*La familia del tucán mantiene el registro; avala Lorenzo Córdova

*Sólo cuatro de once consejeros votaron en contra; siete lo defienden

*Logró 2 millones 758 mil sufragios en junio; sanciones por 500 mdp 

 

Víctor M. Sámano Labastida

EL ESPECIALISTA en asuntos electorales, Jorge Alcocer, lo denominó “partido canalla”. Un calificativo para algunos excesivo. Jenaro Villamil lo ubicó como el partido de la ilegalidad. Juan Pardinas, quien escribió uno de los textos más explicativos de la mecánica que sigue el Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM)  se refirió a la organización de la familia González Torres como al “ave de la impunidad”.  Ayer los consejeros del INE –siete contra cuatro- confirmaron que el PVEM mantiene su registro a pesar de…

Puede afirmarse que la sorpresa sería que el PVEM fuera sancionado con la anulación del registro por las múltiples, reiteradas y graves faltas. Después de las votaciones de junio, resultaba poco probable que habiéndole permitido participar hasta la última etapa, el Instituto Nacional Electoral decidiera que un partido que recibió en total 2 millones 758 mil sufragios dejara de existir. Sí puede suceder con el Partido del Trabajo, por ejemplo, que no incurrió en tantas ilegalidades como el Verde pero que sólo obtuvo un millón 134 mil votos. 

VIOLÓ, PERO NO MUCHO

A MEDIADOS de abril, 163 mil ciudadanos formalizaron su petición para que se le quitara el registro al partido del tucán “por violaciones graves y sistemáticas a la ley electoral”.

De acuerdo a los reclamantes y cuya solicitud sirvió de referencia para la sesión reciente en el INE, “para el Partido Verde Ecologista de México se ha vuelto una estrategia exitosa violar la ley y merecer sanciones menores, que además son pagadas con los recursos públicos que recibe como partido (es decir, de la bolsa de los contribuyentes)”.

Añadían: “Todo esto deja ver que en nuestro país reina la impunidad. Las multas son insuficientes para sancionar a quien menosprecia la ley y a las instituciones y se burla de la democracia y de los ciudadanos: son irrisorias para castigar a quien ha hecho de una entidad de interés público un negocio rentable, en beneficio de intereses particulares”. 

Encabezaban la firma de aquella demanda analistas, politólogos y comunicadores. Ahí estaban Denise Dresser, Sergio Aguayo, Jesús Robles Maloof, Lydia Cacho, Alejandro Hope, Edgardo Buscaglia, Jenaro Villamil, Juan Pardinas, Víctor Trujillo, Gerardo Esquivel, Alejandro Madrazo, y muchos más.

Pero siete de los once consejeros, incluido el presidente del INE, Lorenzo Córdova, ratificaron lo que este último ya había anunciado: no se le quitaría el registro. 

Sólo José Roberto Ruiz Saldaña, Pamela San Martín, Javier Santiago y Arturo Sánchez, votaron en contra del resolutivo. Estos cuatro consejeros argumentaron que no era posible dejar impune a quienes cometieron 27 violaciones detectadas cometidas por ese partido, con sanciones por 597.4 millones de pesos.

El consejero Ruiz Saldaña advirtió que si se le mantiene el registro al PVEM  “una institución perderá (el INE), la consolidación de la democracia retrocederá y los ciudadanos nos juzgarán”.

La consejera Pamela San Martín interrogó cómo no puede ser grave la conducta de un partido político que hace de la violación del Estado de derecho su estrategia electoral. “En este elemento radica la gravedad extrema”, dijo pero la decisión de siete integrantes del INE ya estaba tomada.

Votaron en favor del Partido Verde, históricamente aliado al PRI, los consejeros Marco Antonio Baños, Ciro Murayama, Enrique Andrade, Benito Nacif, Beatriz Galindo, Adriana Favela y su presidente Córdova Vianello.

 

EL CUERPO DEL DELITO

NO HAY hasta el momento, en materia electoral, ninguna sanción que inhiba el delito. Se supone que esa es la función de la norma, evitar la impunidad y sobre todo que no haya incentivos para estas conductas.

Mucho se ha escrito sobre el PVEM. Me parece que fue Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano de la Competitividad y colaborador del diario  Reforma quien definió con claridad la mecánica del Verde.

Escribió: “Desde 1997 hasta el 2015, el Partido Verde ha recibido 6,450 millones de pesos del erario público (precios del 2014). En promedio, cada año el Tucán se ha devorado 358 millones de pesos. Por los últimos 18 años, el Verde ha tenido ingresos diarios de 980 mil pesos. Supongamos que sus gastos operativos y de nómina representan el 70% de sus ingresos, esto deja una ganancia neta de 107 millones de pesos al año. Con estos márgenes de plusvalía el Partido Verde podría ser candidato para ingresar a la lista de las 500 empresas más grandes de México de la revista Expansión, con utilidades netas por encima de compañías como Samsung de México, Xerox o SuKarne. Mientras estas empresas generan prosperidad, empleos y pagan impuestos, el Partido Verde se alimenta del erario para ofrecer cargos públicos a las fuerzas básicas del Mirreynato”. (29-03-2015)

Y agregaba: “Con 6.4% de los votos en las elecciones federales de 2012, el Partido Verde recibirá, en 2015, 429 millones de pesos. La multa (hasta marzo) representa menos del 40% de los ingresos de un solo año. Gracias a las ventajas de sus campañas ilegales, las encuestas electorales indican que el Partido Verde recibirá cerca del 10% de la votación nacional (llegó al 6.9). Con ese incremento de los sufragios, el costo de las sanciones se podrá pagar con las ganancias adicionales. Para 2016 o 2017, las multas quedarían saldadas y en 2018 el Tucán tendría los rendimientos financieros más grandes de su historia. No hay mejor negocio en México que saltarse las trancas con la cómplice bendición de la autoridad”. 

El caso del PVEM se ha vuelto modelo (negativo) para el tipo de democracia que tenemos. Podemos imaginar lo que sería de nuestro sistema si todos los dirigentes partidistas decidieran comportarse como lo hizo este organismo.

AL MARGEN

EN NUESTRA sociedad existen aún temas muy polémicos, asuntos que llegan a dividir a la población aunque ya han sido superados en otros países. En febrero pasado, la Suprema Corte tuvo que intervenir para que en Tabasco se permitiera la primera boda homosexual. Fue en el Distrito Federal, en el año 2009 cuando por primera vez en el país se reformó el Código Civil para permitir legalmente los matrimonios homosexuales. 

Ahora la Suprema Corte declaró contrario la Constitución una ley en Campeche que prohíbe el matrimonio entre homosexuales. Aunque la resolución se refiere a las leyes de aquel estado su efecto es para todo el país. Esto quiere decir que los estados tendrán que adecuar sus leyes locales para permitir un concepto más diverso de familia. ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )