*Nuevas reglas para informar sobre delitos y procesos, un desafío

*Enormes dificultades para el sistema penal; nueva cultura de la ley

*Carrera contra el tiempo: debe aplicarse a más tardar en julio de 2016

Víctor M. Sámano Labastida

 

UN MAL manejo en la información periodística sobre hechos delictivos o presuntamente delictivos podrá hacer la diferencia entre condenar a un inocente o absolver a un culpable. Puede ayudarnos a combatir la impunidad, e inclusive la violencia, o mantener una y exacerbar la otra. Sostiene Marcos Lara Klahr, autor de varios libros sobre violencia y medios, que además “un periodista profesionalizado está más seguro” en el entorno criminal que se vive en el país.

Ayer este columnista fue invitado a participar en una mesa  sobre “Nuevo periodismo y justicia penal”, organizado por la Comisión Interinstitucional para la aplicación del nuevo sistema de justicia penal en Tabasco. A más tardar en julio del 2016 este nuevo procedimiento deberá ser aplicado en todo el país. 

En el foro, realizado en la División de Sociales de la UJAT, participaron Jorge Arzubide, Jorge Alejandro Lumbreras, Fernando Rabelo y Omar Sánchez, instructor del taller “Cómo reportear en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio”. 

Comparto con los pacientes lectores algunos de los apuntes que elaboré para mi participación.

 

EL DEBIDO PROCESO

 

EL TRABAJO del periodista se realiza en circunstancia s cada vez más complejas. Tendríamos que estar hablando no de un nuevo periodismo, sino del periodismo en nuevas condiciones. Una noticia, una cobertura periodística, en el nuevo sistema de justicia penal puede ser determinante entre la aplicación de la ley y una injusticia, pueda ayudar a combatir la impunidad o propiciarla.

Hay casos recientes que nos indican cómo la difusión de una noticia afecta el debido proceso. El más conocido es el de Florence Cassez, cuya defensa logró la liberación de la detenida en parte por el manipuleo mediático de su captura por presunto secuestro.

En Tabasco, la defensa de José Sáiz presentó una querella por la forma en que fue expuesto su cliente en los medios de comunicación.

También podemos observar que las propias autoridades acostumbran a boletinar la captura de un presunto delincuente agregando al nombre el apodo del detenido. 

Todo esto no será permitido, o será motivo de afectación del debido proceso con las nuevas reglas. De la misma forma, habrá que erradicar del lenguaje periodístico y de las autoridades conceptos como “levantón”, “ejecución”, ilegales (por indocumentados), denunciado por demandado. Aprender a aplicar una serie de términos técnicos con implicaciones jurídicas.

Permítame recordar algunos datos básicos para entender el enorme desafío que debe enfrentar el sistema judicial mexicano, la población, los periodistas, los abogados. 

Según el INEGI una encuesta nacional reveló que el 92% de los delitos no se denuncian; el secuestro encabeza la cifra negra, porque 99.9% por ciento de plagios no llegan a conocimiento formal de la autoridad.

Cuando alguien se tomó la molestia para denunciar, se topó con el hecho de que sólo se inicia averiguación previa en 6.2% de los casos. ¿Causas por las que no hay denuncia?: pérdida de tiempo, desconfianza en la autoridad, corrupción, temor al delincuente. A un 29% de los buenos ciudadanos les llevó más de cuatro horas efectuar una denuncia.

DESCONFIANZA COMO NORMA

ALGO que abona a la impunidad en nuestro país es la desconfianza. Otro estudio, encargado por el desaparecido Instituto Federal Electoral (IFE) y dado a conocer por el INE reveló que siete de cada diez mexicanos consideran que no se puede confiar en nadie; y el 75% estimó que no existe quien lo defienda ante injusticia.

Este mismo reporte registró que para 66 % de los encuestados las leyes se respetan poco o nada. Apenas el 3.3 por ciento confía mucho en los jueces y sólo el 4.4 por ciento en la policía.

Lejos de ser estudios comparados que arrojen conclusiones opuestas, se puede observar que son complementarios. Así por ejemplo,  el INDICE GLOBAL 2015 reveló que México ocupa el segundo sitio en impunidad entre 59 naciones. La explicación puede hallarse en que en nuestro país hay cuatro jueces por cada cien mil habitantes; en comparación, Croacia tiene 45 jueces por cada cien mil habitantes. Esto implica que en México un juez debe atender unos 500 expedientes nuevos cada año. Basta darse una vuelta por las agencias del Ministerio Público para observar los montones de expedientes que se acumulan y uno se pregunta cómo pueden encontrar algo entre tanto desorden.

EL DAÑO PÚBLICO

 

EL PERIODISTA, dije a mis escuchas,  siempre debe estar guiado por un imperativo ético. El respeto a la vida privada, a la intimidad y a la dignidad de las personas, son principios básicos. En los años recientes se ha legislado también sobre la protección de datos personales. Con las reformas penales ahora tendremos que estar guiados por un sentido práctico: evitar cometer delitos o propiciar la impunidad.

Las nuevas herramientas y el carácter expansivo de la comunicación periodística nos obligan a ser mucho más cuidadosos. El impacto de una información, inclusive de una opinión, es ahora no sólo mucho más extensa sino más inmediata. Corregir una información es casi imposible, corregir sus efectos imposible.

Pero ahora también debemos tener en cuenta que existe una ampliación de los derechos humanos, la aplicación de pactos internacionales en la materia y las implicaciones en el debido proceso.

De alguna manera el periodista se convierte en un actor. Sus publicaciones pueden interferir. Pueden ser causa de una injusticia.

Ahora más que nunca tenemos que guiarnos por el respeto a la víctima y al presunto victimario. Ahora el presunto culpable será el probable inocente.

Antes la fuente judicial, la nota roja, era el área del aprendizaje forzoso de un periodista. Era colocar al reportero frente a los hechos. Ahora se convierte en una de las más complejas. Sin ignorar, por supuesto, que quienes se ocupan de los asuntos policiacos están más expuestos a la contaminación de la violencia criminal.

Le decía que Marcos Lara, quien ha estado frente al proyecto Medios y Violencia, preocupado por cómo comunicar un delito, sostiene que “un periodista profesionalizado está más seguro”. Entendamos como “profesionalizado” no tanto como el reparto de títulos, sino capacitado para para el dominio de un campo específico.

Subrayo, no sólo la seguridad para el periodista; también y sobre todo, la seguridad para la sociedad. ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )