*Combate al delito: reconocer el problema y no maquillarlo

*Mapa diferenciado de crímenes en el país; focos rojos en Tabasco

*Candidatos en Centro: campaña de mantenimiento o para ganar más

Víctor M. Sámano Labastida

AYER se realiza en Villahermosa una reunión regional de secretarios de seguridad pública. Acudieron los responsables del combate y la prevención del delito de los estados de Quintana Roo, Chiapas, Campeche, Yucatán, Veracruz y Tabasco. Este encuentro fue encabezado por el Comisionado Nacional de Seguridad Pública, Renato Sales Heredia, ex coordinador nacional anti secuestros, y por el gobernador de Arturo Núñez. Ocurre en momentos en que en Tabasco se ha vuelto a poner en el debate y la preocupación pública la inseguridad.

El mes de junio deberá estarse aplicando en todo el país el nuevo sistema de justicia penal. Para un grupo de académicos e investigadores de los asuntos de combate al crimen nuestro país aún no está preparado para estos cambios; las autoridades afirman que el modelo será exitoso para restarle presión al sistema carcelario, agilizar los juicios y para combatir la impunidad. Es una apuesta riesgosa para la que los gobiernos, incluido el de la Federación, deberán tener medidas alternas. Una de las cuestiones que no se debe desvincular del nuevo sistema es la decisión sobre los mandos únicos, o modalidades complementarias.

 

LA INSEGURIDAD en el país no se distribuye de manera uniforme por lo que las respuestas no pueden ser únicas. Hay entidades con mayor registro de homicidios vinculados al crimen organizado. Hasta finales del año pasado, los estados que encabezaban la lista: Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Morelos y Baja California. Otros dos pequeños estados, Baja California Sur y Colima llegaron a niveles sin precedente.

Entre los estados del país con mayor inseguridad se cuentan Durango, en el norte, Morelos y Michoacán en el centro, y Oaxaca y Veracruz en el sur sureste, si tomamos en cuenta que ahí han sido asesinados el mayor número de presidentes municipales, por tomar una referencia que significaría el mayor quiebre institucional .

Claro que la población resiente más otro tipo de violencia. Hasta finales del año pasado, el Estado de México, Distrito Federal y Baja California, estaban considerados como las entidades con el más alto número de delitos. En el sur sureste, de entre ocho estados, Tabasco es la entidad que tuvo más delitos registrados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública en enero pasado.

Campeche aparece con 162; Veracruz con un mil 270; Chiapas con un mil 481; Quintana Roo, con un 808; Oaxaca, 2 mil 603; Guerrero, 2 mil 994; Yucaáan, 2 mil 995 y Tabasco con 4 mil 215. ¿Existe una cifra negra de delitos no denunciados? Por supuesto.

En relación al impacto de los delitos existen también diferencias. Lo mismo que entre los registros oficiales y los no gubernamentales. En estos últimos, Tabasco aparece hasta enero como el quinto estado con mayor índice de secuestros. Los acumulados colocan a Edomex, Veracruz y Guerrero, a la cabeza de este delito, pero comparativamente con el número de habitantes Guerrero, Tabasco y Tamaulipas se marcan con focos rojos.  

Como usted sabe, hasta hace algunos años la coordinación entre los diversos gobiernos era prácticamente inexistente. Todavía persiste la diferencia entre delitos federales y delitos comunes, y la llamada soberanía de los estados le permite a los delincuentes pasar de una entidad a otra para obtener impunidad.

Para estados como Tabasco, el desafío no es sólo la coordinación con sus vecinos nacionales sino inclusive la colaboración con los países fronterizos.  Esa diferencia entre la responsabilidad de estados, municipios y federación, hace que todavía estemos estancados en la discusión sobre quién tiene que combatir y prevenir los delitos que al final nos afectan a todos. Veremos si de la reunión de Villahermosa surgieron nuevo enfoques.

LOS MISMOS, O NUEVOS VOTANTES

CIERRAN campañas para la presidencia municipal de Centro. Inexplicablemente el PRI se lanza contra los medios de información impresos en Tabasco -“con sus excepciones” que no indicó cuáles-. Mientras, los tribunales resuelven que los partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano que van en candidaturas “de facto” no pueden tener lógicamente representantes en las casillas. Están en espera otras resoluciones. Puede anticiparse que los resultados también serán impugnados, aunque no existe en perspectiva otra anulación.

El domingo 13 de marzo unos 480 mil ciudadanos empadronados tendrán posibilidad de acudir a las urnas. Pero experiencias anteriores nos indican que los habitantes de este municipio, de la capital del estado, son los que más se abstienen. En junio pasado apenas fueron a las urnas unos 200 mil votantes, menos de la mitad. Pero hay quienes pueden ser clasificados como abstencionistas históricos y otros solamente indecisos. Van a unos, se reservan con otras.

Aunque varios de los candidatos y sus partidos gastaron sus esfuerzos en atacar a sus contrarios, su verdadero desafío es lograr que el mayor número de votantes acudan a las urnas. Puede ser de sentido común y hasta una obviedad, pero parece que a los aspirantes a la alcaldía se les olvida: será quien mayor número de votantes logre convencer será quien gane las elecciones. Aunque algunos de los competidores consideran más importante conservar los pocos o muchos simpatizantes que tengan y evitar que los simpatizantes de su contrincante vayan a votar.

En otra colaboración le hacía notar que por lo menos cien mil capitalinos que votaron en el 2012 no se fueron a las urnas en el 2015. 

Muy pronto sabremos si Gerardo Gaudiano (PRD-PT), Octavio Romero (Morena), Liliana Madrigal (PRI-PVEM-Panal), Pedro Contreras (sin partido) y Flor de Lis Montero (Humanista), lograron motivar a los casi 300 mil ciudadanos que no votaron en junio pasado. Una enorme reserva para quien logre una revolución cívica.

Claro, convencer al mayor número de ciudadanos también debería ser tarea de las autoridades electorales que tienen la obligación de preservar y ampliar la participación democrática. Las elecciones no sólo califican a los candidatos y partidos, sino también a las autoridades electorales. Y a los gobiernos. ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )