AMLO aprieta el paso: propone reformar la Ley de Hidrocarburos, fortalecer a SENER

Lunes, 29 de Marzo de 2021 00:28 Editor
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 Escala Crítica/Columna diaria

*El gran viraje, la siguiente etapa serán reformas constitucionales
*La energía: seguridad nacional, energética y de desarrollo, destaca
*Tras anulación por finanzas; INE, espera encuestas de Morena
 
Víctor M. Sámano Labastida
 
 
TENEMOS en puerta una intensa batalla jurídica y política, con un trasfondo económico. Son varias ocasiones en las que la Suprema Corte, magistrados y jueces, se oponen a iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en materia energética. Hay intereses nacionales privados y públicos en juego, lo mismo que poderosos intereses extranjeros. Esta semana, la Cámara de Diputados revisará una reforma a la Ley de Hidrocarburos que envió AMLO, cuando aún está en disputa la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. 
De manera acelerada nos acercamos al terreno de las definiciones. Le comenté aquí que desde Carlos Salinas de Gortari, hace más de treinta años, de manera sistemática se realizaron cambios a la Constitución y a las leyes secundarias para privatizar los sectores que aún permanecían bajo control del Estado. El argumento y el procedimiento siempre fue el mismo: dejar caer la administración pública para luego mostrarla como corrupta e ineficiente. El paso siguiente fue el traslado de esas funciones al capital privado. 
En términos generales chocan dos modelos: la gestión pública y la gestión privada, y en estas dos vertientes en la definición de objetivos, ¿para qué y para quién?
AMLO CONTRA EL NEOLIBERALISMO
 
EN UN MUNDO interdependiente resulta muy complejo cambiar una ruta impuesta por décadas. Desde octubre de 2020 el presidente López Obrador ratificó su intención de buscar una reforma constitucional en materia eléctrica, lo mismo que puede ocurrir en la cuestión petrolera. En esta última, sobre todo, hay una red de intereses de gobiernos extranjeros, en particular de Estados Unidos.
AMLO ha tenido que enfrentar incluso la oposición de los llamados órganos autónomos, como la  Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que interpuso una controversia constitucional en 2020 contra la Secretaría de Energía.
Ahora el Presidente ha decidido dar un paso más. En una nueva iniciativa enviada al Legislativo se establece que el gobierno mexicano podrá esgrimir razones de seguridad nacional para cancelar permisos de empresas privadas en actividades relacionadas con tratamiento y refinación de petróleo, así como procesamiento de gas natural y exportación e importación de hidrocarburos y petrolíferos.
Esta propuesta de reforma a la Ley de Hidrocarburos ya está en manos de las comisiones de Energía, que encabeza el diputado tabasqueño Manuel Rodríguez, y la de Presupuesto, a cargo del tamaulipeco Erasmo González. Plantea fortalecer Pemex y la CFE “como garantes de la seguridad, así como de la soberanía energética y la palanca del desarrollo nacional para detonar un efecto multiplicador en el sector privado”.
La iniciativa presidencial se enfoca a lo que se considera el núcleo de la reforma de Enrique Peña Nieto y marcaría un viraje total. 
Señala como “inadecuado” y riesgoso, dejar en manos del sector privado la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional. Establece: “La escasez, el desabasto y las interrupciones en el suministro de hidrocarburos y petrolíferos son riesgos a la seguridad energética que podrían afectar gravemente a la estabilidad del país, situación que se ha presentado recientemente”.
El camino trazado parece confirmar lo que ya le comentamos: el gobierno de AMLO mostrará la necesidad de reformar la Constitución, que es donde están ancladas las privatizaciones desde Salinas a Peña Nieto. Estos cambios constitucionales podrían intentarse comenzando la Legislatura que surja de las elecciones de junio…para lo cual López Obrador requiere una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y una mayoría de los congresos locales. 
 
LA TENSA ESPERA
 
CON LA CONFRONTACIÓN entre el INE y Morena por la anulación de unas 150 candidaturas, la mayoría del partido en el poder entre ellas dos a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, en la dirigencia nacional y en las representaciones estatales se encendieron las señales de alerta por lo que pudiera pasar cuando se conozcan los resultados de las encuestas para seleccionar candidatos a las alcaldías y diputaciones. 
Como le comentaba, existe un resolutivo en el que Morena fue obligado por la Sala Superior a entregar información detallada de una encuesta a uno de los aspirantes rechazados. En 2017, Ricardo Monreal logró –sin necesidad de recurrir a los tribunales y sólo con presión política- que se publicaran las encuestas en las que Morena dio la candidatura del gobierno del Distrito Federal a Claudia Sheinbaum. 
Su partido-coalición, se había negado a hacer públicos los datos por tratarse de un proceso interno. Pero al final cedió. Había dicho Monreal: “No es una osadía pedir transparencia, no es una osadía ayudar a disminuir la opacidad y la parcialidad. No es una osadía un poco de autocrítica sobre las acciones y decisiones tomadas, no es una osadía corregir los errores, enmendar las acciones incorrectas tomadas por la Comisión Política y el Comité de encuestas”. (Agosto, 2017)
Ahora la cuestión es más compleja, porque estamos ante casi dos mil encuestas realizadas o por hacerse. Y el INE al acecho.
 
AL MARGEN
 
RECUPERAR los espacios públicos, es una consigna que tienen los gobiernos desde hace varias décadas. La lógica indica que resulta más costoso –económica y socialmente- la recuperación que la prevención: evitar que la delincuencia y la arbitrariedad se apropien de las áreas comunitarias. La peor señal es cuando las propias autoridades, como los delegados municipales por ejemplo, participan en las conductas que dañan a la sociedad. ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla