Escala Crítica/Columna diaria
*Asesinato y riesgo de impunidad; responsabilidad del PRD
*Junto a Chiapas y Oaxaca, un ambiente de marginación explosiva
*No basta la alternancia o la transición, es necesaria la justicia
Víctor M. Sámano Labastida
LAS IMÁGENES son impactantes. Dos jóvenes yacen sobre el asfalto de la autopista Cuernavaca-Chilpancingo. Uno de ellos, de pantalones deportivos, playera barata y mochila a la espalda, está bocabajo; un largo e intenso río de sangre surge de su cabeza. Otro, bocarriba, de tenis, pantalón de mezclilla y playera negra, con el rostro cubierto con una camisa rosa que alguien colocó sobre el cadáver. Poco antes de que la policía disparara, uno de ellos corría hacia los agentes con una piedra en la mano.

En un país donde la muerte se volvió cotidiana –más de 60 mil asesinatos premeditados en cinco años-, quizá estos fallecimientos no conmuevan. Gabriel Echeverría de Jesús, tenía 22 años de edad, y Alexis Herrera Pino, 21 años; estudiaban en la Escuela Normal de Ayotzinapa, Guerrero.  Querían ser profesores a pesar de que las escuelas normalistas del país arrojan cada año a cientos al desempleo. Una dramática realidad en donde lo que falta es educación.
Dice la crónica de Proceso (No.1033, 18/XII/2011, Ezequiel Flores): “Como lo hacen cada año, los estudiantes de la Normal Rural, Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, entregaron un documento a las autoridades estatales para pedir que se garantice la permanencia de este plantel como oferta educativa y generación de empleo. Y como cada año, el gobierno de Guerrero los ignoró”.
No importó que apenas en abril pasado haya tomado posesión una administración surgida de una coalición encabezada por el PRD. El ex priísta Ángel Aguirre; se convirtió en el segundo gobernador abanderado por los solaztequistas, luego del triunfo de Zeferino Torreblanca en 2005. La alternancia no es sinónimo de justicia, al menos no para los guerrerenses. El PRD, o como se vaya a designar este partido en el futuro, no puede ignorar lo que hacen los gobernantes surgidos de sus filas o de los votos de sus simpatizantes.
Por supuesto que no se ignora la responsabilidad del gobierno federal y de los poderes de la República (Legislativo y Judicial), en el contexto de impunidad que vive la Nación.
EN EL CONTEXTO
CUANDO surgió el Partido de la Revolución Democrática, una de las consignas fue que honrarían a los activistas muertos en la construcción de la democracia. En particular por aquellos crímenes contra el Frente Democrático Nacional. El nuevo gobierno que prometían estaría alejado de prácticas autoritarias.
Se recordará que la competida elección de 1988 estuvo marcada por el asesinato de dos personajes clave en la estructura del neorcardenismo encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas (Francisco Javier Ovando y Ramón Gil Heráldez). En la etapa de la construcción del PRD, más de 500 activistas fueron asesinados. La mayoría en Guerrero y Michoacán. Este partido tiene una deuda innegable en contra del uso represivo de los instrumentos del Estado.
Pero lo que sucede en Guerrero tiene también implicaciones inmediatas. Tres son las entidades del país donde la insurgencia popular y el recurso de los focos guerrilleros han estado presentes por lo menos desde la década de los sesentas (sin desconocer su importancia en la Independencia y la Revolución): Oaxaca, Chiapas y Guerrero. En Guerrero, se recuerda la irrupción de la rebelión armada en los años sesentas y setentas con Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, éste último egresado precisamente de la Normal de Ayotzinapa.
En Chiapas, la referencia más inmediata es la rebelión armada encabezada por el Frente Zapatista de Liberación Nacional, a partir de 1994. Antes, en los setentas, hubo otros focos guerrilleros en la región.
Lo sucedido en Guerrero  el 8 de diciembre pasado nos remite en lo inmediato a la revuelta popular en Oaxaca  en el 2006. Con altos costos en vidas humanas, en la economía y en la sociedad  de una entidad de por sí con altos niveles de marginación. Como los son también Chiapas y Guerrero, por no mencionar otros estados donde la condición de pobreza es llevada con una sumisión a veces inexplicable.
 En Oaxaca después de un fallido intento de desalojo de profesores por parte de la policía, y como respuesta a la represión, surgió la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca), entre el 17 y 21 de junio de 2006. No fue generación espontánea puesto que, al igual que en Guerrero, de cuando en cuando surgen movimientos que por lo general terminan con entierros y encierros.
El 18 de mayo del 2006 había sido asesinado el dirigente de migrantes oaxaqueños Moisés Cruz. Siguió una escalada de violencia que desembocó en la intervención militar (con efectivos vestidos de policías federales) entre octubre y noviembre de ese año. Pérdidas millonarias para los inversionistas, comerciantes, el turismo; un trágico saldo en vidas humanas. Polarización de los intereses de clase. Las noticias sobre la revuelta popular oaxaqueña, la primera del Siglo XXI en México, cuando aún no se ponían de moda “los indignados”.
¿Qué tanto influyeron esos hechos en las elecciones de julio del 2006? Es difícil tener un juicio concluyente, pero Roberto Madrazo (PRI) quedó en tercer sitio en los comicios presidenciales y cuatro años después Ulises Ruiz, su principal operador y gobernador Oaxaca durante la revuelta, tuvo que entregar el gobierno estatal a una coalición opositora formada por Convergencia, PRD y PAN.
Hay una explosiva mezcla de pobreza, marginación, cerrazón del sistema y falta de oportunidades para los jóvenes estudiantes y egresados. En una conversación con este columnista el ex Procurador y ex secretario de Gobernación, Jorge Carpizo refirió la propuesta de un grupo de especialistas convocados por la UNAM para dar una respuesta integral a los problemas de seguridad que padece el país. Lo recuerdo ahora porque se ha insistido en que la violencia criminal es apenas una manifestación de lo que los investigadores denominan violencia estructural, la que se ejerce en un sistema (de gobierno y de economía) contra los más débiles…que resultan ser la mayoría de la población.
Aquella propuesta de la UNAM planteaba la urgente necesidad de un nuevo pacto político y social.  De lo contrario una mecha puede encenderse en Guerrero, o en cualquier otro punto de crisis por la indignación en el país…y por la incapacidad de respuesta de los gobernantes. ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )