*Pudo más la presión en las calles que una consulta popular

*No se puede cambiar el modelo educativo sin definir al país

*Ajustes administrativos en la Fiscalía; deben ser respuestas de fondo

Víctor M. Sámano Labastida

 

CUANDO el gobierno de Enrique Peña Nieto y una mayoría de legisladores afines a los propósitos de su administración (PRI, PAN, PVEM) elaboraron una reforma energética los opositores (PRD y Morena), acudieron a la Suprema Corte de Justicia para solicitar una consulta popular. Entregaron en conjunto unas cinco millones de firmas. La mayoría de los ministros consideró que era un asunto sobre el que no se podía consultar a los ciudadanos. Casi al mismo tiempo, el PRI entregó seis millones de firmas para desparecer las diputaciones plurinominales, y el PAN propuso con dos millones y medio de firmas someter a plebiscito el salario mínimo.

Sólo la petición de PRD y Morena tenían relación con una de las “reformas estructurales” impulsadas por Peña Nieto. Otra de las reformas, la Educativa, desató también una amplia oposición pero de un sector más organizado y radical: el de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). El recurso legal de dos partidos apoyados en millones de firmas no llevó a la revisión de una reforma; la acción directa de un grupo de organizaciones encabezadas por la CNTE sí obligó a modificar la reforma educativa.

Las autoridades federales encabezadas por Aurelio Nuño decidieron entregarle a la dirigencia del SNTE la revisión de las leyes educativas, mientras que el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong negociaba con la Coordinadora. Hay también en este proceso un ingrediente que tiene que ver con la sucesión del 2018 y la lucha por las candidaturas, como sucedió con el desplazamiento de Manlio Fabio Beltrones. 

Hay una lección de fondo: es necesario afinar y aplicar los instrumentos institucionales para que sea una participación abierta, democrática, plural, la que confirme o modifique las leyes. El plebiscito y el referéndum se aplican en varios países desde hace décadas. No es el caso mexicano.

 

MUCHAS Y COMPLICADAS REFORMAS

POR LO QUE hace a la reforma educativa comentamos en este espacio que no es la primera que se trata de aplicar en nuestro país. Ha habido reformas de gran calado como las que en su momento impulsaron José Vasconcelos y Jesús Reyes Heroles; o las de carácter administrativo pero con importantes efectos políticos como la aplicada durante el gobierno de Miguel de la Madrid. Ésta última llevó a la descentralización ahora en proceso de reversa. Hubo otra reforma de contenidos en la educación, muy discutible, ordenada durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Otra es la reforma del cardenismo a partir de un concepto de desarrollo nacional.

Estas reformas enfrentaron la histórica falla del sistema mexicano: su falta de continuidad. La más reciente que se propone aplicar el gobierno de Peña Nieto no sólo enfrentó una amplia y radical oposición, sino que se pretendió de resultados inmediatos. Y los tuvo, pero en sentido contrario.

Ayer, el titular de la SEP Aurelio Nuño anunció un “nuevo modelo educativo y curricular” para la enseñanza obligatoria –la que imparte el Estado- entrará en vigor hasta el ciclo 2018-2019, porque su aplicación será “gradual y flexible”. Contrariamente al carácter eminentemente laboral y punitivo (de cambio de condiciones de contratación y sanciones), de la primera reforma, ahora según dijo el funcionario se enfocará al aprendizaje de los alumnos: una "síntesis de los logros” que se deben alcanzar desde prescolar hasta bachillerato.

Y ahora sí: los documentos del “nuevo modelo y la propuesta curricular” serán sometidos a consulta pública del 26 de julio al 29 de agosto. En principio indicó Nuño que convocarán a una reunión de todos los gobiernos estatales mediante la Conago para abordar el tema educativo, e iniciar el primer foro de consulta de los tres documentos. Estos documentos fueron colocados en línea para conocimiento público.

La presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Sylvia Schmelkes del Valle, se refirió a lo que en este y otros espacios se ha mencionado como eje central de un modelo educativo nacional: la “definición de los ciudadanos que se quieren formar para el país que se desea construir, debe ser fruto de un amplio consenso social”.

El tipo de educación que se imparta con recursos públicos pasa por definir lo que se denomina Proyecto de Nación o Pacto Nacional.

El anuncio de Nuño Mayer no pone fin al reclamo de los profesores de la CNTE, pero sí reconoce un factor determinante en cualquier reforma educativa: no se puede pretender aplicar de manera impositiva y de la noche a la mañana. Es un proceso gradual y sistemático. No puede obedecer a los objetivos de un sexenio o grupo cupular, sino a los fines del país.

 

LA LEY Y LA CONFIANZA

RECIENTEMENTE el Fiscal General del estado, Fernando Valenzuela Pernas informó de una reestructuración en lo que era la procuraduría tabasqueña. Según explicó el funcionario se crearon nuevas áreas . Entre estas una para investigar especialmente los casos de tortura y abusos policiacos. También otra de atención a la denominada violencia de género, esto es las acciones de agresión contra las mujeres. En especial para investigar y sancionar los feminicidios.

La Fiscalía del estado tendrá asimismo una unidad de atención a víctimas de secuestro y otra más para perseguir delitos informáticos. Conforme a las nuevas medidas oficiales habrá atención especializada a las denuncias de tortura, a la violencia contra las mujeres y al secuestro, entre otras.

Los cambios en la Fiscalía que dirige Valenzuela Pernas se deberán reflejar en una atención más eficiente a las denuncias, sobre todo en una recuperación de la confianza en la administración de justicia.

Tabasco se ubica entre los diez estados con mayor registro de delitos y las autoridades han explicado que en la entidad no se ocultan ni distorsionan las cifras. Pero reconocer el alto índice de delitos de todo tipo obliga a tomar medidas para devolver la seguridad y la sensación de seguridad a la población.

Uno de los factores determinantes de la percepción de seguridad o inseguridad es la confianza que se pueda tener en la eficacia y buen trato de los encargados de combatir y prevenir los delitos. Esta pasa por atender y resolver el rezago de más de 300 mil averiguaciones previas. Y por supuesto atender las denuncias y quejas cotidianas.

La percepción de seguridad inseguridad es resultado también –insisto- en la confianza hacia las autoridades. ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )