Escala Crítica/Columna diaria
*Cumple tres décadas la promesa de limitar catástrofes
*Sólo 23 de los más de 2 mil 400 municipios con mapas
*Vulnerables, más del 80 por ciento de los mexicanos

Víctor M. Sámano Labastida

LA CATÁSTROFE de hace 28 años en México obligó a iniciar los planes de protección civil y prevención de desastres. El terremoto de la Ciudad de México en 1985, las inundaciones de Tabasco en el 2007 y el impacto de las lluvias en 2013 -entre las más notorias- ponen en evidencia nuestros avances y retrocesos en la materia. Datos preocupantes: sólo 23 de los más de 2 mil 400 municipios cuenta con un Atlas de Riesgos, cuatro estados no han elaborado este tipo de documento, siete estados –entre estos Tabasco- tienen su Atlas sin actualizar.

Aunque la protección civil y la prevención de desastres se convirtieron en un mandato de ley para los gobiernos, son de esas normas para las cuales no hay sanción por incumplimiento. A pesar de que tienen muy altos costos en vidas, bienes y desarrollo social. 

NULOS O MAL HECHOS

EN JUNIO de 2008 le fue solicitado al Cenapred el Atlas de Riesgo para el Estado de Tabasco. Estaba reciente la catástrofe de las inundaciones. La respuesta oficial fue declarar la inexistencia de tal documento. Aunque se supone que cada estado debería tener su propio Atlas, la realidad es que los que existen son incompletos o algunos irresponsablemente mal hechos. Baja California Sur, Durango, Quintana Roo y Sinaloa, son las entidades en las que no existe ninguna versión –ni buena ni mala- de estos documentos.
Una evaluación hecha por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) al Sistema Nacional de Protección Civil, señala que Tabasco, Oaxaca, Campeche, Guerrero, Hidalgo, Morelos y  Yucatán tienen su Atlas de Riesgo pero sin actualizar.
Si usted acude a la página del Cenapred podrá constatar que Guerrero, el estado cuya población ha sufrido los peores daños en septiembre, no cuenta con Atlas de Riesgo publicado; aunque asegura que fue elaborado en 2006, no se ha actualizado ni se encuentra en Internet para consulta.
En la “cédula de avance” de los Atlas de Riesgo estatales elaborado por el Cenapred en 2009 –la más reciente-, de Tabasco no aparece ninguna información; el de Chiapas es de 2008 y fue actualizado en 2009; el de Oaxaca –otra zona vulnerable a las catástrofes- data del 2002; el de Yucatán es el 2003 y no se ha actualizado, sólo por citar algunos.
Hay cuatro entidades que actualizaron su registro entre 2001 y 2008: Distrito Federal, Guanajuato, Nuevo León y Tlaxcala. Oficialmente serían 17 los estados que tienen completo, pero sólo de tres se puede consultar públicamente. Un absurdo: un documento instructivo…que es casi secreto.

EN LA MÁS RECIENTE edición de la revista Proceso (No. 1925), Irasema Alcántara, de la Comisión Dictaminadora del Cenapred, reconoce que México tiene una acción reactiva y no preventiva. “No tenemos un Atlas de Riesgos. Los del Cenapred carecen de muchos elementos. Uno de los problemas principales de los atlas es que se deben hacer a escala local. En algún momento, en la anterior Coordinación de Protección Civil tenían la idea de hacer un atlas nacional pegando en computadora los atlas de los estados, lo cual iba a ser un Frankenstein terrible porque las metodologías son distintas, están mal hechos y no se puede hablar de algo adecuado”.
La versión oficial es distinta. Recientemente el coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luis Felipe Puente, anunció que se elaborará un Atlas Nacional; aseguró que el 85% de los gobiernos estatales tienen ya ese documento. El reporte de la OCDE contradice tal aseveración.
En este mismo sentido, el director general del Cenapred, Enrique Guevara, admitió que aún cuando desde el gobierno de Felipe Calderón se entregaron recursos a los gobiernos estatales los mapas de riesgos seguían sin concretarse. Expresó: “como primer tarea lo que tendríamos que hacer es concluir la integración del Atlas Nacional de Riesgos, esto significa que en cada comunidad, en cada municipio, en cada entidad federativa y a nivel nacional se tenga un inventario de cuáles son estos riesgos, cuales son las vulnerabilidades, cuales son los fenómenos a los que estamos expuestos”. Menos del 20 por ciento de las entidades han hecho su tarea dijo Guevara. (Marzo, 2013)
La realidad nos indica que cada desastre nos toma por sorpresa.
Como le decía en otra ocasión: la naturaleza se encarga de desnudar las mentiras.
¿Habrá sanciones para quienes anunciaron tener concluidos los mapas de riesgos pero simplemente exponen a la población a una catástrofe? Me temo que no. La democracia no da para tanto.
En agosto de 2011 la entonces diputada Esthela Damián, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, exigió a José Luis Luege de la Conagua un informe sobre el Atlas Nacional de Riesgos. Todo terminó en un exhorto.
El más reciente reporte de la Sedesol sobre las condiciones sociales en México establecía que en nuestro país la vulnerabilidad a la pobreza abarcaba al 80 por ciento de la población –en algunos casos hasta al 90 por ciento. La catástrofe de Guerrero, y en menor medida en otros 22 estados, recuerda que a las circunstancias socio económicas que hacen vulnerable a una población hay que sumar un factor cada vez frecuente y destructivo: el de los fenómenos naturales, que nuestra imprevisión convierte en desastre.

AL MARGEN

UNA CONSULTA nacional directa “con carácter vinculatorio” para que sus resultados tengan efectos legales, planteó ayer Andrés Manuel López Obrador durante la marcha y mitin realizado en la capital del país en relación a la reforma energética. Alianza Cívica realizó antes a petición del PRD una consulta restringida que incluyó las reformas fiscales. Cuauhtémoc Cárdenas propone un referéndum revocatorio, en caso de que sean aprobados los cambios constitucionales sobre el petróleo.
Las fracciones parlamentarias del PRI en el Senado y en la Cámara de Diputados promueven una consulta entre especialistas e interesados en el tema. El PAN presentó su propia propuesta energética, pero condiciona cualquier discusión a que antes se discuta la reforma política.
Podría decirse que tanto los fiscal como lo político y social están supeditados a lo que suceda con los recursos petroleros. Tal es nuestra dependencia. ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )