DELINCUENTES SIN CASTIGO, INCENTIVO PARA LA VIOLENCIA

Jueves, 13 de Noviembre de 2014 00:04 Editor
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 Escala Crítica/Columna diaria

*Cuando mucho, sólo seis de cada cien ilícitos se sancionan
*Necesario un plan para que Tabasco no se vuelva a petrolizar
*Cumple el diario Avance 43 años; rediseño y nuevos retos
 
Víctor M. Sámano Labastida
MÉXICO es el paraíso de la impunidad. En el Estudio Mundial sobre Homicidio 2013 (ONU), América Latina aparece como la región en la que más probabilidades tiene un delincuente de no ser sancionado.  En el caso de los homicidios, mientras en Europa por cada cien hechos criminales 81 llegan a la condena penal; en nuestro continente sólo se castigan 24 de cada cien muertes dolosas.
De acuerdo a la ONU, la impunidad “constituye una infracción de las obligaciones que tienen los Estados de investigar las violaciones (a los derechos humanos), adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas”.
Pero también se debe “garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos, garantizar el derecho inalienable a conocer la verdad y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones”.
Un derecho fundamental es el derecho a la vida. Una obligación básica del Estado (y los gobiernos) es garantizar la integridad física de las personas que habiten en su territorio.
En México, 94 de cada cien delitos del fuero común ocurridos durante el 2013 quedaron sin castigo. Esto sucedió porque no hubo denuncia o porque aun cuando haya ocurrido no se inició ninguna averiguación. La encuesta del INEGI sobre victimización destaca que la mayor impunidad se registra en Guerrero, de manera que no es casual la inacción de las policías y autoridades en contra de los delincuentes. Hay omisión o complicidad.
En la tabla de delitos sin castigo le siguen el Estado de México y Michoacán. 
Aunque se insiste en que buena parte de la impunidad resulta de los delitos no denunciados, el INEGI también recabó datos en los que la mayor parte de la gente señala que no acude a las autoridades porque pierde su tiempo, no hay certeza de que actúen y porque temen que les pidan dinero de manera irregular.
Ahora se habla de un pacto por la seguridad, sobre todo en respuesta a la grave violación de los derechos humanos en Ayotzinapa, Guerrero. Las autoridades deben atacar las causas de la creciente desconfianza de las personas en las instituciones.  Y entre sí.
Recordemos que un reporte del Informe País Sobre Calidad de Ciudadanía (junio 2014) reveló que menos del 5 por ciento de los mexicanos confían en la policía y en los jueces.
Lo grave es que esa desconfianza se extiende a las personas. Siete de cada diez personas dijeron no confiar en sus semejantes.
NO REPETIR ERRORES
CON UNA entrevista al gobernador Arturo Núñez concluyó la serie de programas “Tabasco: En la Ruta” que por espacio de dos semanas fue transmitido por Radio Tabasco y Canal Siete de Televisión. Aseguró el mandatario que pasada la primera etapa de estabilización de las finanzas estatales, lo que sigue será acelerar el paso en una estrategia basada en la recuperación del campo, mejor aprovechamiento de la industria petrolera y a diversificación del aparato productivo.
Un desafío será evitar que se repitan los errores que llevaron a desaprovechar los llamados auges petroleros. Como usted sabe, la cuantiosa derrama petrolera hasta 2007 –cuando cambian los criterios de distribución- colocaron   Tabasco en el primer lugar de los recursos por persona, aunque mal repartidos. También llevaron a una distorsión de la economía y las actividades productivas.
A propósito del reciente informe de gobierno, la diputada Casilda Ruiz refirió  que aún siguen abiertos varios juicios contra quienes desviaron los recursos públicos. Tan sólo en el 2012 el monto reclamado excede los 10 mil millones de pesos, indicó la legisladora del PRD quien también recordó que en Islas Caimán fue descubierta una operación para “esconder el dinero que se robaron”. Las autoridades han mantenido en reserva la identidad de los investigados para evitar que la información pública sea utilizada como pretexto de violación del debido proceso.
MÁS DE CUATRO DÉCADAS
SE CUMPLIERON 43 años de la fundación del diario Avance que se publica en Villahermosa. Con este motivo el rotativo matutino fue objeto de un rediseño con la ampliación de su número de páginas y la incorporación de información especializada en finanzas, economía y turismo, sin dejar de cubrir los segmentos tradicionales de política y noticias generales. 
El subdirector Luis García explicó en su colaboración habitual en Avance que este periódico inicia una etapa de modernización con el uso de las nuevas tecnologías de la información y atendiendo a la exigencia de los lectores.  
El periódico Avance comenzó a publicarse un 12 de noviembre de 1971 con el lema de “El diario del Grijalva”, dirigido por Fernando Alcalá Bates. Al cumplir el décimo aniversario de ese impreso asumió la presidencia y dirección general Ignacio Cobo González. En la responsabilidad editorial del matutino han estado Luis Sánchez Arreola y Jorge Avilés Randolph, así como Lácides García Detjen, entre otros comunicadores. 
AL MARGEN
ES UN HECHO frecuente pero ahora la Suprema Corte determinó que va contra la Constitución establecer un rango de edad para cubrir determinados puestos de trabajo, tanto en el sector público como en el privado. Aunque la resolución es por una demanda específica contra la Corporación Mexicana de Restaurantes (CMR), este criterio se puede extender a todas aquellas convocatorias laborales que aplican esta forma de discriminación laboral.
De acuerdo a la resolución el empleador tiene libertad para contratar, pero “abstenerse de discriminar al seleccionar al personal, distribuir el tiempo de trabajo, e instaurar normas de conducta y disciplina en el lugar de trabajo”.
Este criterio podría también aplicarse a muchas otras convocatorias de los sectores público y privado. Aún más, violar el preceptivo constitucional puede ser motivo de indemnización a los afectados. ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )