*Para el 2015 tendrían que erogarse unos mil millones en ISSET

*Ignoró el alcalde González Valerio a derechos humanos y Congreso

*La fiscalía del migrante en Tenosique, no sólo una oficina más

Víctor M. Sámano Labastida

EL GOBIERNO de Tabasco asegura las finanzas que se han saneado las finanzas y que para el año próximo habrá mayor disponibilidad presupuestal. Se calcula que dispondrán de unos 43 mil millones de pesos. Sin embargo, hay dos problemas que deberá enfrentar en materia financiera, resultado de años de falta de planeación y exceso de desidia.

Uno es el alto costo de la burocracia, porque el gobierno estatal tiene muchos más empleados de los que necesita, pero también muchos más empleados de los que puede pagar. La culpa, por supuesto, no es de los empleados en una entidad en la que el sector público ha sido el gran empleador

y el exceso de contratación se convirtió de alguna manera en un factor de estabilización. El capital privado tiene una presencia muy limitada y esencialmente especulativa.

El exceso de burocracia puede ser frenado mediante la limitación de las contrataciones, la reubicación de personal y eventualmente un liquidación paulatina, entre otros. 

Pero también existe otra preocupante dificultad para las finanzas públicas estatales. Se trata de las pensiones para los burócratas jubilados.

Los datos referidos por el diario Presente muestran el tamaño del desafío. Y la urgencia de una solución. Publicó el matutino en un reporte de Roberto Barbosa que en los últimos dos años el total de pensionados y jubilados pasó de cinco mil 165 personas a siete mil 198 personas. 

Pero donde se nota más la gravedad de los costos es que mientras en 2012 se destinaron 503 millones para las jubilaciones y pensiones, este año tuvieron que utilizarse 817 millones y medio. A este ritmo para el año próximo se llegará a los mil millones de pesos la suma de pagos  que deberá realizar el ISSET. Este organismo apenas tiene autorizado 586 millones para tal efecto.

Aunque en el instituto de seguridad para los burócratas la nueva administración encabezada por Agapito Domínguez indica que aplicó un sistema de saneamiento de sus finanzas, el padrón de pensionados crece año con año.

Este es un problema que deben enfrentar todos los gobiernos, pero en Tabasco se agudiza por la gran cantidad de trabajadores contratados y por el natural envejecimiento de la planta laboral o por el vencimiento de los plazos para las jubilaciones. Lo que se complica con un hecho positivo pero gravoso para las finanzas: las personas jubiladas tienen una mayor esperanza de vida.  

En la otra acera, la de quienes no trabajan para el sector público, se tiene un horizonte más sombrío: 65 de cada cien mexicanos en la población económicamente activa (PEA), carecen de esperanza de una pensión al terminar su vida laboral. La seguridad social sólo cubre a la tercera parte de los trabajadores.

Por si fuera poco, entre quienes sí reciben o recibirán pensiones obtendrán pagos mínimos, prácticamente miserables. Esto no sólo empobrece la calidad de vida, también empobrece la economía.

 

NO LE CUMPLE A LA CEDH

VENCIÓ el plazo para que el alcalde de Macuspana, Víctor González Valerio responda oficialmente a cinco recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que preside Manuel Argáez de los Santos, relativas a los apoyos que se comprometió a otorgar a un grupo de mujeres indígenas para establecer un “Taller Semi industrial de Confección de Prendas de Vestir y Uniformes”. 

Estas recomendaciones de la CEDH obedecen a que las autoridades municipales no cumplieron en tiempo y forma, lo que según dictaminó el organismo de derechos humanos derivó en que una obstrucción del acceso al trabajo de los peticionarios.

La organización reclamante es representada por Julio César Álvarez Santos. El reclamo data del 18 de octubre del año pasado. De acuerdo a los expedientes, González Valerio se comprometió a realizar aportaciones económicas, brindar apoyos diversos para la maquiladora, se condujo con engaños y no ha cumplido los acuerdos, con afectación para ese grupo indígena.

Aunque la CEDH  realizó acciones de mediación e hizo propuestas aceptadas inicialmente por González Valerio, sin embargo al no cumplir el alcalde ninguno de los acuerdos el pasado 2 de septiembre, a título de medida precautoria, el organismo solicitó a la autoridad municipal realizar gestiones para programar en presupuesto 2015 el apoyo correspondiente al proyecto de maquiladora. Nada ocurrió.

Ahora fue el Congreso local que solicitó la comparecencia “urgente” de González Valerio ante las Comisiones de Asuntos Indígenas y Derechos Humanos, a petición de la diputada Verónica Pérez. Hasta el momento funcionarios del ayuntamiento se han concretado a descalificar a la CEDH: “la chamaquearon”, sostienen.

AL MARGEN

EL NUEVO FISCAL estatal y ex procurador Fernando Valenzuela anunció que una de sus primeras acciones en esta etapa será la integración de una Fiscalía Especial de Atención a Migrantes, cuya sede estará en Tenosique, municipio fronterizo con Guatemala. En este espacio hemos insistido en la necesidad  de que Tabasco cuente con un diagnóstico y una política específica en relación a la migración, en particular la procedente de Centroamérica.

Cuando el cónsul general de Honduras Raúl Otoniel Morazán visitó Tabasco señaló que una fiscalía para migrantes permitiría vigilar el respeto a los derechos humanos y el debido procedimiento para la repatriación de quienes sean interceptados. Los migrantes son vulnerables a las agresiones de los delincuentes, pero también de algunas autoridades.

Tomás González Castillo, director de la Casa del Migrante La 72, de Tenosique, sostiene que por la frontera de Tabasco ingresan diariamente al país 200 a 300 migrantes hombres, mujeres y niños.

ES POSIBLE que usted recuerde a Alfonso Filigrana, conocido como Tito Filigrana. Ex presidente municipal de Jonuta, ex militante del PRI, fue militante del PRD y también del PAN, ahora de vuelta al PRD está a un paso de ser expulsado. El dirigente de ese partido, Candelario Pérez, confirmó que es uno de los acusados por el zafarrancho ocurrido en la fallida elección del dirigente solaztequista jonuteco. 

DIVERSAS formas de organización discuten los movimientos sociales que reclaman en México mayor seguridad y combate a la impunidad. Aunque tienen como bandera la presentación de los estudiantes secuestrados y desaparecidos en Iguala, Guerrero, su reclamo va más allá. Mientras algunos grupos elaboran agendas que presentarán a los candidatos en las elecciones del 2015, otros plantean un boicot a los comicios para obligar a los políticos y sus partidos a una renegociación del pacto nacional. ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )