*EEU y el desarrollo de Tabasco, Chiapas y la zona fronteriza

*El tránsito de personas y mercancías, ordenado y fructífero

*No debe regresar la política del chantaje, al estilo Donald Trump

Víctor M. Sámano Labastida

 

ASUMIÓ Joe Biden en relevo de Donald Trump. Los estados del sureste han sido vistos como una zona de amortiguamiento por los gobiernos de Estados Unidos para frenar la migración centroamericana. Aplican lo que el ex embajador Adolfo Aguilar Zínzer (+) denominó como política del “patio trasero”; en la práctica el régimen de Trump logró que México se convirtiera en un muro de contención para evitar que las oleadas de desplazados cruzaran la frontera estadunidense.

Como sabemos, esto lo consiguió la fenecida administración trumpista a base de presiones y amenazas, como la de aplicar una serie de aranceles y castigos si nuestro país no frenaba el paso de centroamericanos. El “acuerdo migratorio” que consiguió fue el despliegue de miles de agentes de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala. Pero también que EEUU expulsara masivamente hacia territorio vecino a los indocumentados con un programa denominado “Quédate en México”.

Hubo otras medidas que seguramente serán revisadas con el inicio del nuevo gobierno de Joe Biden. Deben ser reconsideradas porque son costosas para México, dañinas para los desplazados y potencialmente conflictivas para el sureste.

 

SOMOS CENTROAMÉRICA

MÉXICO, por lo menos la franja que comienza en el sur de Veracruz y Oaxaca hasta las fronteras de Tabasco y Chiapas, también forma parte de Centroamérica. Es ahí donde con Donald Trump se trazó la línea del muro imaginario para evitar que quienes lograban cruzar la frontera con Guatemala siguieran hacia el norte.

Esta región es Centroamérica no sólo por los antecedentes históricos y culturales, sino también por la similitud en sus obstáculos para el desarrollo. Salvo pequeñas franjas de Yucatán y Quintana Roo (una industrial y otra turística), la mayor parte de los estados de Tabasco, Campeche y Chiapas, se ubican entre las regiones con mayor marginación en el país (incluidos Yucatán, Quintana Roo, Guerrero, Oaxaca y parte de Veracruz).

No resulta casual que la Comisión Económica para América Latina (Cepal), haya elaborado para nuestro país, a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, un Plan de Desarrollo Integral que incluye a los estados del sur-sureste mexicano y a las naciones centroamericanas. En este Plan se consideran inversiones conjuntas para frenar los desplazamientos forzados.

También con la intención de crear condiciones de arraigo, López Obrador estableció su política de “cortinas de desarrollo” para ofrecer opciones de empleo e ingresos a las poblaciones locales. En este sentido aseguró en noviembre pasado que “estamos trabajando como nunca en el sureste del país”. Y refirió las grandes obras de infraestructura como el Tren Maya; la refinería de Dos Bocas, Tabasco; el corredor transístmico para unir el Pacífico al Atlántico (Golfo) donde “se van a crear parques industriales para generar muchos empleos”.

A esta intención de evitar el desarraigo y el desplazamiento rural también agrega el gobierno federal su programa “Sembrando Vida”, que abarca sobre todo los estados del sur-sureste en una primera etapa. Se asegura que tan sólo este último programa ha permitido crear  más de 400 mil empleos “permanentes”. Inclusive este modelo ha tratado de ser exportado a Guatemala, Honduras y El Salvador, países de los que procede la mayoría de los migrantes; como las caravanas que en estos días están intentando cruzar la frontera sur.

 

BENEFICIO COMPARTIDO

 

 

EN JULIO de 2020, AMLO expuso públicamente que el gobierno de Estados Unidos no había cumplido con su compromiso de invertir en el sur-sureste4 mexicano para disminuir el flujo migratorio. Recordemos –como decía líneas arriba- que en mayo de 2019 Donald Trump anunció un plan para aplicar “gradualmente” aranceles extraordinarios a México como una presión para que cerrara sus fronteras a los migrantes. Tales impuestos irían de un 5% inicial hasta un 25% en octubre. Con esto el gobierno republicano logró imponer un muro policiaco.

No se puede ignorar que históricamente la conducta de las administraciones del vecino del norte ha sido de corte imperialista e intervencionista. Pero también es posible que con el gobierno de Joe Biden, del Partido Demócrata, pueda ser retomado el proyecto de su correligionario Barack Obama (2009-2017) quien planteó inversiones en los países que expulsan mano de obra para retenerlos en sus países de origen. Algo similar a la idea promovida por AMLO. Aunque se afirma que Obama fue el presidente estadounidense que más indocumentados deportó, las cifras citadas por el Chicago Tribune (junio, 2017) refieren que durante el mandato del demócrata Bill Clinton (1993-2001), fueron deportados 12 millones 290 mil indocumentados, en tanto que con el republicano George W. Bush (2001-2009), fueron expulsados de Estados Unidos 10 millones 328 mil  personas. Con Obama los deportados fueron 5 millones 280 mil. 

Pero más allá de las cifras, lo que resultó evidente fue la campaña anti migrante, racista, xenófoba y persecutoria de Donald Trump. Aunque hay elementos mediáticos para presentar un aparente choque entre Biden (EEUU) y AMLO (México), lo deseable y también necesario es que los dos gobiernos actúen en función de sus intereses de seguridad nacional y por una migración ordenada, pero también con mayor apego a los derechos humanos.

Y eso sin duda será mucho mejor para los estados del sureste mexicano, para los países centroamericanos y también para la franja fronteriza con Estados Unidos donde existe un preocupante hacinamiento de refugiados.

AL MARGEN

LA MIGRACIÓN, como lo han mostrado las remesas en México y las actividades productivas en Estados Unidos, puede –y debe ser- altamente benéfica. Veremos qué depara la “Etapa-AMLO” ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )