*Después del debate, el “voto útil”…pero para qué o quién

*En el fondo es la impunidad y la falta de legalidad con justicia

*La credibilidad de cinco aspirantes, reducidos a dos en los hechos

Víctor M. Sámano Labastida

FUE NOCHE de debate formalmente calificado como tal, más bien una comparecencia de los cinco aspirantes a la Presidencia. Hoy estamos ante una nueva etapa en la prolongada campaña. En el día después. Los candidatos y sus coaliciones buscarán ahora el “voto útil”. Unos lo promoverán entre los ciudadanos y otros en la cúpula. La interrogante es: ¿voto útil para qué o para quién? Como sea, el evento del domingo sirvió para perfilar cuáles dos de los cinco aspirantes irán a la recta final. De uno, es indudable: Andrés Manuel López Obrador; de otro, lo sabremos esta semana: Ricardo Anaya o José Antonio Meade.

La idea de una elección a tercios quedó atrás, porque las fuerzas en contienda parecen convencidas que hay dos opciones. Usted puede calificarlas de acuerdo a sus intereses e información, a sus expectativas e incluso algunos de acuerdo a sus temores.

Más allá de las cifras postdebate –quién ganó, quién se rezaga, quién se recupera-, lo que veremos a partir de ahora es un reagrupamiento como el que comenzó el fin de semana con la suma de Armando Ríos Píter (ex PRD) y Silvano Aureoles (PRD), a Meade Kuribreña. Aunque cabe recordar que en política las sumas son engañosas: dos más dos no necesariamente son cuatro, pueden ser tres o pueden multiplicarse a seis. Esto también lo estarán sopesando en el campamento de Anaya. El verdadero debate es ese en el segmento: quién podrá ser competitivo frente a López Obrador.

Ahora bien, ¿por qué AMLO se convirtió en el rival a vencer? Hay quienes hablan del hartazgo ciudadano; otros del miedo al populismo o el rechazo al caudillismo. Unos hablan de la defensa de las instituciones, otros de la insultante impunidad.

 

JALONEOS POR LA CONFIANZA

 

PRECISAMENTE seguridad y violencia, corrupción y combate a la impunidad, fueron los temas centrales de las intervenciones anoche de Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade, Ricardo Anaya, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez. En el fondo todos parecen coincidir; la interrogante es a quién le darán su confianza los electores sobre su capacidad y voluntad para establecer un verdadero sistema de legalidad con justicia. 

Llueve sobre mojado en el campo de la legalidad (a la) mexicana. La legalidad como déficit del país es tema recurrente en foros internacionales. Se ha convertido en agenda ineludible de las campañas presidenciales y en narrativa mediática que anuncia milagros (la solución ideal, con determinada opción política) o tormentas (ruptura institucional y escalada violenta de un conflicto incubado largo tiempo).

Primero los números, que determinan y avalan las percepciones negativas de  legalidad: 96 denuncias de cada 100 no tienen seguimiento en el Ministerio Público, que se han vuelto casas del Misterio Oficial. Casos archivados. Por otra parte, hay apenas un 2% de sentencias condenatorias en torno a casos investigados, con lo cual se queda sin sanción el 98% del número de casos con seguimiento (4 de cada 100). Hay evidentes incentivos para la delincuencia, organizada o dispersa; oficial o informal. En resumen: la impartición de justicia en México es un laberinto burocrático que el ciudadano no quiere recorrer, porque muchas veces no puede.

Veamos otro ángulo preocupante de nuestra legalidad: el uso discrecional de las instituciones para impartir una justicia teledirigida. Este aspecto resulta vital para la transformación de México. Lo han planteado diferentes estudiosos de la realidad nacional: no importa el signo político de quien gane la presidencia el primero de julio. En este terreno (estado de Derecho, impartición de justicia y legalidad) urge una transformación estructural y estratégica. El país no da para más en una olla de presión que se expresa en la multiplicación de las zonas en las que en Estado simplemente no existe.

Esto significa que México no puede mover su legalidad hacia donde soplen los vientos políticos. Tiene que darse independencia a los aparatos de justicia frente al poder político. En la nueva ley de seguridad interior, por ejemplo, existe la autonomía como criterio de funcionamiento de la justicia mexicana. En el papel suena bien, pero es letra muerta cuando se observa que los criterios políticos rigen a los aparatos de justicia.

 

LOS MOTIVOS DEL LOBO

A RESERVA de referirnos a casos emblemáticos de la legalidad a la mexicana, menciono por ahora el momento estelar y más polémico relacionado con los candidatos a la Presidencia. El enfrentamiento entre Consejeros del INE y Magistrados del Tribunal Electoral, así como una buena parte de la opinión pensante, a propósito de la inclusión de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, en la boleta presidencial. La razón esgrimida, “violación del debido proceso”, cuando Rodríguez Calderón tuvo 12 audiencias en el INE, no se sostiene, según la abrumadora mayoría de juristas que se ha pronunciado sobre el caso. Con un millón 200 mil falsificaciones (incluidas decenas de miles de personas fallecidas), la resolución significa que la ética pública se ha marchado de vacaciones y que la legalidad en México funciona con criterios políticos. 

En términos de pedagogía cívica, la inclusión de Rodríguez Calderón es desalentadora. No se debe olvidar que la democracia se vive con Estado de Derecho. El uso político de las instituciones es un riesgo mayor porque atenta contra el cuarteado piso institucional. No es un hombre, es un sistema.

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