que involucra a gobernantes, líderes políticos, empresarios, personajes públicos. La investigación que involucró a 76 países incluidos México y Estados Unidos; demostró, por si hiciera falta, que la economía mundial se mueve en terrenos de la ilegalidad.
Resulta peligroso. Tanto que varios de los periodistas que participaron en la investigación de estas redes de lavado fueron amenazados. En el caso de la periodista Daphne Caruana Galizia, de 53 años, el desenlace fue fatal: en La Valeta (Malta), fue asesinada el lunes cuando una bomba explotó su automóvil. Malta, isla ubicada al sur de Italia y en el Mediterráneo, es uno de los nuevos “paraísos fiscales” para ocultar fortunas.
Matthew, hijo de la periodista asesinada, comentó: “Esto no fue un homicidio cualquiera y no fue una tragedia. (…) Cuando hay sangre y fuego a tu alrededor, eso es guerra. Somos personas en guerra contra el Estado y el crimen organizado, que se han convertido en indistinguibles entre sí”.
Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), sostiene que “la delincuencia organizada transnacional es un gran negocio. En 2009 se estimó que generaba 870 miles de millones por año, lo que equivale al 1,5% del PIB mundial. Es más de seis veces de la cantidad de asistencia oficial para el desarrollo correspondiente a ese año, y equivale a casi el 7% de las exportaciones mundiales de mercancías”. Un cálculo que se queda corto.
 
 
AL MARGEN
 
COMENTAMOS en este espacio que para el PRD sería una complicación adicional permitir que los plazos del relevo de sus dirigencias y la selección de candidatos nacionales y locales se empalmaran. Conociendo la permanente batalla de las corrientes (tribus), el resultado es la contaminación de ambos procesos. Ayer circuló una “notificación” de la denominada Comisión Jurisdiccional de ese partido en donde se emplaza un “procedimiento de remoción” contra el dirigente estatal Candelario Pérez, en respuesta a un recurso del secretario general José de la Cruz Rueda. 
Según el oficio firmado por José Trinidad Noriega, Elsy Lidia Izquierdo y José Antonio Hernández, el diputado Pérez Alvarado debe dejar el cargo a más tardar este viernes 20 de octubre y no a mediados de febrero como tenía previsto. Ahora se discute si el PRD está obligado a un relevo total de su dirigencia. A nivel nacional lo pretenden parcial. Viene otro conflicto en tribunales. ¿Por qué esperar? ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )