*Sí habrá borrón y cuenta nueva, asegura el gobernador Núñez

*Piden municipios recursos y un mejor trato de la Federación

 

Víctor M. Sámano Labastida

 

POR DIVERSAS razones Tabasco en los meses recientes ha estado en la agenda del debate nacional. Aunque no sea tan visible. Y lo estará aún más. En el 2012 por la participación de Andrés Manuel López Obrador en la contienda presidencial, en segunda ocasión; la entidad pasó a formar parte de las entidades en las que se concretó la alternancia electoral a nivel estatal. 

Posteriormente ocurrió la reforma energética. Tabasco resultó pieza central en este proyecto.

No en vano es el estado que territorialmente tiene un mayor porcentaje de pozos y yacimientos, así como una expectativa de incremento enorme en la explotación. Un tercer auge y una sexta oportunidad, como explicaba el magistrado Rafael Hernández. El naciente partido Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) anticipó que desde esta región dará la batalla contra lo que considera una privatización de los hidrocarburos.

Más recientemente, Tabasco de manera directa e indirecta quedó involucrado en el debate del agua (la nueva Ley conocida como Iniciativa Korenfeld). No es poca cosa. Del total de la superficie territorial del estado, el 25 por ciento está cubierto por cuerpos de agua. Por esta entidad escurre o se asienta más de la tercera parte del agua dulce –posible para consumo humano-, que hay en el país.

Políticamente, se puede prever que esta plaza será escenario de la batalla previa a la contienda presidencial del 2018. ¿La razón?: no pocos actores partidistas y grupos de poder consideran que el adversario a vencer en el trayecto hacia las elecciones generales nacionales serán Morena y López Obrador. Tratarán de hacerlo en la tierra de origen del dos veces candidato presidencial y aspirante a una tercera vuelta.

Un escenario complejo para el gobernador Arturo Núñez quien ha buscado mantener un difícil equilibrio. Hay quienes le reclaman una posición más radical frente al gobierno central, al mismo tiempo que otro sector se dice temeroso de los desafectos desde Los Pinos. 

Así sucedió en el proceso de discusiones de la reforma fiscal y la energética; como seguramente sucederá en el expediente abierto de la lucha por el agua y se puede observar ahora en el enmarañado asunto de las deudas de los usuarios con la Comisión Federal de Electricidad.

 

OTRAS RESISTENCIAS

EN ESTE asunto actual y que va contra el tiempo del próximo proceso electoral, mientras la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática se adelantaba a calificar de limitado el acuerdo con la Secretaría de Hacienda y la Comisión Federal de Electricidad, la jefatura nacional solaztequista pidió no apresurarse en los juicios y en cambio elogió el esfuerzo de Arturo Núñez. Hay una evidente confusión entre ser partido en el poder y formar parte de la denominada resistencia civil.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), mucho de cuyos militantes están en las litas de deudores, por supuesto que tomó el posible acuerdo anunciado por el secretario Luis Videgaray como un logro de Peña Nieto. Sería interesante observarlos llamando a sumarse al nuevo convenio. 

Congruente con la posición que ha mantenido desde su fundación, el Partido Morena, por voz de Javier Núñez y Octavio Romero, insistieron en la demanda de tarifa preferencial y “borrón y cuenta nueva”. Recordemos que fue López Obrador quien en 1995 convocó a tres fases de una resistencia civil de las cuales sólo se mantuvo el “no pago”.  Aunque bien se haría en diferenciar entre quienes originalmente se declararon en resistencia civil (medida política) y los que posteriormente se abstuvieron de pagar por falta de recursos (efecto social).

Por lo menos hay cinco enfoques que deben sumarse para intentar comprender y atender el problema de los adeudos con la CFE en Tabasco: político, social, económico, cultural (no pago) e histórico. En este último incluiríamos los registros que la población tiene respecto a la empresa prestadora del servicio, una con el mayor número de quejas y rebasada por la demanda.

 

AYER el gobernador Arturo Núñez aseguró que en fecha próxima nueve de cada diez deudores de la Comisión Federal de Electricidad podrán beneficiarse de la condonación de su adeudo. Será en la práctica, dijo, un “borrón y cuenta nueva”. Para lograrlo sólo tendrán que incorporarse al convenio que iniciará posiblemente en abril y comenzar a pagar sus consumo actuales. Serán seis meses lo que tendrán los morosos para adherirse a esta especie de nuevo contrato.

De acuerdo al esquema diseñado por los gobiernos estatal y federal, quienes se hayan abstenido de pagar pero que decidan comenzar a hacerlo podrán beneficiarse de una anulación progresiva de la deuda.  Esto es que sólo tendrán que pagar sus consumos a partir de febrero de este año, porque la condonación aplica al corte de enero.

La explicación del gobernador Núñez buscó aclarar la confusión del anuncio del programa “peso por peso”, que para algunos era algo parecido al pago de la mitad de la deuda. En realidad, según las cifras oficiales, nueve de cada diez de los deudores se beneficiarán del “borrón” paulatino de toda su deuda en la medida que se pongan al corriente de sus consumos futuros. Es un tema sobre el que aún hay mucho por decir.

 

MUNICIPIOS Y CENTRALISMO

ASÍ COMO en 2002 se constituyó la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) con una respuesta al centralismo y aprovechando la primera derrota del PRI en el control de la Presidencia de la República, hace un año se integró la Conferencia Nacional de Municipios de México con las tres agrupaciones existentes formadas por su identidad partidista: la Fenam (Federación Nacional de Municipios de México, PRI), la ALMAC (Asociación de Autoridades Locales de México, AC, PRD) y la ANAC (Asociación Nacional de Alcaldes, PAN).

No resulta casual que las organizaciones de autoridades municipales busquen tener un foro común, también como reacción al renacido centralismo que toma como pretexto o razón la descoordinación en materia de seguridad –y la penetración de la delincuencia en las alcaldías-, así como la opacidad en el manejo de los recursos.

La alcaldesa de León, Bárbara Botello, que preside la Conamm, ha rechazado que toda la culpa de la debilidad de este orden de gobierno la tengan los ayuntamientos.

Aquí en Tabasco, el edil Humberto de los Santos –disidente del PRI y llegado al poder por una coalición encabezada por el PRD- reclamó recientemente al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, un mayor apoyo presupuestal a los municipios.

De los Santos sostiene que la fórmula de distribución del presupuesto nacional es injusta: la Federación se queda con el 80 por ciento, 16 por ciento va a los estados y el Distrito Federal, y sólo el 4 por ciento se distribuye entre los 2 mil 450 municipios. Expresaba así su preocupación de lo que viene para las alcaldías, porque el recorte presupuestal le pega a los más débiles.

Y Bertruy lo sabe: se acaba el tiempo y viene el momento de rendir cuentas. ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )