*Necesaria una visión integral del delito, legalidad e impunidad 

*La reinserción social, clave en la prevención; prisiones obsoletas

*Se moverán poco las preferencias; el desafío: buenas campañas

 

Víctor M. Sámano Labastida

 

NO EXISTE una “vara mágica” ni pociones milagrosas para procurar la seguridad pública. Esto puede concluirse tras escuchar a los candidatos a la gubernatura de Tabasco que ayer acudieron al primer debate pactado por el Instituto Electoral. Los aspirantes Adán Augusto López, Georgina Trujillo, Gerardo Gaudiano, Manuel Paz, Oscar Cantón y Jesús Alí, coincidieron que la inseguridad y el desempleo son los problemas que más preocupan a la población de acuerdo a lo recabado en sus recorridos.

A reserva de revisar los diversos enfoques a la seguridad pública –con frecuencia confundido con el orden público-, así como la forma de abordar los asuntos de la delincuencia común y la delincuencia organizado, lo mismo que la delincuencia desde los cargos públicos, menciono un interesante estudio publicado por la revista Nexos (abril 2014) firmado por Eduardo Guerrero Gutiérrez de Lantia Consultores en el que revisa lo que llama “la segunda ola de violencia” en México y que nos debe servir para contextualizar la necesidad de un enfoque integral de la seguridad.

Señala Guerrero Gutiérrez: “El repunte de la violencia que ha marcado el gobierno de Peña no sólo es llamativo por su magnitud sino por su dispersión geográfica. Si comparamos 2017 con 2014 (el año de menor número de ejecuciones en la actual década) observamos que la violencia ha aumentado en prácticamente todas las entidades federativas: el incremento ha sido moderado en algunos casos y francamente dramático en algunos otros. En términos generales la violencia se ha exacerbado en el centro del país”. 

Así, señala, por estado, “los mayores incrementos en términos absolutos se registraron en Guanajuato (donde las ejecuciones pasaron de 369 en 2014 a mil 983 en 2017) seguido de Veracruz (que pasó de 420 a mil 920 ejecuciones). En 2014 un total de 152 municipios, donde vive 43% de la población nacional, registraron por lo menos una ejecución mensual en promedio. En 2017 fueron 262 municipios, que concentran 57% de la población, donde se registró por lo menos una ejecución mensual en promedio”. 

 

DELITO, SIN INCENTIVOS

 

UNA CUESTIÓN estrechamente vinculada a la prevención y combate a la delincuencia –aspecto central de la seguridad pública, tema del debate de los candidatos anoche- es la operación del sistema penitenciario y la reinserción social. Ayer estuvo en Villahermosa el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, para inaugurar la primera reunión ordinaria 2018 de la Zona Sureste de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario. 

En ese foro, el gobernador Arturo Núñez refirió que en cumplimiento de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sobre la reclusión irregular de personas en cárceles municipales, en Tabasco se cerraron 10 prisiones. Las personas recluidas fueron concentradas en centros penitenciarios que calificó en “condiciones más dignas y humanas”. De acuerdo a los objetivos nacionales, esta entidad fue una de las dos en el país que concluyeron el proceso de regularización de sus prisiones.

Un Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017, presentado recientemente, advirtió que el esquema de reclusión de delincuentes en nuestro país está en crisis, porque no garantiza los mínimos derechos. De acuerdo a la visitadora Ruth Villanueva Castilleja, esto mantiene un círculo vicioso que impide o dificulta la reinserción social.

El estudio de la CNDH incluyó un análisis de 198 de las 378 cárceles varoniles, femeniles y mixtas del país, incluidas las prisiones militares. En total hay 161 mil 855 personas en las cárceles estatales; 21 mil 906 en los  centros federales; 539 en las prisiones militares; dos mil 529 en las cárceles municipales y 9 mil 705 en los reclusorios femeniles. Las peor calificadas fueron las prisiones de Nayarit, Guerrero y Tamaulipas.

Como le decía, no se puede abordar con seriedad el tema del combate y prevención sin examinar cómo están y porqué los reclusorios, algunos de los cuales han sido calificados como centros de reproducción del delito.

 

POCO IMPACTO

 

ESCRIBIÓ Gerardo Orantes (Newsweek en Español, 6/V/2018): “Una vez finalizado, el primer debate presidencial de 2018 se adueñó de la conversación dentro de los distintos medios de comunicación, incluyendo redes sociales y otros espacios informales de opinión. Tal fue su eco, que por días pareció ilógico suponer que no tendría efecto alguno en las preferencias electorales”.

Sin embargo, anota, pasada poco más de una semana de aquel encuentro entre Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez, la encuesta de encuestas desarrollada por GPpolls concluyó que “si bien las consecuencias del debate en el electorado no fueron nulas, sí resultaron un tanto superficiales para fines de esta elección (en la cual hay brechas significativas entre los candidatos)”. Esto en referencia a las campañas presidenciales.

Orantes anota que en términos generales Anaya Cortés sólo ganó un punto porcentual, lo mismo que López Obrador; los otros tres aspirantes tuvieron un pequeño registro a la baja. Examina también lo sucedido en 2006 y 2012 cuando hubo dos debates en cada proceso; las variaciones entre candidatos apenas fueron de entre uno y dos por ciento. Claro que resulta muy aventurado decir que esa variación se debe sólo al debate, anotó el periodista. ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )