Escala Crítica/Columna diaria
*Treinta años de contralorías y la corrupción no disminuye
*Más de 15 mil millones de pesos en un sistema ineficaz
*Pérez Évoli y Francisco Rullán; cambiar reglas de control

Víctor M. Sámano Labastida

EN TEORÍA los servidores públicos están obligados a cuidar que los recursos públicos sean utilizados en beneficio de la población. A principios de los años ochentas se llegó a la conclusión de que las áreas de administración gubernamental no administraban, en el sentido planificar, dirigir, organizar y controlar la aplicación de los recursos financieros y la actividad laboral. Se idearon entonces las contralorías. Primero una Contraloría Federal y posteriormente las estatales. Había que combatir la corrupción, se dijo.

Después de más de 30 años y miles de millones de pesos destinados, la corrupción no cede. Las leyes parecen estar hechas para proteger a los asaltantes del dinero público.

DESCONTROL ORGANIZADO

HEMOS ESCUCHADO que parte del desfalco, desviación, peculado de recursos públicos –dinero y materiales-, que padece Tabasco es resultado de un mal desempeño de todos los sistemas de control. Desde la fiscalización federal hasta la estatal y legislativa. Seguramente también sucede en los municipios, el eslabón más débil de la administración pública. Así ocurre en varios estados, aunque no de manera tan escandalosa como presuntamente aconteció en el estado.
¿Cuáles son algunos de los órganos de control y combate a la corrupción?
En 1983 surgió la Secretaría de la Contraloría General de la Federación. En 1994 se convirtió en Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. En 2003 pasó a ser Secretaría de la Función Pública.
Con Felipe Calderón tuvo tan reducida importancia que el mandatario panista no dudó en nombrar a su amigo Germán Martínez Cázares en el cargo; lo desempeñó sólo diez meses para de ahí pasar a la dirigencia nacional de su partido, el PAN. Auditar la acción gubernamental no importaba.
De manera paralela, los diputados crearon un “órgano auxiliar” denominado Auditoría Superior de la Federación.
Tanto a la Contraloría federal (SFP), como a la Auditoría se le asignaron en promedio unos mil 300 millones de pesos anuales. Más de 15 mil millones a las dos estructuras del 2007 al 2012 para combatir la corrupción y mejorar la administración.
En los estados se crearon contralorías locales, lo mismo que en las cámaras de diputados las fiscalías.
La valoración de los mecanismos de supervisión fue en picada, de manera que ahora a la llegada del PRI a la Presidencia, con Enrique Peña Nieto, se planteó la desaparición de la Contraloría (SFP) para crear la Comisión Nacional Anticorrupción.
Como es costumbre que lo que hace el centro federal lo hacen los estados, habrá que ver si ahora se empiezan a constituir “comisiones” contra la corrupción en todo el país.
No podemos generalizar que fueron ineficientes los mecanismos federales y estatales para abatir las prácticas corruptas, pero sin duda que las actividades de control y auditoría se hicieron con criterios políticos. Sirvieron más al gobierno en turno que a la población. 

TESTIGOS ¿PROTEGIDOS?

COMENTÉ el fin de semana pasado que el ex titular de la Contraloría, Róger Pérez Évoli, se contaba entre los pocos ciudadanos que después de haber desempeñado un cargo público acudieron a los citatorios de la Procuraduría estatal. Que no se escudó en la chicanada de que no fue localizado en su domicilio, como ha sido el caso de Andrés Granier, José Sáiz, Miguel Contreras, Luis Felipe Graham, Beatriz Luque, entre otros.  También acudió a declarar el ex secretario de Salud, Carlos de la Cruz.
Un amable lector me refiere que Pérez Évoli puede ser acusado por lo menos de negligencia, si no es que cómplice por omisión. Según este punto de vista, la Contraloría revisa el 100 por ciento de los movimientos del área auditada por lo que resulta imposible que no hubiese detectado “las criminales desviaciones”.
Puntualiza: los estados financieros de la cuenta concentradora de la Secretaría de Finanzas es la más auditada de todas, por lo que debió resultar evidente el hueco que se venía arrastrando y que se incrementaba año con año. Su función era evitar a tiempo las desviaciones.
Según dijo Pérez Évoli, durante su desempeño aplicó más de 300 auditorías y se aplicaron más de mil sanciones. “Lo dejé todo documentado, de casi todas las dependencias”, argumentó.
El jalapaneco conoce de los asuntos de las auditorías. No podría alegarse ignorancia. Cabe recordar que Pérez Évoli fue Contador Mayor de Hacienda en la Legislatura de 1983 a 1985, lo que ahora es el Órgano Superior de Fiscalización, cuando el líder de la bancada del PRI era Fredddy Chablé Torrano; cargo que también desempeñó bajo la presidencia de  Gustavo Rosario Torres, de 1986 a 1988.
Fue alcalde de Jalapa del 2001 al 2003 y diputado local del 2004 al 2006. Siendo Contralor del estado también fue presidente del Consejo de Administración del equipo de béisbol Club Olmecas de Tabasco.
Sin duda que mucho tienen qué decir los ex funcionarios de la Contraloría, como también los de los diversos órganos de administración y fiscalización, para esclarecer el denunciado desfalco de recursos públicos.

AL MARGEN

EL TEMA del desempeño de las contralorías y de fiscalización, me parece, es relevante precisamente porque ahora los diputados tabasqueños están enfrascados en la selección de quién será el nuevo fiscal  del estado. Sin modificar la Ley de Fiscalización, tan criticada por el PAN y también por el PRD cuando estaba en la oposición, en los próximos días conoceremos el nombre del designado para sustituir al polémico Francisco Rullán Silva.
De 36 aspirantes sólo siete pasaron el primer filtro. Públicamente se han expresado críticas en contra de los seleccionados por reales o supuestos vínculos políticos, profesionales, amistosos y hasta familiares con priístas o con miembros del actual gobierno.
Como resultará muy difícil que en un estado como Tabasco se encuentren personas ajenas a los intereses de poder actual o saliente, o fáctico –aquí las relaciones de grupo son frecuentes y casi ineludibles-, hubiese sido deseable que los legisladores aprovecharan la oportunidad para modificar las normas de fiscalización. No lo hicieron ahora, puede pesar después.

LA IMAGINACIÓN se desborda. Hemos escuchado historias sobre una posible simulación de la enfermedad y agravamiento de Andrés Granier. Le harán una cirugía plástica y saldrá por la puerta de atrás, inventan. Este columnista se ríe, pero no deja de reconocer que los guiones de Luengo Creel –el abogado de Granier- son previsibles. ¿Y el de Sáiz que dijo “sobre mi cadáver”? ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )