*Reglamentan facultad del Presidente contra la garantías individuales

*No combate el crimen, sino la inconformidad, sostiene activistas

*Urgen medidas contra las desapariciones forzadas; Veracruz en riesgo

 

Víctor M. Sámano Labastida

 

EN MÉXICO “se vive un Estado de excepción”, expusieron en junio de 2014 Miguel Moguel, del Centro Fundar, y Raymundo Espinosa, de Colectivo Causa. Apenas esta semana, los diputados del PRI, PAN, PRD y PVEM entre otros votaron a favor de las reformas que permiten al Presidente de la República declarar un “Estado de excepción”. Por supuesto que activistas y diputados se refieren a dos circunstancias distintas.

Para los portavoces de las organizaciones no gubernamentales, en nuestro país estamos en un “Estado de excepción” porque avanza la criminalización de la protesta social, no sólo de manera jurídica sino también mediática; existe en los hechos un retroceso en las  libertades de expresión y de reunión, así como en la vigencia de los derechos humanos y no existe protección a la integridad física.

Moguel y Espinosa consideraron que el real “Estado de excepción” en México –esto es, con el quebranto de los derechos constitucionales- es resultado de las políticas neoliberales de los últimos 30 años.

Por el contrario, para los diputados de seis partidos, se tiene que reglamentar la facultad del Presidente para que pueda declarar “el Estado de excepción”. Y para ello aprobaron el dictamen enviado por los senadores.

 

UN PAÍS PERTURBADO

EN DEFENSA de la reglamentación del Artículo 29 de la Constitución los diputados de seis partidos argumentaron que es preferible aclarar la facultad presidencial para declarar suspendidas las garantías individuales. 

El citado artículo establece que en los casos “de invasión (extranjera), perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”, solamente el Presidente de la República “podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación”.

Los derechos civiles que se restringen son los de libre expresión, el libre tránsito y el derecho a un proceso justo, entre otros. 

Se opusieron a la reglamentación los representantes de Morena. A decir de Rocío Nahle García, coordinadora de los diputados obradoristas, la facultad presidencial puede ser usada para restringir la protesta social y en contra de la inconformidad.

Otro argumento en contra es que el Estado Mexicano primero tiene que garantizar la vigencia de las garantías individuales antes que plantear suprimirlas. Se debe garantizar el combate a la tortura y a la desaparición forzada. Así como a la impunidad. En México hay más de 27 mil desaparecidos, innumerables casos de tortura y no existe garantía del combate al delito.

Investigadores como Diego Valadés han señalado que en América Latina se tiene una dramática experiencia en la aplicación del “Estado de excepción”, porque ha habido abusos de poder, represión y crímenes de estado. 

Es cierto que todo artículo constitucional debe ser reglamentado, pero resulta por lo menos inquietante que cuando el 28 de abril del 2014 las comisiones unidas del Senado aprobaron la Ley Reglamentaria del 29 no se permitió la presencia de los medios de comunicación. El problema de fondo es la desconfianza mutua entre los gobernantes y los gobernados. Más aún cuando vivimos la crisis de un Estado que no tiene institucionalizado el monopolio de la fuerza.

Escribió Javier Sicilia: “La excepcionalidad  (en México) se ha convertido así en un nuevo y extraño sustrato espacial en el que los ciudadanos conservamos en la ley nuestra condición de ciudadanos, pero en los hechos estamos reducidos a una vida sin orden jurídico”. Hay poderes fácticos (delictivos) que en los hechos han suspendido nuestras garantías individuales.

 

SOMBRAS AZULES

MÉXICO figura entre los países que tienen un alto registro de desapariciones forzadas. Se calcula que más de 27 mil mexicanos no son localizables. Según la Organización de Naciones Unidas entre los desaparecidos hay seis mil niños y jóvenes.

Actualmente se reporta uno de los casos más preocupantes y graves: en Papantla, Veracruz, 41 elementos de la policía son investigados por la desaparición forzada de tres jóvenes. Siete uniformados fueron detenidos acusados de participar directamente en los secuestros.

Hace menos de cuatro meses otros cinco muchachos desaparecieron a manos de agentes policiacos en Tierra Blanca, también Veracruz. Fueron detenidos ocho policías.

Organismos internacionales han exigido al gobierno mexicano que actúe con rapidez y eficacia en contra de las desapariciones forzadas. El fiscal de Palermo, Roberto Scarpinato, ha propuesto inclusive que se establezca un tribunal internacional auspiciado por la ONU para ayudar a nuestro país a combatir al crimen organizado y la corrupción.

AL MARGEN

RECIENTEMENTE falleció el ex canciller y ex secretario de Educación, Fernando Solana Morales. Tenía 85 años. Fundador de instituciones, se dijo en relación a su intensa actividad en el sector público. Es un mérito del que en la actualidad a muy pocos se puede aplicar. Fue dos veces titular de la SEP, etapas en las que estableció el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). También fue secretario de Comercio y director del Banco Nacional de México. 

Hay testimonios de su incesante actividad. Perteneció a la generación de mexicanos definidos por su apego al nacionalismo. Recuerdo que siendo titular de la SEP, Solana designó a Miguel Ángel Granados Chapa director de Radio Educación a pesar de ser un crítico permanente del sistema o debido a esa condición, lo que permitió consolidar un medio que siendo parte del sistema rompió los moldes oficialistas.

 

LOS DÍAS 31 de marzo y uno de abril se realizará en Villahermosa el Tercer Foro Internacional: La Mujer en la Administración Pública. Según informó Ángel Solís, titular del IAP-Tabasco se tiene prevista la presencia de mujeres líderes de ocho países, siete conferencias y un panel magistral, con temas sobre equidad de género, liderazgo, inclusión y participación política entre otros. 

Entre las invitadas se cuentan la magistrada guatemalteca María Eugenia Mijangos; la ex procuradora de Panamá, Alma Montenegro, nominada en 2005 al Premio Nobel de la Paz; María Soledad Pérez Tello, congresista de Perú y la ex ministro de Planificación de Costa Rica, Silvia Hernández Sánchez. ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )