*Fortalecer la capacidad para prevenir la delincuencia común

*Centro, Cárdenas, Comalcalco y tres municipios más: 80%

* Más catastrófica una crisis económica que una inundación

 

Víctor M. Sámano Labastida

 

LOS MUNICIPIOS son el eslabón más débil en materia de seguridad. A esa conclusión llegaron especialistas del gobierno federal desde el 2010 cuando promovieron la idea de una policía única, lo que implicaba la desaparición y sustitución de las corporaciones a cargo de los ayuntamientos para colocarlas bajo el mando de los gobiernos estatales. Como era previsible, esta medida se enfrenta con resistencias partidistas porque el mapa político del país no es uniforme.

Pero aquella conclusión se refería a la capacidad para enfrentar a la llamada delincuencia organizada, fenómeno para el que no había sido capacitados no sólo los municipales sino incluso los federales, motivo por el que el entonces presidente Felipe Calderón recurrió (y mal) a las fuerzas armadas.

Cuando se evalúa la seguridad en los países desde el exterior –ocurre con los estudios internacionales-, la responsabilidad en la mayor o menor eficacia en el combate a la criminalidad y a la delincuencia se le adjudica a los gobiernos nacionales. Pero cada vez más los estudios comienzan a apuntar a los detalles como el desempeño de la seguridad en los estados que componen a los países, el de los municipios e incluso el de las grandes ciudades como referencia.

Al mencionar la inseguridad en Tabasco, por ejemplo, es muy común colocar en un mismo saco los delitos que por norma legal deben ser combativos y prevenidos por autoridades federales, con aquellos cuya responsabilidad es del ámbito estatal y es más difícil todavía ubicar aquellos del ámbito municipal. Esto no es casual: aunque en las leyes existe una separación de responsabilidades y penalidades, en la realidad las fronteras son difusas. Unos delitos más complejos coexisten con otros en apariencia o realmente comunes.

 

MÁS HABITANTES, MÁS DELITOS

UNA PRIMERA observación que podríamos derivar de una mirada a los delitos que se cometen en Tabasco es que su número está relacionado estrechamente con factores demográficos. A más habitantes, más delitos.

Pero antes de abundar en este aspecto, permítame hacer referencia a un interesante ensayo publicado en la revista Nexos (febrero, 2015), firmado por Guillermo Trejo y Sandra Ley, “Municipios bajo fuego,1995-2014”.

“La violencia desmedida de estos años se enderezó también en contra de autoridades, candidatos, activistas. Los autores del ensayo (…)realizaron entrevistas y análisis estadísticos que les permitieron mirar bajo una nueva luz la realidad compleja: los municipios más vulnerables de México son aquellos con territorios en disputa, pero también con mayor recaudación fiscal”.

“Mediante análisis estadísticos y entrevistas hemos sostenido que a partir de 2011 los grupos del crimen organizado adoptaron una estrategia en la que el control de los municipios se volvió un objetivo central. En las nuevas guerras del narco el municipio se volvió un jugoso botín que da acceso a fuentes alternativas de ingreso para financiar las batallas por el control del narcotráfico. Los grupos criminales extraen recursos del erario municipal y a través de las instituciones locales ejercen la extorsión y el secuestro, y ejecutan o desaparecen a quienes se oponen a su dominio”.

El ensayo de Trejo y Ley puede ser consultado en línea y es mucho más complejo de lo que pueda sugerir esta cita, pero sirve plantear la siguiente pregunta: ¿qué sucedió en Tabasco?

Hubo en efecto una lucha de los cárteles o bandas por el territorio. La presencia de las bandas la ubican los estudiosos a finales de los noventa, habiéndose extendido por varios municipios a principios del 2000. La actividad del llamado crimen organizado llegó a tal grado en la entidad que un jefe policiaco y general del ejército fue objeto de un atentado. Posteriormente, según las autoridades, estos grupos delictivos derivaron también en el robo de combustible a gran escala.

Conforme avanzó el combate al crimen organizado con la coordinación de autoridades federales y estatales –como sucedió en todo el país-, las actividades delictivas de las bandas dispersas se confundieron con la delincuencia común. Pero este último fenómeno –el de los robos, asaltos, agresiones- está vinculado sobre todo a las condiciones de pobreza, marginación, carencia de servicios públicos, escasez de policías preventivos. Factores en los que la responsabilidad de las autoridades municipales es determinante.

LOS SEIS MÁS RIESGOSOS

Resulta interesante observar cómo el número de delitos está relacionado con el tamaño de la población. Así, por ejemplo, en el municipio de Centro ocurre el 50 por ciento de los ilícitos comunes registrados en todo el estado. Aunque su población es la tercera parte del total, puede explicarse la alta frecuencia de delitos porque en la capital tabasqueña se desarrolla la mayor parte de la actividad económica.

De acuerdo a datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los tres primeros meses del año en el área del municipio de Centro ocurrieron casi siete mil delitos (6 mil 948).

Le siguen en total de robos, asaltos, agresiones, los municipios de Cárdenas (1, 406), Comalcalco (776), Huimanguillo (718), Cunduacán (694) y Macuspana (630). Tan sólo estos seis municipios concentran 80 de cada cien delitos que se registran en la entidad. 

En cambio, los municipios de Teapa, Balancán, Jalapa, Tacotalpa, Jonuta y Zapata, representan apenas estas seis demarcaciones 6 de cada cien delitos en Tabasco. Por supuesto que estamos hablando de municipios con un alto componente rural y con poca población.

Los municipios también se pueden clasificar por el tipo de ilícitos que en su territorio se cometen: abigeato, asaltos, robos, tráfico de personas…Habrá que insistir en un enfoque en el que los presidentes municipales también asuman sus obligaciones preventivas.

 

AL MARGEN

SEGÚN cifras oficiales, en 2003 se tenía menos del 2% de desempleo. En los años siguientes creció la falta de trabajo; los daños mayores se registraron en el 2010 como efecto de las inundaciones. En 2013 y 2014 se logró una leve recuperación, el año pasado la economía tabasqueña comenzó a sufrir el impacto de la crisis petrolera. Si las inundaciones son consideradas un evento catastrófico, una crisis económica puede resultar mucho peor. ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )