*En aquella entidad debe comenzar una “cirugía institucional”

*Desconfianza de la población y el desencanto, caldo de cultivo

*Ahora sí, parece que preocupa el bajo poder de los salarios

Víctor M. Sámano Labastida

GUERRERO es uno de los estados del país donde mayor deterioro institucional se ha registrado, si consideramos esto como una confianza en las instituciones impartidoras de justicia y por el registro del nivel de violencia. Le comenté en otra ocasión que esa entidad sureña padece varios tipos de violencia: la pobreza, la delictiva (tráfico de drogas y homicidios) y la de los grupos guerrilleros.

Una encuesta realizada por Parametría y publicada en el diario El Financiero (22/X/2014) refiere que el 56 por ciento de los guerrerenses considera que las personas deben hacerse justicia por su propia mano, lo que implicaría un descrédito respecto a la eficacia del sector oficial. Este porcentaje en Guerrero es mucho mayor que en cualquier otra parte del país.

El segundo sitio en esta tendencia de la población se registra en Morelos, donde 48 de cada cien estiman que son los propios ciudadanos los que deben hacerse justicia; le sigue Michoacán con el 36 por ciento. Con 35 de cada cien se ubican Edomex y Coahuila. Estos son los registros más altos aunque ninguno comparado con Guerrero.

Parametría hace notar que –a pesar de la fama violenta de Guerrero- en el 2011 esta tendencia a la justicia propia era del 30 por ciento, lo que indica que en poco más de dos años creció al doble. Los sucesos recientes seguramente impactarán en estos índices.

REVISIÓN A FONDO

GUERRERO tiene también una de las tasas de homicidios más altas del país: 59.22 muertes violentas por cada cien mil habitantes. En 2006 era de 25.17.

Un reflejo del deterioro institucional, como sucedió en Michoacán, fue el surgimiento y la consolidación de la policía comunitaria. De acuerdo a la CNDH, también citado en el reporte de El Financiero, en 2013 había 46 grupos de policías comunitarios en 56 municipios donde habita el 65 por ciento de la población.

Habría que anotar que la policía comunitaria de Guerrero tuvo una dinámica distinta a los grupos de autodefensa de Michoacán. Mientras en este último estado la mayoría de las milicias civiles surgieron como respuesta a las bandas del narcotráfico, en la primera entidad las policías comunitarias aparecen más arraigados en la cultura y cuentan inclusive con una coordinación regional.

El estado sureño tendrá que ser sometido a una “cirugía institucional”. Algo que también será necesario para varias entidades de la República e inclusive para el propio Estado mexicano. Así como fueron insostenibles los gobernadores de Michoacán, Fausto Vallejo, y ahora Ángel Aguirre en Guerrero, ocurre en otros sitios. 

Habrá que anotar que Vallejo y Aguirre –sin negar su propia responsabilidad- fueron herederos de un deterioro acumulado durante años. 

Pero no basta la renuncia de Ángel Aguirre. La presión nacional e internacional seguirá hasta que aparezcan los normalistas secuestrados y se castigue a los autores materiales e intelectuales. Se convirtió el tema en asunto de seguridad nacional.

CARRERA SALARIAL   

LA SUPREMA Corte admitió tres propuestas de consulta popular para el año próximo, aunque deberá analizarlas para declarar si proceden o no. Dos de las consultas solicitadas son del Partido de la Revolución Democrática y del Movimiento de Regeneración Nacional sobre las reformas energéticas. Otra se refiere a la necesidad de revisar los criterios para el salario mínimo en México. Esta medida fue propuesta por el Partido Acción Nacional.

Los críticos de Acción Nacional sostienen que se trata de una solicitud oportunista, porque este partido gobernó doce años el país y fue una de las etapas en que más se deterioró el salario. Sin embargo, existe una opinión mayoritaria en el sentido de que se debe romper en México el círculo vicioso de los bajos salarios y la baja capacidad de compra.

Porque esto empobrece la economía en general.

Podemos observar que ahora comenzó una carrera en torno al salario mínimo. A la propuesta de consulta del PAN siguió una iniciativa del gobierno de Miguel Mancera en el Distrito Federal. Ahora fue el gobierno federal el que anunció la instalación de una comisión “para la recuperación gradual” de los minisalarios.

Poco antes, el propio secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete, reconoció que en los últimos 30 años el poder adquisitivo ha perdido un 75 por ciento su poder de compra. Dicho de otra forma, ahora se puede adquirir sólo la cuarta parte de lo que se adquiría hace 30 años con el salario del trabajador.

Inclusive Navarrete Prida reconoció que México ocupa uno de los últimos lugares del mundo en ingreso salarial. Pero no sólo eso, sino que en nuestro país existe uno de los niveles más grande de desigualdad en los ingresos.

Así, por ejemplo, mientras  en Europa la diferencia promedio entre los ingresos más bajos y los más altos es de 10 a uno, en México es de 30 a uno.

Países como Uruguay y Bolivia han demostrado que mejorar los salarios mejora la economía.

AL MARGEN

LA ALTERNANCIA en Tabasco por sí misma es una circunstancia de cambio. El gobierno de un partido o coalición es sustituido por otro. Pero eso no basta porque para que se construya una verdadera alternativa tienen converger una serie de acciones del sector público, del privado y de la sociedad.

Seguramente usted habrá escuchado que Tabasco es uno de los estados que más empleados públicos tiene. Es donde hay más asalariados en la nómina del gobierno y también en la nómina de las empresas o dependencias oficiales.

De acuerdo a estudios de firmas consultoras en Tabasco hay un empleado público por cada 27 habitantes. Para que tengamos una idea de lo que esto significa le diría que en Colima sólo hay un empleado público por cada 469 habitantes. Y en Nuevo León un empleado público por cada 367 habitantes.

Es algo que también tiene que cambiar, pero para eso se requiere que la iniciativa privada tenga iniciativa.

EL GOBERNADOR Arturo Núñez encabezó ayer la presentación de los resultados de la firma Inteligencia Inmobiliaria respecto al futuro Centro de Convenciones de Tabasco (Villahermosa). El riesgo, se sabe, es que una obra de esta magnitud se convierta en un “elefante blanco” –como lo advirtió el propio mandatario-, o quede para la realización de fiestas privadas y eventos sociales sin impacto económico. Es lo que habrá que cuidar. No es poca cosa: se calcula que el Centro de Convenciones tendrá un costo total de mil 500 millones de pesos. ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )