*Disminuye el bono juvenil; desafío de los adultos mayores

*Las pensiones alimentarias y la construcción de identidad

*Carestía de luz y gasolinas afectan la reactivación económica

 

Víctor M. Sámano Labastida

 

UN SELLO distintivo de las acciones solidarias (o del Estado Benefactor) son los programas sociales. Algunos gobiernos los aplican por convicción humanitaria otros por conveniencia política; pero en ambos casos este tipo de inversiones abonan a la estabilidad social. Y allí caben los apoyos a la educación, a la vivienda, a la salud, a las diversas formas de discapacidad social o física. Son una manera de atender la desigualdad.

Mucho se discute sobre la orientación ideológica, las filias o fobias en torno al discurso de los políticos, pero una medida eficaz son los hechos; el resultado de la acción gubernamental.

Recientemente fue presentado en la Ciudad de México el libro “Institucionalidad pública y envejecimiento en América Latina y el Caribe: conceptos, metodología y casos prácticos”. Se trata de un trabajo elaborado por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade) División de Población de la Cepal, que analiza la operación de las instituciones dedicadas a las personas mayores en la Ciudad de México, Argentina, Chile y Uruguay.

UNA EDAD PARA TODOS

SEGURAMENTE usted habrá escuchado la frase: “A largo plazo todos estaremos muertos”, atribuida al padre de algunos criterios del Estado Benefactor, John M. Keynes. Más coloquialmente podríamos decir que “a largo plazo todos seremos de la tercera edad”…si sobrevivimos a las crisis y violencia recurrentes.

Pues bien, como todos tenemos la esperanza de ir más allá del promedio de la esperanza de vida, debe importarnos lo que ocurra después de los 60 años de edad. La juventud no es eterna y nuestros sistemas no pueden estar concebidos para un mundo sin adultos mayores. Mucho menos ahora que se tiene la evidencia del envejecimiento de las sociedades, del agotamiento del llamado bono demográfico.

Además, vale decirlo, en estos años se han roto algunos mitos. Como el que la juventud era sinónimo de renovación, o que la vejez era equiparable al anquilosamiento. Filósofos como Zygmunt Bauman (1925) y Noam Chomsky (1928), nos han dado un ejemplo de permanente actualización en las ideas, al tiempo que los partidos políticos pasan por la crisis de haber apostado a una relevo generacional sin ideas.

Pero el tema que hoy quiero poner a su consideración es la necesidad de políticas que atiendan lo que ya es la sociedad y lo será más en el futuro: la del desafío de los adultos mayores.

Como le decía, fue presentado un libro de análisis comparativo de los modelos de programas para la tercera edad aplicados en la Ciudad de México, Argentina, Chile y Uruguay. Editado por Sandra Huenchuan Navarro en Santiago de Chile, los comentarios subrayaron que la experiencia del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores de la Ciudad de México es modelo no sólo de servicio sino de “construcción de ciudadanía activa”.

Interesa subrayar el efecto social. Según la autora del estudio programas como el aplicado en la Ciudad de México generan “una identidad colectiva de las personas de edad avanzada a pesar de vivir en una urbe desigual y segmentada”. La razón: los apoyos se otorgan para todos y sin distinción alguna.

Las pensiones universales a los adultos mayores en el país han tenido como modelo las acciones que se aplican desde marzo del 2001 en la capital del país bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador. Comenzó con un apoyo de 600 pesos mensuales para cada uno de los 150 mil inscritos en el programa; en 2006 llegaron a 400 mil los beneficiarios. Con Marcelo Ebrard el listado creció a 480 mil y con Miguel Mancera ha llegado a unos 500 mil. Se calcula que en la capital hay 553 mil adultos mayores a 68 años. 

Un paso importante es que los programas sociales se conviertan en Ley, como sucedió con la pensión alimentaria para adultos a partir de noviembre del 2003. De esta forma dejan de estar al arbitrio de los gobernantes y se convierten en instrumento de políticas públicas.

 

PROTESTA POR AUMENTOS

COMO era de esperarse, el anuncio de un aumento en las tarifas de luz eléctrica provocó reacciones de inconformidad en Tabasco. Resulta explicable porque apenas el fin de semana se anunciaron aumentos en las gasolinas; pero también porque desde hace por lo menos unos 25 años en Tabasco se mantiene un reclamo por tarifas eléctricas más bajas.

Los empresarios tabasqueños consideraron que los aumentos en el servicio eléctrico son un nuevo golpe para la economía tabasqueña. Por su parte los dirigentes de los partidos tanto el PRD en el gobierno estatal, como el PAN y Morena en la oposición, advirtieron sobre el posible incremento de los deudores.

En la actual administración fue negociado un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad y con el gobierno federal para encontrarle una salida a la resistencia civil y a la falta de pagos en el servicio. Un pacto sometido al debate político, pero también a la prueba de las circunstancias. 

Recientemente se anunció un programa de reactivación económica para los estados como Tabasco y Campeche afectados por la disminución de la actividad petrolera. Ahora que se argumenta que el aumento en las gasolinas y la electricidad se debe a una recuperación del precio del petróleo, sería muy lógico que el gobierno federal anunciara una aportación especial en ese ingreso para los estados petroleros.

Habrá que recordar que la crisis del petróleo ha contribuido al aumento del desempleo en la zona sur sureste, en especial en Tabasco.

Por cierto, a dos meses de anunciado el Plan para la Reactivación, fue instalado el Consejo Consultivo que le dará seguimiento a las acciones en Tabasco. El gobernador Arturo Núñez aseguró que en el conjunto de acciones urgentes se registran avances. Claro que alzas como las anunciadas sacuden a la economía.

 

AL MARGEN

EL MES de julio comenzó con cinco bloqueos en Tabasco. Una forma de protesta que se ha vuelto muy frecuente y en algunos trágica, como el caso de Nochixtlán, Oaxaca. La obstrucción de carreteras en la entidad estaban en las rutasVillahermosa-Macuspana, Villahermosa-Escárcega, Villahermosa-Frontera, en Villa Vicente Guerrero y en la carretera municipal que conduce a Tapijulapa.

Precisamente el nuevo secretario de Gobierno, Gustavo Rosario Torres, se estrenó con la negociación para el desbloqueo de la carretera de acceso a villa Tapijulapa. Esta tenía cuatro días taponada por pobladores inconformes que demandaban apoyos en la feria de la localidad. ¿Se privilegiará el diálogo? ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )