*Cada vez menos protegida la privacidad, el domicilio, la persona

*Nuevamente, datos de 90 millones de mexicanos en zona de riesgo

*Por un programa de empleo emergente productivo, no paliativos

 

Víctor M. Sámano Labastida

 

EL DERECHO a la intimidad y la vida privada es avasallado todos los días. Lo grave es que hay personas que vulneran su propia intimidad con la publicación de sus datos personales de manera indiscriminada, al tiempo que hay delincuentes que se dedican a lucrar con tal información. Existe algo peor: cada vez más se ignora la importancia de proteger su nombre, domicilio, imagen. La Declaración Universal de Los Derechos Humanos (ONU), el Pacto Internacional  de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto de San José establecen como inviolables la vida privada, domicilio, correspondencia, honra, reputación.

Recientemente tuvimos noticia de una acción criminal en el uso de los datos personales. La información de unos 90 millones de mexicanos resguardados por el Instituto Nacional Electoral (INE), fue filtrada en la red y seguramente cayeron en manos de quienes harán uso lucrativo. Esas fichas nominales fueron entregadas por el INE a los partidos políticos –que no son instituciones de beneficencia-, y uno de los archivos en poder de Movimiento Ciudadano es el que dio la vuelta al mundo.

Un investigador de la empresa de seguridad MacKeeper, Chris Vickery, fue quien detectó la violación de los datos personales. El INE interpuso la demanda penal. El daño ya está hecho. No es la primera vez.

 

TRÁFICO DE NOMBRES

EN EL AÑO 2003 se informó que los datos de 58 millones de ciudadanos mexicanos fueron vendidos a la empresa estadunidense Choice Point. El contralor interno del Instituto Federal Electoral (IFE) aseguró que los archivos no salieron de ese organismo sino del Registro Nacional de Población e Identificación, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Esta dependencia por supuesto negó que hayan violado sus candados…si los hubiera.

En 2010, se conoció que en el popular mercado de Tepito (Ciudad de México), por un precio de 12 mil dólares era posible comprar un “paquete” con información sobre el padrón electoral, licencias de conducir, registro vehicular de propietarios, cuentas bancarias, hasta información sobre las corporaciones policiacas.

En el 2013, el portal Animal Político reportó que el “mercado negro” de datos de clientes de empresas e instituciones financieras, e incluso de gobierno, estaba en ascenso. 

Indicaba la publicación que una persona que se hacía llamar Denise Morales ofrecía en venta por internet bases de datos de clientes de bancos y organismos públicos como el IMSS. Podría decirse que la falta de control en las empresas privadas ampliaría el acceso a datos de pautas de consumo, problemas hipotecarios, estado de salud, etcétera.

Esto sin contar con otro aspecto referido por La Jornada (6 de enero 2014): 14.8 millones de mexicanos habían sido víctimas de algún delito informático y 45 millones sufrido atentados contra sus datos personales por medios electrónicos (correos de spam, información personal que se usa sin consentimiento del afectado). Qué decir de las llamadas telefónicas que se reciben diariamente para las más diversas “ofertas”.

Unos años antes ocurrió en México un episodio que tenía que poner sobre aviso a las autoridades, representantes populares y a los propios ciudadanos: el gobierno otorgó en 1998 la concesión del Registro Nacional de Vehículos a la empresa Talsud, propiedad del argentino Ricardo Miguel Carvallo que era buscado por la justicia española por genocidio, terrorismo y tortura. Tuvo bajo su resguardo los datos de los mexicanos propietarios de vehículos hasta el año 2000, cuando fue detenido para ser extraditado.

NEGOCIOS OBSCUROS

SIN SER EXHAUSTIVO el recuento, me parece que nos da una idea del riesgo multiplicado ahora por la presencia de bandas del crimen organizado cada vez más sofisticadas y que pueden tener acceso a datos sensibles. Resulta curioso que en los años setenta y ochenta el debate contra la intención oficial de establecer una cédula única de identidad, bajo mandato de la Secretaría de Gobernación, estaba centrado en el uso que para el control político y de manipulación electoral desde el poder se daría a los datos personales. Ahora los peligros se incrementaron.

El caso más reciente, le decía, es el denunciado la semana pasada: la Lista Nominal de Electores —con 93.4 millones de registros con datos personales- podía consultarse en un servidor de internet de Amazon, sin contraseñas ni protección.

En medio de este escándalo por el tráfico de identidades, el jueves pasado el Senado aprobó el dictamen para la nueva Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión Sujetos Obligados. Se supone que busca proteger la información que sobre las personas tengan gobiernos y dependencias federales, estatales, municipales, sindicatos, fideicomisos, empresas y todo aquel que reciba recursos públicos. 

En el 2010 se expidió una Ley para proteger los datos personales en poder de particulares. Pero todavía hay mucho por hacer. Como bien anotó Rodrigo Orenday en una colaboración para Forbes: “La necesidad de regular la captación, aprovechamiento y flujo de la información personal es obvia en una era en la que los datos personales son un activo con el que se negocia y sobre el que se construyen modelos de negocios multimillonarios, y en la que los medios para su procesamiento tienen cada vez mayor capacidad y menor costo”.

Una época en la que los datos personales son usados para diversas formas de presión, chantaje, lucro.

AL MARGEN

EN ESTOS días de feria y crisis petrolera, mucho se ha insistido en la necesidad de acudir al fomento de la actividad turística como uno de los factores que podrían representar importantes ingresos para Tabasco, así como para la generación de empleos. De acuerdo a cifras oficiales, el turismo posibilitó 2014 que en el país se ocuparan 2.3 millones de personas.

Aunque carece de litoral –un atractivo para cierto tipo de viajeros- la Ciudad de México es la que tiene mayor porcentaje de trabajadores dedicados al turismo, 17 de cada cien; le sigue por supuesto Quintana Roo con un 15% del total de empleos en el sector. Otros estados preferidos por los paseantes son Jalisco, Edomex, las Baja California, Guerrero y Veracruz. Con apenas 1.3% de empleos en turismo se encuentra Tabasco, aunque compite con Yucatán (1.6%) y supera a Campeche. Existe un potencial por aprovechar…siempre que no continúe la depredación. Ahora que se habla de empleo emergente ojalá se decida por un programa de empleo productivo y que rescate la actividad agropecuaria. ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )