*“Desaparecen” en un año cinco millones de personas en pobreza

*Las cifras que enfrentan a INEGI y Coneval; medir u ocultar

*Desde hace más de 30 años el compromiso contra la corrupción

 

Víctor M. Sámano Labastida

 

PARECERÍA que el grupo dirigido por Julio Santaella en el INEGI ha encontrado la fórmula que durante siglos no había sido hallada por los gobiernos mexicanos: cómo erradicar la pobreza. Resulta que en el más reciente reporte de ese organismo en el país, tan sólo entre 2014 y 2015 los hogares más pobres tuvieron un aumento en sus ingresos por casi 34 por ciento. ¡Increíble!, dicen los investigadores más serios.

Por ejemplo, Julio Boltvinik, especialista en medición de la pobreza señaló que lo datos que presentó el viernes 15 de julio el INEGI “deberían tirarse a la basura”. Un cambio de metodología tuvo como objetivo descartar a las familias más pobres y dar la apariencia de que están funcionando los programas oficiales, advirtió. 

Si todo fuera sólo una discusión de cifras, enfoques, méritos académicos o intenciones gubernamentales, no pasaría de ser una distracción para los reflectores. Lo grave es que tratar de ocultar los resultados del combate a la pobreza implica ignorar, y hasta propiciar una tragedia social: hay un segmento de la población mexicana para la que la diferencia entre ser pobre y dejar de serlo es cuestión de vida o muerte. Por lo menos unos 7 millones 140 mil mexicanos padecen pobreza alimentaria, según cifras oficiales del 2015.

Se dijo entonces que el programa Cruzada Nacional contra el Hambre falló en sus objetivos: entre 2013 y 2014 había en México dos millones más de pobres. Como no se logró en la realidad, lo conveniente parecía hacerlo en el papel.    

 

SI NO SE VEN, NO EXISTEN

 

LA VOZ de alerta no vino desde los partidos opositores. Fue el Gonzalo Hernández Licona, titular del Consejo Nacional de Evaluación (Coneval), quien llamó la atención sobre el hecho: los más recientes reportes del INEGI no servirán para comparar si se avanzó en el combate a la pobreza porque fueron “borrados” los datos de años anteriores y la historia comienza a partir del 2015. 

Para el INEGI con su “nueva metodología” se reporta un incremento real de 11.9% en el ingreso corriente promedio de los hogares a nivel nacional; en el caso de los hogares más pobres según estas cifras los ingresos aumentaron en un 33.6% , entre 2014 y 2015. A este ritmo, en tres años, los pobres habrían mejorado sus ingresos en un ciento por ciento. Deseable, pero imposible.

La información correcta sirve para tomar decisiones correctas. Hace un año, el Coneval informó que la cifra de pobres en México pasó de 53.3 millones en 2012 a 55.3 millones; entonces Hernández Licona apuntó que si el poder adquisitivo no hubiese caído en un promedio de 3.5% en los ingresos los pobres serían menos.

En julio del 2015 aun cuando se reconocía que aumentó la población en pobreza, se anunció que la pobreza extrema disminuyó levemente. Hubo estado como Tabasco que reportaron una mejoría.

Pero ahora el INEGI asegura que los pobres pasaron de 53 millones a 48 millones. ¿Dónde están los 55,3 millones del 2015?

Oficialmente se afirma que el INEGI no se quedó en lo declarado por las personas respecto a sus ingresos en una primera visita, sino que ante casos dudosos de “cero ingresos” acudieron supervisores de campo para corregir. ¿Se trataba de demostrar o de establecer que la Cruzada contra el Hambre y demás programas sociales sí mejoran la condición de los marginados?  

 

¿BORRÓN Y CUENTA NUEVA?

 

NO HAY  razones. Para Rogelio Gómez Hermosillo de la asociación Acción Ciudadana frente a la Pobreza: “por ningún motivo está justificado este comportamiento opaco y unilateral de INEGI, la autonomía no puede ser autarquía, no puede ser actuar a espaldas de todo mundo y sin importar el resto de la sociedad”. No se pueden hacer políticas públicas con el borrón y cuenta nueva. 

Como bien dijo Gómez Hermosillo:  “El ingreso de las personas no cambió, lo que cambió fue la forma de contarlos”.

Que los ingresos de los más pobres aumenten más de un 30% en un año es algo que técnica, económica y socialmente no puede explicarse. La única explicación hasta ahora es de carácter político: que se busca afirmar que los programas de combate a la pobreza del gobierno de Enrique Peña Nieto sí funcionan.

Pero además funcionan milagrosamente, porque en los primeros dos años de su gobierno la pobreza aumentó, pero en el tercer año hubo una extraordinaria mejoría.

Esto contradice los estudios de economistas de la UNAM que registran una caída grave en la capacidad adquisitiva para la canasta básica. Según los especialistas actualmente por la misma cantidad de dinero sólo se compra la tercera parte de lo que se adquiría hace 30 años.

Otro estudio, el del Banco de Pagos Internacional reporta que el poder adquisitivo del peso es el peor en los últimos 20 años. 

La pobreza se tiene que combatir en la realidad, no en las estadísticas ni en el papel. Ignorar que hay una población con carencia alimentaria que suma 28 millones, o que la falta de acceso a la seguridad social afecta a 70 millones de personas puede llevarnos a una grave situación de riesgo: que la bomba de la desesperación explote en el momento menos pensado.

 

LA HISTORIA INTERMINABLE

 

HACE por lo menos unos 30 años el combate a la corrupción se convirtió en un ofrecimiento gubernamental. Durante el gobierno de Miguel de la Madrid, a principios de los años ochenta, se anunció incluso un plan para la renovación moral de la sociedad. Fue entonces cuando se integraron las primeras contralorías. Aunque ya grupos sociales y académicos se habían organizado para pedir cuentas.

Se ofreció entonces castigo a quienes desviaran recursos públicos; lamentablemente las nuevas leyes se utilizaron por lo general para venganzas políticas. La corrupción siguió colocando a nuestro país en los primeros lugares mundiales. Entre las tres nuevas leyes del llamado Sistema Nacional Anticorrupción está la denominada “3 de 3” por la cual los  funcionarios están obligados a presentar la declaración patrimonial, fiscal y de intereses; una ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas y en el Código Penal se establecen sanciones específicas para casos de corrupción.

Hay una presión internacional contra los casos de corrupción que han llevado inclusive a la destitución y a la cárcel de varios gobiernos, como en Guatemala. ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )