De Peña a Nieto, un fiscal incómodo; la lucha por el control de la Fepade

Martes, 31 de Octubre de 2017 00:25 Editor
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Escala Crítica/Columna diaria
*Santiago Nieto no era un funcionario cualquiera; crucial para el 18
*Una decisión política al más alto nivel, escribió Zepeda Patterson
*Relevo de dirigencia en Morena y PRD, contra reloj y en mal tiempo
 
Víctor M. Sámano Labastida
 
“Un asunto de nietos”, tituló en su habitual colaboración para El País (Madrid, 25/oct/2017), el periodista y escritor Jorge Zepeda Patterson el reciente escándalo que motivó la destitución de Santiago Nieto Castillo, quien había sido designado por el Senado como fiscal especial para delitos electorales (Fepade) en febrero del 2015. Como es sabido, el funcionario fue acusado por la Procuraduría General de la República de haber violado la secrecía de una investigación en proceso que involucra a Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex.
En un inicio, anunció que impugnaría su remoción y pediría a la instancia que lo nombre (el Senado), que revisara su caso. Al final prefirió quedarse con el trago amargo, quizá observando que tendría encima todo lo que en la jerga política se denomina “la fuerza del Estado”, y que podemos traducir como el brazo duro del Presidente. 
 
EL HURACÁN ODEBRECHT
 
NIETO CASTILLO no era un funcionario cualquiera. También se le catalogaba como incómodo. Aunque llegó con el aval de todas las fracciones en el Senado –una votación de 95 a favor y sólo una abstención-, muy pronto mostró que tomaría en serio su papel. El caso más delicado, por tosas sus implicaciones, es el de la red de corrupción de la firma Odebrecht.
Tan pronto tuvo noticia de que en el expediente existía la presunción de que Emilio Lozoya era mencionado como receptor de unos 10 millones de dólares por parte de la empresa brasileña, Nieto Castillo siguió la pista de dos millones de dólares entregados al mexicano cuando fungía como coordinador de asuntos exteriores de la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012. La defensa de Lozoya Austin emplazó al ahora ex fiscal para cerrar el caso; el propio involucrado exigió aclaraciones públicas, pero en la Fepade siguió la investigación…hasta que vino el cese fulminante.
Zepeda Patterson expuso en relación al despido de Nieto Castillo: “La medida fue interpretada como una decisión política del más alto nivel. Algunos consideraron que era un exabrupto presidencial, una revancha personal. Creo, más bien –señaló-, que se trata de una estrategia perfectamente calculada. El daño que ha causado Santiago Nieto a la élite política es ínfimo con respecto al que puede provocar en los próximos meses a lo largo de la campaña presidencial que culmina el próximo verano”.
Y agregó el también autor de una decena de libros –entre ellos dos novelas sobre la corrupción política en México- que: “Tal como están las cosas, el enemigo a vencer es el candidato de oposición Andrés Manuel López Obrador, favorito de las encuestas. El PRI carece de una figura popular para oponerle y acusa niveles de desaprobación históricos. La única posibilidad que tendría el partido oficial para retener el poder reside en fragmentar el sufragio antipriista, movilizar su voto duro a partir de programas clientelares y montar una campaña negativa de proporciones mayúsculas en contra de López Obrador (“imitador de Chávez y Maduro”). En otras palabras, recurrir a una ingente batería de estrategias, muchas de las cuales calificarán como delitos electorales. Deshacerse del fiscal incómodo resultaba, entonces, un imperativo categórico”.
Así pues, seguía en su argumentación, “el escándalo ha sido enorme, pero el PRI está dispuesto a pagar la factura política del descrédito. Prefiere tragarse el sapo ahora que perder las elecciones después. Para el primer círculo se trata no sólo de un asunto de poder, podría entrañar el riesgo de enfrentar cárcel al final del sexenio, en caso del arribo de un López Obrador en modalidad justiciera”.
Al final, según se observa, el poder presidencial logró doblar la mano a Santiago Nieto y a algunos senadores de la oposición…por ahora.
 
JUEGO DE LAS SILLAS
 
COMENTAMOS que dos partidos tendrían que cambiar sus dirigentes nacionales y estatales antes de las elecciones del 2018. Morena porque sus dirigentes Andrés Manuel López Obrador y Adán Augusto López serán candidatos a la Presidencia y al gobierno de Tabasco, respectivamente; el PRD porque Alejandra Barrales y Candelario Pérez buscan la el gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía de Centro (Villahermosa), respectivamente. Transcurren –le decía- entre los plazos legales y las necesidades políticas.
El morenista López Hernández anunció que tiene previsto dejar la dirigencia de Morena la tercera semana de noviembre. Cito: “Es posible que esto coincida con el relevo de López Obrador, que podría concretarse el 20 de noviembre si nos atenemos a que el aspirante presidencial ha buscado fechas significativas”. En el caso del PRD el tribunal electoral le dio un plazo de 60 días para el cambio de Comité nacional; de una aparente falta de claridad en la resolución del TEPJF se interpretó que las dirigencias estatales no entran en ese mandato. 
El presidente del Consejo Nacional del PRD, Ángel Ávila, anunció que la segunda semana de noviembre podría emitirse la convocatoria para la renovación de la dirigencia nacional de su partido; buscarán un consejo nacional electivo, como con las candidaturas. En Tabasco, la renovación de su dirigencia sigue una dinámica distinta; se resolverá el viernes o sábado de esta misma semana.
 
AL MARGEN 
TRASCENDIÓ el fin de semana que López Obrador está dispuesto a dialogar con Ricardo Monreal. En la casa de campaña de AMLO saben que el 2018 no será fácil y que aun cuando Monreal se leve poco, eso poco será mucho en la actual circunstancia. ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )