* Lamentable, pero reprueba la Función básica del Estado 

* Fosas y tráileres frigoríficos; dolor e indiferencia 

* Comisión Nacional de Búsqueda de Personas: visibilidad. 

 

Víctor M. Sámano Labastida

 

UNA JAURÍA mediática se lanzó contra Andrés Manuel López Obrador cuando hace unos días habló de “30 años de bancarrota nacional”. Le llovió al presidente electo y parecía que quienes lo critican viven en Suecia o algún otro paraíso. La terminología técnica hizo su aparición y, desde luego, el concepto ‘bancarrota económica’ no se sostuvo: “hay solvencia de pagos gubernamentales ante acreedores”. Pero la discusión pública para la transformación de México no es sólo económica.  

AMLO no habló como economista, el saco en que se colocó su afirmación política que, en cambio, define la tendencia ideológica opuesta al neoliberalismo capitalista que cuadra números macro. Antes de la declaración pública en Nayarit, en ‘la gira del agradecimiento’, López Obrador afirmó en un acto oficial de gobierno: “recibo un país sin crisis económica”. ¿Cómo entender la diferencia de ideas sin caer en contradicción, como se le criticó? 

Una forma de hacerlo, si se quiere comprender el tiempo complejo de la República, es contextualizar la declaración/bancarrota políticamente. En cambio, cuando López Obrador planteó que recibía un país sin crisis económica, ahí entra el discurso técnico. En el otro caso, arenga política en un mítin, tenemos la palabra bancarrota como corolario social de una profunda crisis de convivencia, de valores culturales y ausencia de bienestar en el grueso de la población. Es posible que el presidente electo se equivocara en la palabra elegida desde la jerga economicista, pero –ampliando el contexto al perfil social de país- no erró en su juicio político que compartieron más de 30 millones de votantes.          

Veamos de cerca, para ejemplificar el punto, la bancarrota nacional en seguridad pública.       

    

O QUIZÁS SIMPLEMENTE 

TE REGALE UNA FOSA

 

POCOS ciudadanos saben de la existencia de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), que como órgano desconcentrado depende de la Secretaría de Gobernación y cuyo funcionamiento es reciente (junio de 2018). Se dio a conocer su domicilio oficial: calle José María Vértiz, número 852, piso 5, colonia Narvarte, delegación Benito Juárez, código postal 03020, ciudad de México. Ojalá nunca tengamos necesidad de conocerla. 

Por otro lado, lo que no se entiende es que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas se publicó en fecha tan tardía como noviembre de 2017, en el Diario Oficial de la Federación, como si no fuese una herida social que lleva dos décadas lastimando al país. ¿Es entendible la demora oficial en la creación de esta ley? No. La primera función del Estado Nacional es garantizar la seguridad pública y la integridad física de los gobernados, con el orden civil y el monopolio de la violencia en todo el territorio. 

Pues bien, el primer reporte de la CNBP indica un dato escalofriante que contradice esa función básica: el registro de mil 319 fosas clandestinas a lo largo del país. Miles y miles de cuerpos sin identificar, miles y miles de familias que no encuentran respuestas y prolongan su sensación de desamparo. 

Si el anterior es símbolo ominoso de la bancarrota social, considere el lector la información reciente proveniente de Jalisco: dos tráileres itinerantes que por  un año y 11 meses se desplazaron en las calles de Guadalajara, con 300 cadáveres sin identificar. Acumulación de atrocidades e indiferencia. Leyó usted bien: camiones usados como morgue, ante la proliferación de la violencia y la incapacidad estatal para perseguirla y procesarla con solvencia judicial. 

Luego del escándalo, el instituto forense de Jalisco informó que sólo tienen sitio para 70 cadáveres, como si fuese asunto de mera distribución espacial. ¿Qué hizo el gobernador de Jalisco? Después del oso público, anunció “una ampliación de las instalaciones forenses, para resguardar hasta 300 cuerpos”. Otro símbolo de la ausencia de Estado en su primera función básica: salvaguardar la seguridad de los gobernados y monopolizar la violencia. Bancarrota social, igual a Estado rebasado.  

 

CONSTA EN EXPEDIENTES 

 

SE RECOMIENDA al lector una consulta por internet al Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas o Extraviadas (RNPED). Se abarca una temporalidad que va de enero de 2014, al 30 de abril de 2018. Los datos sobre personas no localizadas se dividen en casos federales y casos del fuero común. Los casos federales, asómbrese el lector, son mil 175, mientras que los casos del fuero común son 36 mil. Sorprende la diferencia, que indica la inseguridad a ras de suelo, en poblados pequeños. Los cinco estados más golpeados: Tamaulipas (5590), Estado de México (3890), Jalisco (3362), Sinaloa (3027) y Nuevo León (2895). Tabasco aparece con 67. Cabe señalar que los datos de personas no localizadas representan 45% del universo de inseguridad nacional. Otras cifras que completan el cuadro: muertes, asaltos, secuestros, migración forzada y desplazamientos regionales. 

Por año, en registro ampliado, se pasa de 520 casos en 2007, hasta 5 mil 426 registrados en 2017. Aumento de mil por ciento. No todas las desapariciones se registran oficialmente, lo que lleva a una pregunta clave: ¿cuántas desapariciones ocurren sin denunciarse? Con esta tragedia en el corazón y la conciencia del país, no puede eludirse la idea de una bancarrota social en México. Ayer, miles marcharon en reclamo contra otra brutal y vergonzante hecho: el secuestro y desaparición de 43 normalistas el 26-27 de septiembre de 2014.

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