*Mayores recursos para proyectos estratégicos en la región

*Critican que tardarán en recuperarse, pero se debe empezar

*Las fuerzas armadas y la legítima defensa, una frágil frontera

 

Víctor M. Sámano Labastida

 

LA DECISIÓN de invertir el máximo de recursos público en el sur-sureste mexicano se refleja en el proyecto de presupuesto enviado por el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados. “Los proyectos estratégicos de infraestructura del actual gobierno de México están orientados a detonar el desarrollo en zonas con mayor rezago social; buscan propiciar mayor equidad entre las diversas regiones del país”, señala el documento.

Como era de esperarse, la prioridad de la actual administración son los programas sociales para “reducir las desigualdades económicas, sociales y regionales”, por lo que no es una sorpresa que también los llamados mega proyectos de inversión estén dirigidos a las zonas con menor desarrollo.

Los dos grandes proyectos regionales para la zona son el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec; otro con inversiones de impacto directo para Tabasco es la refinería de Dos Bocas, Paraíso, que tendrá 41,300 millones de pesos el año próximo. En el PPEF 2020 se incluyen acciones como la conservación y construcción de caminos rurales en Oaxaca y la ampliación de la carretera Palenque-Catazajá.

Otra importante canalización de recursos será para el paquete de acciones del Pacto Oaxaca que incluye a nueve entidades, pero que también comprometió la participación de la iniciativa privada, lo mismo que para el Plan de Desarrollo para el Sur-Sureste y Centroamérica (elaborado por la Cepal).

Hay quienes como Ramón Martínez, especialista en economía y finanzas, sostienen que “los proyectos y programas sociales del gobierno sólo impulsan el gasto inmediato y no alcanzan para mover la economía, acabar con la desigualdad y garantizar el desarrollo a futuro” (Publimetro, 09 de septiembre).

Para los críticos, inversiones como la refinería, el Tren Maya o el Corredor Interoceánico, sólo empezarán a ser recuperables a tres o cuatro años. Pero también podría decirse que llevamos décadas, hasta siglos, sin detonar el desarrollo equitativo del país.

 

EL FUEGO CRUZADO

 

LA CUESTIÓN no es fácil. Teórica e históricamente la formación y mentalidad de un militar es distinta a la de un policía. Se ha insistido en que el ejército es capacitado para combatir y aniquilar al enemigo; en tanto que la policía debe someter y capturar al delincuente para presentarlos a las autoridades. Es un debate que viene de lejos, con matices que sería largo enumerar.

Aunque ya está constituida la Guardia Nacional –una corporación intermedia entre civiles y militares-, el ejército sigue en funciones de seguridad y orden públicos, teniendo que enfrentar a presuntos infractores de la ley. Con una instrucción explícita de “no responder a provocaciones” y hacer uso moderado de la fuerza, han estado expuestos a insultos y agresiones, de manera que el lunes reciente se llegó a un punto al que se arribaría tarde o temprano: la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que tanto la Guardia Nacional como el personal militar no serán pasivos y actuarán “en su defensa legítima” ante casos de agresión.

Se observarán, señala la Sedena, “los principios del Uso de la Fuerza y su gradualidad, para proteger la vida e integridad física de los miembros de las Fuerzas Armadas, con estricto apego al orden jurídico vigente y a los Derechos Humanos”. Pero se actuará en legítima defensa.

Esta advertencia fue respaldada por el presidente López Obrador, quien insistió en que “no haya abusos del poder, que no se abuse de la fuerza, que se actúe con respeto a los derechos humanos”. Hay una línea muy tenue forzada por los propios grupos criminales.

Desde que Felipe Calderón decidió un “guerra” contra la delincuencia organizada y hasta septiembre de 2018 (último informe de Peña Nieto), la Sedena reportó 542 de sus elementos fallecidos en diversos operativos. De acuerdo al diputado del PRI y general en retiro, Benito Medina, en lo que va de 2019 se registraron un total 126 agresiones contra los militares, con un saldo de 11 muertos y 40 heridos.

Es, como le decía, un asunto delicado. El objetivo, por supuesto, debe ser fortalecer a la autoridad civil para una prevención y un combate eficaz a la delincuencia.

 

CONSEJOS A PEMEX

 

CONTRARIAMENTE a lo que sucedió con el nombramiento de José Eduardo Beltrán Hernández y Juan José Paullada Figueroa como consejeros independientes de Pemex, a principios de abril de este año, cuando hubo un intenso debate público, la designación de un tercer integrante de ese cuerpo en junio pasado transcurrió si mayor ruido. En efecto, Francisco José Garaicochea y Peritrena, fundador del grupo Ingenieros Pemex Constitución del 17, es ya parte del Consejo de Administración de la petrolera.

En ese Consejo también se encuentran los secretarios de Energía, Rocío Nahle; de Hacienda, Arturo Herrera; de Economía, Graciela Márquez, y de Medio Ambiente, Víctor M. Toledo; así como el director de la CFE, Manuel Bartlett. Otras dos sillas de los consejeros independientes permanecen vacantes por renuncia de sus titulares.

Garaicochea (Gari) participó activamente en contra de la Reforma Energética y estuvo en Tabasco por gestiones del ya fallecido Alfredo Hernández Peñaloza quien participaba en el Comité Nacional de Estudios de la Energía. Ahí estaban también Gari y Rocío Nahle. 

AL MARGEN

DISCRETO y trabajador, Porfirio Díaz Pérez fue desde 1984 motor fundamental en la Red Estatal de Bibliotecas Públicas de Tabasco; participó en el proyecto de las 578 bibliotecas de la entidad y en la Biblioteca Central “José María Pino Suárez”. Nuestro más sincero pésame por su fallecimiento. ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )