* Del “acoso escolar” como evasión de responsabilidades 

* Modelo institucional de impartición de justicia, en suspenso.    

* Toma de decisiones: rehén de la politiquería y los intereses

 

Víctor M. Sámano Labastida

 

EN MEDIO de tormentas políticas, el País busca un rediseño institucional triple: un Fiscal General de la República, un Fiscal Electoral y un Fiscal Anticorrupción. Cuando se habla de fiscales, la cuestión es impartir justicia. Este rediseño sitúa una crisis institucional de justicia. Las esferas involucradas son fundamentales: justicia cotidiana, justicia electoral, justicia social. ¿Por qué dejar pasar el tiempo?

México, desde el frente político, se ha visto en la urgencia de incorporar a su agenda el nombramiento simultáneo de tres fiscales, lo que tiene en vilo a los partidos, negados para una negociación con sentido de bien común. ¿Cómo encarar con seriedad ese problema de corte cultural y estructural, si se mezclan tiempos y nombramientos en el Congreso? Así, ocurre que los bomberos se convierten en incendiarios. Cabildeos han existido, dada la importancia de lo que está en juego, pero domina el oportunismo político y todo se traba. Ni los tiempos políticos ayudan, cercana la elección de candidaturas presidenciales del 2018, ni la agenda retacada para nombrar a los tres fiscales en el mismo espacio de tiempo. Sin querer hacer bullyng a las instituciones, como veremos después, suena como si los actores políticos se hubieran puesto de acuerdo para abortar la misión. Difícil hacerlo peor. 

 

AUSENCIAS QUE TRIUNFAN

 

EL FISCAL General de la República iba a ser un amigo íntimo del Presidente Peña, con el beneplácito del PAN y el PRD. Esto fue planchado desde 2014. Tres años después, con reversa azul y amarilla (los cambios por el Frente), más la ayuda de Morena, Raúl Cervantes dijo adiós a ese cargo transexenal estratégico y se busca un reemplazo que garantice autonomía, sin nexos partidistas. Tarea titánica, si la hay, mientras sus habilidades de gestión e investigación jurídicas quedan en segundo plano. 

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales estaba a cargo de Santiago Nieto Castillo, que en foro público declaró que investigaban el presunto financiamiento de la empresa brasileña Odebrecht a la campaña electoral de Peña en 2012. Se rastreaban 10 millones de dólares, vía Emilio Lozoya que era el Coordinador Internacional de Peña. Esto motivó una  reprimenda a Nieto por el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, y luego se dio una remoción vía rápida, por parte de Alberto Flores, subprocurador de la PGR, lo que –por decir lo menos- era motivo de polémica legal, dado que la Fepade –desde 2014- ya no depende de la PGR. Ahora, el Senado tiene otra papa caliente. Lo curioso es que alguien que hacía su trabajo fuera removido sin ser escuchado oficialmente. ¿Estaba pisando callos? ¿O tobillos?   

El primer Fiscal Anticorrupción, Virgilio Andrade Martínez comenzó sujeto a la voluntad presidencial y terminó con la misma subordinación. Para producir algo de credibilidad, tuvo que abandonar la nave con el argumento de que terminó la investigación principal por la que fue designado: la llamada Casa Blanca de Polanco, que involucró a la esposa del Presidente en una compra triangulada por HIGA, empresa  contratista a nivel federal. Virgilio se fue y no era Santiago: no investigó a fondo a su jefe. 

Así las cosas, se buscan tres fiscales sin encontrarse. Los nombres propios  anuncian componendas políticas. Hay horizonte con nubarrones, para este rediseño de justicia.

 

HOUDINI EN LOS PINOS

 

EN DECLARACIÓN de corte escapista, el presidente Enrique Peña Nieto se quejó hace unos días “del bullyng a las instituciones gubernamentales, en la forma de una crítica sistemática y malintencionada”. Son curiosas las segundas partes de una República sin liderazgo, como en aquellos días del ¿Y yo por qué? foxista, que certificó la vocación del entonces Presidente para eludir la toma de decisiones que, sin embargo, le correspondía precisamente por el cargo institucional que detentaba. 

La cuestión es clara: el poder no debe eludir sus responsabilidades, ni tampoco a sus eventuales críticos. Se ejerce el poder sin quejarse de la opinión pública. Por supuesto, el ejercicio del poder incide en la construcción de nuevos estados de opinión pública, gana adeptos o profundiza las percepciones de incompetencia gubernamental. Lo segundo es lo que ha ocurrido, en los sexenios de Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, a juzgar por sus reacciones escapistas.  

El primer escapista de Los Pinos focalizó la acusación: ¿Y yo por qué? Significaba una acusación individual, personalizada, no institucional. El segundo Houdini lanza una acusación abarcadora: no se trata de una u otra persona con un cargo público. En su visión, se trata de torpedear a las instituciones, de profundizar la crisis social y cultural del modelo democrático mexicano. Un argumento tramposo. El “acoso” crítico a las instituciones significa, entonces, que “hay mexicanos que desean el fracaso del gobierno en turno”. Desde luego, Peña no precisó con señas particulares a los buleadores: ¿periodistas, dueños de medios, sociedad civil, empresarios, astronautas?    

Ver para creer: un Presidente se llama a indignación por bullyng institucional. Esto producirá más indignación social contra su gobierno. El ejercicio del poder no debe usar excusas como la “crítica sistemática”, para justificar omisiones y errores. Esa sí es crisis institucional.  

 

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